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ARTICULOS DEL 17/3/2023 AL 9/1/2024 CONTRAPUNTO

LAS COMISIONES DE INVESTIGACION DEL LAWFARE

11-12-2023, CATALUÑA, CORRUPCIÓN, JUSTICIA, SANCHISMO Posted on Lun, diciembre 04, 2023 19:21:34

He desconfiado siempre de las comisiones de investigación del Congreso. Creo que no sirven para nada. Nunca descubren algo que no hayan averiguado ya la policía o lo tribunales. Es más, no solo son inútiles, sino que pueden conducir a la confusión. Me parecen hasta peligrosas Campo abonado de los charlatanes que están dispuestos a contar lo que es y lo que no es con tal de estar un día en el proscenio. Tienen como única finalidad ser armas en la lucha política para la descalificación y la censura al adversario. Las conclusiones suelen ser siempre tendenciosas. Rara vez son reflejos de la realidad, sino más bien de la verdad que quiere la mayoría. A menudo podrían escribirse antes de empezar la labor de la propia comisión.

Es lógico, por tanto, que considere como muy perniciosas las tres registradas últimamente en el Congreso. Una a instancias de ERC, EH Bildu y BNG sobre el espionaje e intromisión en la privacidad e intimidad, a través de los malware Pegasus y Candiru, de personajes políticos. Las otras dos, por los grupos parlamentarios de Junts y PNV. La primera sobre el derecho a saber la verdad acerca de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017; y la segunda referida a la denominada Operación Catalunya y las actuaciones del Ministerio del Interior durante los gobiernos del Partido Popular.

Las tres parten de los compromisos adquiridos por el PSOE y Sumar con los secesionistas. Primero para la constitución de la Mesa del Congreso. Segundo en los acuerdos firmados por el sanchismo y Junts en Waterloo. En realidad, las tres comisiones persiguen el mismo objetivo, hacer pasar a los golpistas y soberanistas por víctimas de un Estado fascista y opresor, y poner en la picota a los servidores públicos, especialmente a los jueces y a los policías. Todo ello dirigido a la opinión pública internacional. Se trata de propagar su discurso e imponerlo como relato cierto. Lo grave es que el gobierno de España está sirviendo de coartada y de garantía de la veracidad de sus planteamientos.

Las comisiones según las propuestas tendrían la siguiente composición: tres representantes de cada grupo parlamentario que conste de más de 100 diputados, dos de cada grupo entre 10 y 100 diputados y uno por cada grupo restante. Dada la generosa creación de grupos parlamentarios que se ha permitido en la cámara, (en teoría para primar a las minorías, pero en realidad en esta ocasión para apuntalar a la mayoría), la representación de la alianza Frankenstein será apabullante y podrán concluir lo que deseen. La oposición no tendrá nada que hacer. Todo será un teatro para que los sediciosos impongan su discurso victimista, aplaudidos por el PSOE y Sumar, que están dispuestos a lo que haga falta para no perder el poder.

La gravedad mayor del asunto aparece cuando consideramos el siguiente párrafo del papel infame que Santos Cerdán firmó en Waterloo, “Las conclusiones de las comisiones de investigación de esta legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto de lawfare o judicialización de la política. Esto, a su vez, podría dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”.

Párrafo introducido con dos finalidades. En primer lugar, para poder incluir en la amnistía a presuntos delincuentes cuyo delito nada tienen que ver con el “procés”, tales como Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, acusado de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico, o a Laura Borràs, procesada por corrupción en la adjudicación de contratos públicos. Se pretende dar la versión de que ambos, y otros muchos que seguro quieren incorporar al lote, han sido imputados injustamente en una persecución por motivos políticos, y por significarse en el proceso de la independencia de Cataluña.

En segundo lugar, enjuiciar a los jueces. Abrir una caza de brujas y un proceso inquisitorial a los tribunales. Como en cualquier proceso inquisitorial, todo será apañado y conformado de acuerdo con los intereses del tribunal que en este caso será la alianza Frankenstein. Este macartismo a la española comenzará por los policías y los servicios secretos. En realidad, ya se inició en la legislatura pasada con el cese de Paz Esteban como directora del CNI, a petición de los golpistas.

La noticia había aparecido en un periódico de Canadá sin viso alguno de veracidad acerca de que se había investigado con el programa Pegasus a una serie de independentistas catalanes. El reportaje carecía de la menor relevancia a no ser porque los secesionistas, que en parte lo habían propiciado, vieron una excelente ocasión para hacerse de nuevo las víctimas. Puigdemont y unos cuantos acólitos se apostaron con pancartas a las puertas del Parlamento europeo quejándose de que les habían espiado. Y Rufián, en el Parlamento español, se mostró abatido y deprimido porque se estaba poniendo en peligro la democracia, y lo decía precisamente él que era y es portavoz de un partido que violó todas las leyes democráticas con la finalidad de transgredir la Constitución y que pretendió romper el Estado.

Margarita Robles tenía toda la razón cuando en el Congreso se enfrentó muy digna a los nacionalistas, con la siguiente pregunta: “¿Qué tiene que hacer un Estado, un gobierno, cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, corta las vías públicas, cuando realiza desórdenes públicos, cuando alguien está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania?”.

¿Que cual sería el papel de un gobierno?  Un gobierno normal en una situación parecida no se habría dado por enterado mientras la información no estuviese probada. En todo caso, mantendría que, verdad o mentira, no tendría nada de raro que aquellos que habían dado un golpe de Estado y afirmaban que volverían a repetirlo fuesen vigilados por el Estado; sostendría que sería totalmente lógico que los que habían tenido contactos con potencias extranjeras, como Rusia, y con un dictador como Putin con la finalidad de conseguir ayuda para romper España, hubiesen sido investigados por los servicios secretos; y defendería que sería razonable que aquellos que movilizaron las fuerzas antisistema para incendiar toda Cataluña, cometer toda clase de sabotajes, que cortaron con gran violencia carreteras y servicios ferroviarios y que pretendieron apoderarse por la fuerza del aeropuerto de Barcelona fuesen fiscalizados por el CNI.

Pero la reacción de un gobierno Frankenstein sería muy distinta tal como así fue: indultaría a los golpistas, gobernaría con ellos, asumiría el lenguaje soberanista respecto al espionaje, desplazaría al ministro de la Presidencia a Barcelona a pedir disculpas y humillarse frente a un miembro de tercera fila del “Govern”, convocaría una rueda de prensa precipitadamente y por sorpresa para anunciar que hacía un año que el presidente del Gobierno y la ministra de Defensa habían sido también espiados. El hecho de publicitarlo –que resultaba un tanto insólito e incomprensible- adquirió sentido más tarde, al comprender que servía de pretexto para cesar a la directora del CNI y dar así satisfacción a los golpistas.

Margarita Robles tendría que haber sido consciente de ello, puesto que desde el primer momento, 2016, se situó al lado de Sánchez frente al Comité Federal, cuando manejaba ya la idea de realizar todas estas alianzas espurias, le acompañó en su hégira de las segundas primarias y formo parte desde el principio del Gobierno Frankenstein. No obstante, como otras muchas veces, se enfrentó cargada de razón a los independentistas. Ello no fue inconveniente para que más tarde, también como en otras ocasiones, cantase la palinodia. Fue todo un espectáculo. Hizo un tremendo papelón en la rueda de prensa en la que comunicó el cese (sustitución lo denominó ridículamente) de Paz Esteban como directora del CNI.

Hubo quien se preguntó acerca de la causa de que Margarita Robles no dimitiese. La pregunta no dejaba de ser ingenua. Quien admite gobernar apoyándose en golpistas, ¿por qué se iba a detener con bagatelas como la de participar en este aquelarre de dar satisfacción a los secesionistas con el cese de la directora del CNI?

Entonces, en estas mismas páginas afirmé que los independentistas no se iban a conformar con lo que habían obtenido y continuarían chantajeando al Gobierno. Así ha sido. Ahora se crea una comisión de investigación en el Congreso que va a colocar los servicios secretos patas arriba, y desarmar así un poco más al Estado, porque es comprensible que en adelante los empleados del CNI presenten muchas reticencias y suspicacias, y su labor se verá afectada por la indolencia . No deja de ser paradójico que esto se produzca cuando se va echar una manta de ocultamiento sobre los delitos de los golpistas.

El soberanismo, en su estrategia en interpretar todo en clave victimista, ha venido alentado sin ninguna prueba la tesis de la existencia de una mano negra del Estado tras los ataques terroristas en Barcelona. Acusa de tendenciosas las sentencias en las que ha desembocado la investigación policial, y que ocultan los vínculos del CNI con el líder de la célula islamista. Al tiempo responsabiliza al Gobierno español por la supuesta dejadez en la supervisión de la venta de materiales susceptibles de usarse como explosivos.

Son muchos los fallos, los errores y lagunas de información que han rodeado los atentados de Barcelona, desde la indolente actitud ante la información transmitida por la policía belga a la insuficiente investigación en la casa de Alcanar, cuando eran múltiples los factores insólitos que deberían haber hecho sospechar de la posibilidad de un atentado, tal como la misma jueza de guardia insinuó. Desde la resistencia a poner bolardos (Madrid nos va a decir a nosotros lo que tenemos que hacer), hasta la negativa a que actuasen la Policía Nacional y la Guardia Civil. Desde el hecho de que no había policía en Las Ramblas en el momento del atentado a la ausencia de información acerca de lo que en realidad ocurrió en Cambrils. Desde la falta de explicación de cómo se pudo escapar Younes tras el atropello de Las Ramblas, hasta saber cómo pudo estar cuatro días huido sin conocimiento de los mossos, y que solo dieran con él tras el aviso de una ciudadana. Desde saber por qué no se interrogó en el primer momento al único herido en la casa de Alcanar, a la razón de por qué tan solo dos terroristas han podido ser detenidos, resultando abatidos (como se dijo) todos los demás, y que, al margen de circunstancias legales y éticas, impide la posibilidad de contar con mucha más información de la célula terrorista y de los atentados.

Todos estos fallos y lagunas no son imputables al Estado sino a la Generalitat. Tienen un denominador común (al margen de las gotas de corporativismo que le era predicable a los Mossos como a cualquier otro colectivo): la arrogancia, la fachenda y la soberbia de los responsables políticos de la Generalitat que desde el primer momento quisieron instrumentalizar los atentados para ponerlos al servicio del “procés” y manifestar al mundo que son autosuficientes y mejores que lo que llaman el Estado español.

Carod Rovira el histórico presidente de Esquerra Republicana –aquel que se reunió en Perpiñán con la cúpula de ETA para pedirles que si querían atentasen contra España, pero no contra Cataluña-, afirmó sin rodeos que, después del atentado de Las Ramblas, el Estado español había desaparecido y que su espacio lo había ocupado la Generalitat de Cataluña: “Cataluña ha visto y comprobado que, a la hora de la verdad, frente a la emergencia de hacer frente a una adversidad criminal, había un Gobierno, una policía y una ciudadanía que estaban donde tenían que estar y a la altura de las circunstancias, que eran el Gobierno, la policía y la ciudadanía de Cataluña, no eran los de España”.

El jefe de prensa de Puigdemont, Pere Martí, siguió en Twitter la misma línea de argumentación del ex vicepresidente de la Generalitat. También el eurodiputado del PDeCAT Ramón Tremosa mantuvo en varias ocasiones una actitud parecida. Concretamente en la mañana del día 20, escribía, en un artículo publicado en el diario ARA titulado ‘Dos países, dos realidades’, la siguiente frase: “Cataluña sola se ha enfrentado a sus enemigos y los ha derrotado con eficacia. En la práctica, los catalanes han visto que ya tienen un Estado”. Y así se podían citar otros muchos testimonios.

Da la impresión de que a los independentistas les importaban muy poco los terroristas o las víctimas, tan es así que parece que estaban contentos y exuberantes por lo que consideraban un éxito en 37 años de autonomía. Contemplaban la respuesta dada al atentado por la Generalitat y los Mossos como un ensayo general del golpe de Estado que protagonizarían un mes más tarde. El soberanismo, que gracias a Sánchez se siente prepotente, vuelve a agitar, en estos momentos, la teoría de la conspiración, tira por tierra sin más las actuaciones de la Audiencia Nacional y abre su propio proceso. Más que investigación, elaboración de una farsa.

En las comisiones que se crean ahora en el Congreso los golpistas catalanes se constituyen en juez y parte. Claro que más juez y parte devienen con la ley de amnistía. Se van a amnistiar ellos mismos y condenar a los que les condenaron. Se me ocurre que la comisión realmente interesante seria la que tuviera por objeto investigar la trama económica del golpe de estado del 2017 en Cataluña y sus postrimerías. Tema que está totalmente inédito.  

republico.com 30-11-2023



LA IZQUIERDA TRAICIONADA

11-12-2023, CATALUÑA, PSOE, SANCHISMO, SUMAR Posted on Lun, noviembre 27, 2023 23:28:25

 “La izquierda traicionada”, este es el título del libro escrito por Guillermo del Valle, impreso en la editorial Península, y que se presenta mañana viernes a las seis y media de la tarde en el Ateneo de Madrid. A raíz de lo que está ocurriendo en nuestro país, considero su publicación de suma actualidad. La traición de la izquierda es poliédrica, y poliédrica es la visión de la obra de Guillermo del Valle. Trata los distintos aspectos en los que la izquierda ha ido abdicando de sus principios y planteamientos. Pero no todos ellos son de la misma actualidad y tampoco se han dado todos de forma tan específica y propia en nuestro país.

El libro que se presenta trata, por supuesto, de ese tránsito producido de la socialdemocracia al socioliberalismo, habla de la globalización y de la Unión Europea, y de la aceptación por una parte de la izquierda de muchos de los postulados del neoliberalismo económico. Pero esa mutación no ha sido ni es propia ni específica de nuestro país, ha sido general en Europa. Por otra parte es una tendencia progresiva, que tuvo su origen en la década de los ochenta y que poco a poco ha ido ganando terreno.

Aunque sea de suma relevancia política, cuando hablo de rabiosa actualidad no me estoy refiriendo a ella. Tampoco a la asunción del populismo, en un intento de dar gato por liebre. Ni siquiera a ese sucedáneo en que hoy se refugia determinada izquierda asumiendo, en una tendencia identitaria, la defensa de ciertas minorías tras haber abandonado casi en su totalidad la lucha por una mayor igualdad entre las clases sociales. De todo ello habla el libro de Guillermo del Valle. Pero no es esto lo que me lleva a considerar como muy oportuna la obra en este momento, sino el abrazo espurio entre izquierda y nacionalismo, que hoy se hace presente en nuestro país con dramática exigencia, la traición, que adquiere tintes trágicos, la cometida por la casi totalidad de la izquierda española haciéndose cómplice de golpistas, secesionistas y filoterroristas.

La izquierda en sus inicios mostró, sí, cierta desconfianza hacia el Estado, de ahí su pretensión de debilitarlo por todos los medios posibles, entre otros, troceándolo y limitando sus competencias. Durante mucho tiempo esta postura parecía plenamente justificada; tal como afirmó Marx, el poder político no era más, que el consejo de administración de los poderes económicos, el guardián de sus intereses.

En España, el sistema político instaurado por la Restauración, basado en el caciquismo y en el turnismo de dos partidos burgueses, marginaba totalmente a las clases populares y las expulsaba del juego político. Eso explica el auge que tuvo en nuestro país, y especialmente en Cataluña, el movimiento anarquista, y la consolidación de tendencias federalistas e incluso cantonalistas. Más tarde, tras el breve periodo de la Segunda República, el Estado se identificó con el franquismo, un régimen dictatorial y opresor, pero que además se proclamaba adalid de la unidad de España. Es lógico que la izquierda tendiese a oponerse y a combatir todo aquello que se identificara con la dictadura, y que en esa dinámica terminase asumiendo o al menos sintiendo simpatía por el nacionalismo.

Tales recelos pueden tener su razón de ser ante un Estado liberal, y por supuesto ante regímenes dictatoriales, pero carecen de todo sentido cuando se trata de un Estado social y democrático de derecho. A una parte de nuestra izquierda le cuesta comprender que el único contrapeso posible al poder económico y a las desigualdades que derivan del mercado se encuentra en el Estado, y que recortarlo o dividirlo solo podía ser regresivo. A partir de la Transición, sin embargo, con la democracia, parecía que todo esto había quedado bastante claro.

Bien es verdad que el PSOE tuvo que lidiar con las veleidades del PSC, que casi siempre tiraba al monte, e IU con las de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) y las de ‎Ezker Batua en el País Vasco. Pero ni IU ni el PSOE se dejaron contagiar. La expresión más clara de que respecto a este punto ambas formaciones se mantenían en el lugar adecuado fue el conocido como “plan Ibarretxe”, consistente en un nuevo estatuto cuyo contenido fundamental era el reconocimiento del llamado derecho a decidir (la autodeterminación) del pueblo vasco. En enero de 2005 el Congreso de los Diputados rechazó el nuevo estatuto por 313 votos, 29 a favor y 2 abstenciones. Tanto el PSOE como IU votaron en contra, solo ICV se abstuvo.

Desde hace algunos años, la situación política en España ha cambiado sustancialmente. La izquierda oficial cohabita con el nacionalismo y asume su mismo discurso. Resultan expresivas las palabras pronunciadas tiempo atrás por Antonio Muñoz Molina: «Primero se hizo compatible ser de izquierdas y ser nacionalista. Después se hizo obligatorio. A continuación declararse no nacionalista se convirtió en la prueba de que uno era de derechas. Y en el gradual abaratamiento y envilecimiento de las palabras bastó sugerir educadamente alguna objeción al nacionalismo ya hegemónico para que a uno lo llamaran facha o fascista».

No existe ninguna contradicción, todo lo contrario, en que la izquierda abrace la causa de las naciones o de los pueblos pobres y oprimidos por la dominación colonial; pero cuando en Estados teóricamente avanzados, como Italia o España, el nacionalismo surge en las regiones ricas, enarbolando la bandera de la insolidaridad frente a las más atrasadas, la izquierda difícilmente puede emparejarse con el nacionalismo sin traicionar sus principios. En este ámbito, izquierda y nacionalismo son conceptos excluyentes. ¿Cómo mantener que la Italia del norte, rica y próspera, es explotada por la del sur, que posee un grado de desarrollo económico bastante menor? ¿Cómo sostener que regiones tales como Extremadura, Andalucía o Castilla-La Mancha oprimen a otras como Cataluña, País Vasco o Navarra? ¿Puede la izquierda dar cobertura al victimismo de los ricos? ¿No resulta contradictorio escuchar a una fuerza que pretende ser progresista quejarse del déficit fiscal de Cataluña?

Cuando la izquierda defiende la libertad de decidir de los catalanes no es consciente de la contradicción en la que está incurriendo. ¿Serían capaces de mantener que un grupo social, el constituido por los ciudadanos de mayores rentas, tiene el derecho, si lo decidiese por mayoría (la mayoría sería aplastante), de excluirse del sistema público de pensiones, de la sanidad y de la educación pública, por ejemplo, con la correspondiente rebaja proporcional en sus impuestos? El supuesto no es tan forzado como pudiera parecer si tenemos en cuenta que las regiones que proponen la autodeterminación son de las más ricas de España. ¿Cuál sería su postura si, amparada en el derecho a decidir, La Moraleja (una de las urbanizaciones de más alto standing de Madrid) pretendiese (ya lo intentó) independizarse del municipio de Alcobendas (municipio de clase media), creando su propio ayuntamiento?

El discurso nacionalista en los países desarrollados tiene bastante parecido con el que defiende el neoliberalismo económico. El mejor sitio en donde está el dinero es en los bolsillos de los ciudadanos, afirman los liberales; los recursos generados en Cataluña deben quedarse en Cataluña. Tanto las clases altas como las regiones ricas de lo que hablan es de limitar, cuando no de eliminar, la solidaridad, y la equidad social. En definitiva, se trata de reducir a la mínima expresión la función redistributiva del Estado. En los dos casos se considera que los ricos son ricos por sus solos méritos, que la distribución de la renta que hace el mercado es correcta, y que cada uno debe ser dueño de disponer de sus ingresos como le venga en gana. Todo proceso redistributivo, bien sea interpersonal o interterritorial, lo juzgan como un acto de caridad, algo graciable, cuando no un abuso y un expolio. Su sentimiento de encontrarse injustamente atendidos por el Estado no surge de que piensen que están realmente discriminados, sino de que no están lo suficientemente bien tratados, dado su grado de excelencia y superioridad sobre los demás, lo que les hace acreedores a disfrutar de una situación privilegiada. ¿Puede la izquierda comulgar y amparar estos presupuestos?

La izquierda, al menos en un país democrático, no puede estar cimentada en el golpismo o en los que defienden la violencia política, aun cuando ahora no la practiquen al ser conscientes de que estratégicamente no les conviene. Es posible que determinadas tácticas y actuaciones sean aceptables en países subdesarrollados con grandes déficits democráticos y donde se carece de un Estado de derecho y, por lo tanto, en ocasiones no existe otro camino para establecer la libertad y la equidad que sortear el sistema jurídico construido por un poder dictatorial; e incluso, en los casos extremos, utilizar la violencia. Pero ese no es el caso de España. Hace más de cuarenta años que nuestro país -tal como dice la Constitución- es un Estado democrático y de derecho y, aunque con muchos defectos, equivalente al de los otros países europeos. No es posible autoproclamarse de izquierdas cuando se está a favor del retorno al cantonalismo, a los reinos de Taifas, a la tribu, al clan.

La tremenda mutación producida en esta cuestión en la izquierda Española tiene su origen en dos hechos acaecidos casi simultáneamente, el surgimiento de Podemos y la llegada de Pedro Sánchez a la secretaria general del PSOE, y tras ellos las prisas y urgencias de unos y de otros para llegar al gobierno y mantenerse en él por encima de cualquier consideración.

Sánchez provocó una metamorfosis radical en el PSOE. La mejor prueba de ello es que al principio de todo, los órganos del partido, concretamente el Comité Federal -que es la máxima autoridad entre congresos-, cuando intuyó hacia dónde se dirigían los planes del ahora presidente del Gobierno, no dudó en forzarle a dejar la Secretaría General. Lo que Rubalcaba bautizó como gobierno Frankenstein aparecía entonces como un auténtico sacrilegio, algo inimaginable para la casi totalidad de los socialistas.

La prisa por llegar al poder, surgida en parte por una concepción bastante simplista e inmadura de la política, lanzó a Podemos a los brazos de Sánchez y unió su suerte a la del partido socialista, precisamente cuando esta formación política atravesaba su peor momento histórico, integrándose en el gobierno Frankenstein, con lo que no solo blanqueaba a golpistas y filoetarras, sino que se hacía partícipe, incluso de aquellas medidas que chocaban frontalmente con su ideología y tradición. Vieron cómo España tomaba claramente partido a favor de la OTAN en una guerra llena de interrogantes y bastante alejada de nuestro entorno geográfico e histórico. Por mucho que repitan que se encuentra en Europa, los intereses parecen encontrarse más bien en EE. UU. Protestaron, pero aceptaron (los acuerdos de Consejo de Ministros se adoptan por unanimidad y hacen responsables a todos sus miembros), los continuos aumentos de los gastos de defensa y el envío de tropas a Ucrania. Tomaron parte como miembros del Gobierno en la modificación radical de la posición de España respecto al Sáhara, que, por cierto, continúa siendo el misterio mejor guardado. ¿Qué es lo que provocó de la noche a la mañana que Sánchez cambiase la posición sin dar cuenta a nadie?

A ese gobierno Frankenstein no se le puede calificar de progresista, sino más bien de reaccionario, ya que para estar en el poder maneja torticeramente el derecho, y no tiene empacho en aplicarlo de manera desigual a los ciudadanos, librando de la cárcel a aquellos que le apoyan, o cambia el Código Penal eliminando delitos o modificándolos con la misma finalidad.

A un gobierno ni siquiera se le puede tildar de democrático cuando acepta el principio de que el fin justifica los medios y en función de ello pretende apoderarse de todos las instituciones del Estado, utilizándolas en su propio provecho; y tampoco se le puede calificar de liberal cuando defiende que la ley no se aplique a todos por igual y que el hecho de tener la mayoría y ser gobierno le permite situarse más allá del ordenamiento jurídico. Y, sin ser democrático y liberal, un Estado no puede ser social.

De cara al futuro surgen los peores augurios. Los acuerdos firmados sin ningún pudor por el PSOE con los partidos separatistas y aplaudidos por Sumar (versión decadente de Podemos) indican claramente que, una vez más, Sánchez está dispuesto a todo con tal de perpetuarse en el poder. Se han echado en manos no ya de nacionalistas, sino de golpistas y filoetarras.

Sin embargo, las autoridades de ambos partidos están eufóricas y exultantes. Todos ellos pletóricos de jactancia y engreimiento. Como no acordarnos de los griegos y lo que entendían por “hibris”, pecado de orgullo y de arrogancia. Plutarco afirmaba: “Los dioses ciegan a quienes quieren perder”, y en palabras atribuidas a Eurípides: “Aquel a quien los dioses desean destruir, primero lo vuelven loco”. El poder ofusca a los humanos. La “hibris” arroja a quienes la padecen al exceso y al endiosamiento, les fuerza a abandonar la justa medida, a sobrepasar los límites.

Desconozco cuál será el futuro de este nuevo Frankenstein, y el de sus dirigentes y acólitos. Y si estarán labrando -como dicen los griegos- su propia perdición. Lo que sí parece probable es que al final de esta aventura la izquierda española va casi a desaparecer, se habrá traicionada a sí misma. En todo caso, se convertirá en otra cosa. De ahí, como afirmaba al principio, la rabiosa actualidad y utilidad de este libro, y también la importancia de que subsistan reductos, aun cuando sean pequeños, tales como el Jacobino, en los que se refugie la lucidez y el pensamiento de la izquierda.

republica.com 23-11-2023



LOS GOLPES DE ESTADO SILENCIOSOS

11-12-2023, ESTADO DE DERECHO, SANCHISMO Posted on Dom, noviembre 19, 2023 11:14:44

El jurista Roberto de Ruggiero afirmaba que en la Revolución Francesa se dieron tres revoluciones en una: la liberal, la democrática y la social. De ahí deriva la calificación del Estado moderno como “de derecho, democrático y social”, y así es definido por nuestra Constitución.

Entre los tres atributos hay una relación determinista y, en un orden lógico y consecuente, cada uno de ellos exige e implica los otros dos. El Estado no puede ser ni democrático ni de derecho si no es social, y sin la condición “de derecho” el Estado no puede llamarse ni democrático ni social.

Durante muchos años esta unidad intrínseca e inseparable había que mantenerla frente al neoliberalismo económico, que aparentemente preconizaba los caracteres de derecho y de democrático, pero olvidaba la dimensión social. Había que recordarles que cuando las desigualdades sociales son muy grandes el Estado se transforma en la dictadura de la clase dirigente, la económicamente poderosa. Pero las cosas han cambiado y, paradójicamente, lo que hay que defender hoy con mayor urgencia es que sin derecho el Estado no puede ser ni democrático ni social. O tempora, o mores.

En la actualidad se da una tendencia, relativamente reciente, que se fija de manera exclusiva en el criterio de democrático y se olvida de la sujeción al derecho. Se piensa que los votos permiten todo y que quienes ganan unas elecciones, sobre todo si se proclaman progresistas, tienen patente de corso para actuar y gobernar sin cortapisa alguna. Hay que recordarles que los gobiernos, por muy democráticamente que hayan sido elegidos, están obligados a funcionar de acuerdo con las leyes y la Constitución. Los votos se emiten ajustándose a unas reglas de juego y a unas pautas que marcan no solo la forma y finalidad de las elecciones, sino también cuáles son las competencias y limitaciones de los elegidos. Las mismas mayorías y minorías se forman de acuerdo con normas determinadas, y tal vez serían otras si estas últimas cambiasen. Dictaduras ni la de los votos.

Fue en Francia, a partir de Napoleón III, cuando surgió la expresión “golpe de Estado”, designando con ella la insurrección que se realiza frente al orden jurídico, transgrediendo la ley y el statu quo pero desdeel poder. En el golpe de Estado, a diferencia de la revolución, es el poder el que pretende cambiar el marco de juego gracias al cual precisamente ha sido nombrado, en la creencia de que las competencias de los elegidos son absolutas y que no tienen que supeditar sus dictados ante nadie ni ante nada.

Recientemente esta mentalidad y forma de actuar, en paralelo con el auge del populismo, se ha extendido en bastantes regiones de América Latina. Algunos gobiernos, aunque elegidos de manera democrática, se olvidan del Estado de derecho y se deslizan hacia sistemas autoritarios y absolutos, en algunos casos dictatoriales, modificando los regímenes sin respetar las reglas establecidas para ello. Curiosamente, con frecuencia acusan de golpistas y subversivos a aquellos que se les oponen. Cómo no acordarnos de Carl Schmitt y su definición de soberano, “es quien decide sobre el estado de excepción”, decisión que puede tomarse sin vinculación normativa de ningún tipo.

En España el ejemplo más claro lo constituyó el golpe de Estado de los independentistas catalanes en 2017. Basándose en que el Parlamento de Cataluña era soberano y que ellos tenían en él mayoría (en escaños, no en votos) se creyeron con la potestad de modificar -unilateralmente y sin someterse a las normas y procedimientos establecidos- la Constitución y de cambiar la estructura territorial de España. Negaban la competencia del Tribunal Constitucional para determinar lo que podía y no podía aprobar el Parlamento catalán.

Al margen de que la soberanía no reside en la sociedad catalana, sino en la totalidad de la española, lo cierto es que el haber ganado unas elecciones no les daba derecho a actuar en contra de la Constitución ni a negar la autoridad que posee el Tribunal Constitucional para señalar lo que se adecua o no a la Carta Magna.

A partir de que Sánchez ganase con apoyo de los golpistas catalanes la moción de censura, esta falsa concepción del orden político mantenido por los secesionistas se ha ido introyectando poco a poco en el Estado y más concretamente en el Gobierno, así como en los partidos que lo apoyan. Incluso han asumido su mismo lenguaje. Términos como conflicto político o desjudicialización de la política indican de forma bastante clara cómo lo que en realidad se pretende es crear para la política un ámbito de impunidad, en el que el derecho y la ley no rigen. De ahí los ataques a los jueces cuando estos pretenden simplemente aplicar el orden penal y constitucional. A lo largo de estos cinco años hemos visto hasta qué punto esta mentalidad ha ido tomando fuerza, se ha extendido entre la población, y no solamente entre la vasca o catalana, sino también en el resto de España, e increíblemente ha terminado por ser aceptada como algo normal y lógico. El 23 de julio ha dado buena muestra de ello.

Poco a poco, el sanchopopulismo ha buscado los agujeros y los resquicios para ir desarmando las instituciones y el Estado de derecho. Fisuras de muy dudosa legalidad y por las que desde luego ningún otro político se habría atrevido hasta entonces a adentrarse. Ha traspasado barreras que se sobreentendía que eran tabú; ha utilizado de manera torticera y abusiva prescripciones legales cambiando su finalidad y su funcionamiento normal; ha empleado a discreción y de manera persistente instrumentos normativos previstos únicamente como extraordinarios y de máxima urgencia. Hasta ahora se ha movido en el filo de la legalidad. Dada la falta de transparencia, es difícil afirmar en qué medida la ha transgredido.

Durante estos años, Sánchez no ha tenido ningún reparo en hacerse por todos los medios a su alcance con el control de las instituciones, debilitando al máximo la división de poderes. Especial gravedad tiene el sesgo que ha adoptado el Tribunal Constitucional, tanto más cuanto que es bien sabido el objetivo de los aliados necesarios del futuro gobierno; todos ellos empeñados en destruir al Estado, y sin que tengan límites ni sus reivindicaciones ni sus exigencias; y no parece que tampoco vaya a tener fin la capacidad de cesión de Sánchez.

En los momentos actuales, la amenaza se hace más inminente cuando el resultado electoral ha proporcionado a Sánchez la creencia de que goza de impunidad, y cuando, al mismo tiempo, necesita los votos de independentistas de todos los pelajes y en general de todos aquellos que pretenden cambiar por cualquier medio el orden constitucional.

De cara al futuro surgen los peores augurios. Los acuerdos firmados sin ningún pudor por el PSOE con los partidos separatistas y aplaudidos por Sumar indican claramente que, una vez más, Sánchez está dispuesto a todo con tal de perpetuarse en el poder. Necesita controlar al legislativo y de ahí su cesión absoluta a los distintos secesionismos, adoptando íntegramente su discurso, incluso el golpista, tergiversando la historia. No le importa tampoco para ello dividir el país y sacrificar las regiones más desfavorecidas a los intereses económicos de dos autonomías, que casualmente son de las más ricas. Pero para mantener unido al Frankenstein y controlar al legislativo, Sánchez precisa algo más, intervenir al poder judicial, y parece ser que ese es el camino que ha comenzado a recorrer y en el que está dispuesto a llegar hasta donde sea necesario. En los pactos firmados sobresale por su gravedad  el compromiso de someter las decisiones de los jueces a comisiones parlamentarias.

No constituye ninguna exageración afirmar que nos estamos acercando peligrosamente a ciertos regímenes populistas de América Latina. Lo malo de estos golpes de Estado es que son silenciosos y las sociedades solo se dan cuenta cuando ya no hay remedio. Durante cinco años, tertulianos, plumillas y demás propagandistas sanchistas vienen calificando a los críticos de alarmistas y descartan que Sánchez vaya acometer tal o cual medida. Lo cierto es que antes o después termina imponiéndola y lo que nos parecía imposible se convierte en realidad. Entonces los voceros del sanchismo que antes se habían pronunciado en contra de ella, giran en redondo y, siguiendo a su jefe, terminan justificándola. Lo peor de todo ello es que gran parte de la sociedad poco a poco acaba por no darle importancia y acepta lo insólito como natural. Continúa así esa historia insólita a la que me réferi en el libro publicado hace tres años en el Viejo Topo con ese mismo título.

El riesgo es innegable. Nos deslizamos por una pendiente muy inclinada que puede terminar con el Estado de derecho en España (o al menos deteriorarlo gravemente) y acercarnos a los regímenes de ciertas repúblicas bananeras, lo que implicaría, aunque se pregone lo contrario, que tampoco podría permanecer por mucho tiempo, tal como decíamos al principio del artículo, ni la verdadera democracia ni el Estado social.

republica.com 16-11-2023



POR ESPAÑA, POR EL INTERÉS DE ESPAÑA, FELONÍA

11-12-2023, CATALUÑA, SANCHISMO Posted on Mar, noviembre 14, 2023 21:38:16

Hay cuestiones que no necesitan ninguna explicación, son evidentes por sí mismas; pero, en contra de lo que afirmaba Hegel, no toda la realidad es racional. Existen muchas personas que están dispuestas a tragarse las mayores fábulas con tal de no crearse problemas, especialmente si van a favor de sus intereses. Uno tendería a pensar que plantearse el motivo por el que se quiere aprobar una ley de amnistía carece de cualquier lógica. Es una pregunta inútil. La causa, al igual que la de los indultos o la modificación del Código Penal para eliminar el delito de sedición o la rebaja de la malversación, está a la vista. Resulta palmaria.

Desde luego no existe ninguna duda acerca de la motivación de los independentistas. Y está igual de clara que la del resto de los miembros de la alianza Fraankenstein es la permanencia en el gobierno. Sánchez durante la campaña electoral mantuvo tajantemente que él no mentía, solo cambiaba de opinión, y en cierta forma es verdad puesto que no tiene ninguna convicción y solo un único objetivo: el poder. Cambia de criterio según se modifican las circunstancias, pero no las económicas, ni sociales, ni siquiera las políticas, en el sentido noble del término. Las innovaciones que toma en cuenta son tan solo el número de diputados que le faltan para tener mayoría y, por lo tanto, las exigencias que los dueños de esos escaños le reclaman para garantizar su permanencia.

Esa es la única y verdadera razón tanto de la defensa de la amnistía como de todas las concesiones que el gobierno Frankenstein ha venido aceptando hasta ahora. Cualquier otra es pura fantasía, pero así y todo, a tenor de los resultados del 23 de julio, hay que reconocer que han sido muchos los que han dado pábulo al dislate de las falacias construidas. Es por eso por lo que, contra toda lógica, haya que entrar a debatir unos argumentos que son simplemente la excusa para ocultar lo que es evidente, que el único motivo que existe es comprar a cualquier precio el gobierno de la nación, no perder los sillones.

Si Sánchez no hubiese necesitado de todas las excreciones del Frankenstein para mantenerse en el poder no habría habido ni mesa de diálogo, ni indultos, ni la eliminación del delito de sedición, ni modificación del de malversación, ni la Abogacía del Estado hubiese cambiado, de rebelión a sedición, la calificación de lo ocurrido con el “procés”. Seguramente tampoco se hubieran acercado, por lo menos al ritmo y en el número que se ha hecho, los presos de ETA a Euskadi, ni se hubiesen dado las otras concesiones realizadas a los independentistas vascos y catalanes. Es más, si el 23 de julio los resultados no hubiesen sido desfavorables al conjunto Frankenstein, y no tuvieran necesidad de sumar a Puigdemont y a sus huestes, no estaríamos hablando de amnistía, ni de relator, ni de referéndum, ni de condonación de deuda, ni de cupo, ni de “España nos roba”, ni siquiera Francina Armengol sería hoy presidenta de las Cortes, ni se habría convertido el Congreso en una nueva torre de Babel, cometiendo el disparate de hablar varias lenguas cuando todos los diputados se entienden perfectamente en una, que además es la oficial de todos los españoles.

Desde la pura lógica es imposible creer que lo que se pretende es la pacificación de Cataluña. Cataluña, en el sentido a que se refiere el nuevo caudillo, quedó pacificada una vez que se aprobó el 155 y actuó el poder judicial, y sin duda hubiese quedado más aún de haberse aplicado más enérgicamente y durante más tiempo la intervención de la Generalitat, tal como hubiese sido lógico a no ser por la renuencia del PSOE.

Los pactos y las cesiones de Sánchez para lo único que han servido es para dar alas al independentismo, insuflándoles fuerzas y nuevas esperanzas e ilusiones. Los han hecho más fuertes y prepotentes. No es cierto que los resultados del 23 de julio muestren un retroceso del soberanismo. Si los partidos secesionistas obtuvieron peores resultados se debió tan solo a que tratándose de unas elecciones generales una parte de sus partidarios, los más irredentos, se inclinó por el boicot al Estado español y a las elecciones, originando la reducción de la participación en Cataluña, y otra parte pensó que en esta tesitura era más práctico y más eficaz para los intereses soberanistas votar al PSC que a los propios secesionistas.

Esa es también una de las razones de que Sánchez obtuviera un millón de votos más. Otras fueron el trasvase que recibió del resto de partidos que se autodenominan de izquierdas (Podemos, etc.), y la menor abstención en toda España que condujo a que todas las formaciones políticas obtuviesen más votos por escaño. Ello al menos relativiza el argumento de que ese millón de votos, significaba que la sociedad española había ratificado de alguna manera los desmanes de los cuatro años pasados. El castigo electoral aparece de forma más clara cuando se considera el del gobierno Frankenstein en su conjunto. El desgaste es evidente y de ahí la necesidad de acudir a todo lo que se mueve en los suburbios, incluso a Puigdemont, y que Sánchez se someta a todo tipo de afrentas y, con él, humille al conjunto del Estado español. Otra cosa es que el castigo no haya sido suficiente para evitar la formación de otro Frankenstein bastante peor que el anterior.

Al margen de resultados electorales, las cesiones y la pasividad de Sánchez solo han servido para que el independentismo se encuentre más crecido que nunca e imponga en Cataluña, al margen de la ley, todas sus tesis. Poco a poco va recobrando fuerzas (embajadas, educación, boicot al jefe del Estado, leyes inconstitucionales, etc.) y se divide más y más a la sociedad catalana. En ella se puede estar produciendo lo que se daba y aún se debe seguir dando en el País Vasco, por una parte, la hégira hacia el exterior de un cierto número de ciudadanos que no comulgan con el independentismo y se sienten en terreno hostil y, por otra, que el tema político inconscientemente se evite a menudo en las conversaciones particulares con la finalidad de que no surjan conflictos.

No, ni la amnistía ni las cesiones anteriores ni las muchas que se produzcan en el futuro van a ayudar a la reconciliación en Cataluña. Todo lo contrario. Cuanto más ibuprofeno, más hinchazón. Menos aun van a contribuir a la unión de Cataluña con el resto de España. El supremacismo, la arrogancia y la insolencia de los independentistas, unidos a un falso victimismo que exige privilegios económicos frente a las otras regiones menos afortunadas, solo pueden despertar el rechazo en las otras comunidades autónomas. Cada día la brecha entre Cataluña y el País Vasco con el resto de España es mayor. Y es inevitable que se agrande si se continúa por el camino que Sánchez está trazando.

Pero Sánchez, desde sus inicios en la vida pública, se ha esforzado por abrir una escisión mucho mayor en la sociedad española. Habiendo sacado en 2016 los peores resultados de su formación política, lejos de dimitir como Almunia y Rubalcaba, acarició la idea de hacerse a pesar de todo con el gobierno. Sabía que la única posibilidad que tenía era establecer una fosa insalvable con el PP que era el partido que había ganado las elecciones. De ahí el “no es no”. Desde entonces ha utilizado una fantasmagórica división entre izquierda y derecha. Cosa curiosa precisamente cuando la globalización y la Unión Monetaria hacen más difícil distinguir a la una de la otra.

Ha aprovechado el fundamentalismo de siglas existente en la sociedad y en la política españolas, por otra parte sin demasiado contenido ideológico, para establecer un cordón sanitario y una división maniquea de una izquierda y una derecha construidas a su conveniencia.

En la primera, situó partidos tan progresistas como el PNV (“Dios y ley vieja”) o los herederos de CiU (3%), que se han comportado a lo largo de todos los años de democracia como las fuerzas más reaccionarias. Solo hay que repasar las actas del Congreso para darse cuenta de dónde han estado siempre sus intereses: claramente a favor del poder económico y defendiendo la distribución más regresiva de la renta y la riqueza en el orden territorial. A ellos, ha añadido además todas las fuerzas montaraces que aun cuando se llamen de izquierdas malamente pueden serlo teniendo, como principal objetivo, privilegiar a las regiones ricas frente a las pobres, y así mismo a otras formaciones del mismo estilo que justifican el terrorismo y si no lo practican es tan solo porque estratégicamente no lo creen conveniente.

A este maremagno secesionista, agrega también, ese conjunto de confluencias de todo tipo que se denominan progresistas, incluso radicales, y cuyos miembros lo que realmente tienen es un empacho mental muy considerable y un enorme grado de inmadurez e inexperiencia y que, olvidando que vivimos en un mundo globalizado y en la Unión Europea, pueden proponer las medidas más disparatadas y contraproducentes precisamente para los objetivos que dicen perseguir. Buena prueba de ello es que se colocan a favor de las exigencias independentistas frente al Estado de derecho, sin considerar que, en realidad, tales reivindicaciones se reducen a establecer en el orden territorial el supremacismo y las diferencias, del mismo modo que las clases altas lo pretenden en el ámbito personal. En el mejor de los casos este conglomerado se identifica con un bolivarianismo que no ha tenido muy buenos resultados en América Latina, pero que desde luego puede resultar nefasto en Europa.

Y coronando todo ello aparece ese sindicato de intereses y de empleo en que Sánchez ha convertido al partido socialista. Bien es verdad que esa transformación únicamente ha sido posible porque esta formación política  había perdido ya toda musculatura. Muchos años de transición de la socialdemocracia al socialiberalismo y un periodo largo de zapaterismo, presidido por la superficialidad, la frivolidad y la estulticia, han creado las condiciones necesarias para la mutación.

Con todos estos elementos, Sánchez construye su ejército, su gobierno al que llama de progreso y que no pasa de ser un populismo mal avenido. Frente al cual, y separado con una enorme muralla y como única alternativa crea un fantoche al que denomina la derecha y en el que engloba sin distinción alguna todo aquello que se le opone. Lo define como el imperio del mal. Predica de la totalidad los posibles errores o inconveniencias que hayan podido cometer alguno de sus componentes, quizás los más extremistas, como si el extremismo no existiese entre sus filas. Exagera hasta el límite. (véase mi artículo del 10 de agosto publicado en este mismo digital titulado “¿Qué sería de Sánchez sin Vox?”).

Sánchez utiliza todos los medios posibles para acentuar esta división, remontándose si es necesario hasta la guerra civil o hasta Franco. Todos los que no están con él son franquistas o fascistas. Incluso se califica así a todos aquellos que de una u otra manera, en algunos casos a costa de ir a cárcel, lucharon contra la dictadura. Y tales exabruptos parten a menudo de quienes han nacido ya en la democracia.

El presidente del Gobierno, en el Comité Federal del PSOE, proclamó con tono enfático que defiende la amnistía por España, por el interés de España. Esta foto pasará a la historia como uno de los mayores actos de felonía. Ni esta medida ni las otras concesiones que ya se han instrumentado o que se van a implantar favorecerán la concordia. Todo lo contrario, creo que van a incrementar la división en Cataluña, y entre esta Comunidad y el resto de España, e inclusive van a ahondar el fraccionamiento en toda la sociedad española.

Acto de felonía es dar a entender que todo resulta lícito con tal de impedir la alternancia. Es la muerte de la democracia. ¿Por España, por el interés de España? No, por el interés de los golpistas, por la ambición y por la egolatría de Sánchez. Lo que no entiendo muy bien es lo de nuestro vecino Antonio Costa, teniendo mayoría en el Parlamento, en lugar de haber dimitido podría haber aprobado una ley de amnistía. Se habría justificado afirmando que su intención radicaba en no dar ocasión de gobernar a la derecha. Todo por Portugal, por el interés de Portugal.

Republica 10-11-2023



QUERIDO PEDRO, QUERIDA YOLANDA

11-12-2023, PSOE, SANCHISMO, SUMAR Posted on Lun, noviembre 06, 2023 23:27:33

Sánchez nos ha obsequiado con otro de esos numeritos a los que nos tiene tan acostumbrados. En esta ocasión ha contado con la colaboración de la líder de Sumar, formación que se ha convertido en la prolongación de PSOE. ¿Dónde han quedado los tiempos de la casta? Los medios de comunicación se han apresurado a comparar este acto con el celebrado con una finalidad similar hace aproximadamente cuatro años. Entonces quien concelebraba con el presidente del Gobierno no era Yolanda Díaz, sino Pablo Iglesias.

La representación del 2019 fue mucho más sobria. La razón es que, para el secretario general del PSOE, ese acto comportaba, en el fondo, tragarse un sapo. Al haber perdido diputados en la repetición electoral, se vio forzado a llamar con toda urgencia a Pablo Iglesias para alcanzar un acuerdo. Hasta entonces se había negado totalmente a formar un gobierno de coalición. Prefirió ir a unos nuevos comicios, esperando que mejorasen sus resultados y no tuviese que precisar de los votos de Podemos. Incluso durante la campaña electoral hizo aquella manifestación tan famosa acerca de que no podría dormir por las noches…

El resultado no fue el esperado, perjudicó electoralmente al PSOE y benefició a Podemos, de manera que a Sánchez no le quedó más remedio que llamar corriendo a Pablo Iglesias para llegar urgentemente a un acuerdo. Para los medios de comunicación constituyó una noticia sorprendente, no tanto por el hecho en sí como por la rapidez en instrumentarlo. Y es que entonces la alianza con Podemos facilitaba el consenso con otros grupos parlamentarios que hacían posible la investidura.

En este caso todo es muy distinto. El pacto estaba cantado antes de las elecciones. Yolanda ya estaba entronizada por Sánchez desde la moción de censura. Es más, se había prestado a ser el caballo de Troya para destruir a Podemos, y durante la campaña electoral, Pedro y Yolanda, Yolanda y Pedro, se habían mostrado ya como una misma opción política. Besos, abrazos y un proyecto común, aunque en el fondo nadie supiese en qué consistía ese gobierno “de progreso”. Tan solo intuíamos lo que ahora ya sabemos con certeza: que se trataba de amancebarse con Puigdemont y con el PNV.

El acto del otro día en el museo Reina Sofía de Madrid era algo que se daba por sabido, de hecho, no lo habían ocultado los protagonistas desde el mismo 23 de julio. La negociación ha sido una comedia y la representación, una obra de teatro -el tinglado de la antigua farsa que diría Benavente. Eso sí, con mucho boato ornamental, un acto de pura propaganda. Lo de menos es el contenido, ya que de antemano se sabe que no va a ir a ninguna parte.

Ha sido una ceremonia de distracción porque la verdadera o verdaderas negociaciones para la investidura se están realizando en otros u otros escenarios y sobre materias muy diferentes: amnistía, relator, reconocimiento nacional, autodeterminación, unilateralidad, más dinero para Cataluña y el País Vasco, etcétera. Nada de esto apareció en la función del Reina Sofía. Ni siquiera nos dijeron cómo piensan repartirse los sillones, aunque a buen seguro que lo tienen ya pactado.

El contenido de lo firmado cuenta poco para la investidura, pero me temo que también será papel mojado a lo largo de la legislatura si al final logran constituir gobierno. La situación es distinta a la de los cuatro años pasados. El nuevo gobierno Frankenstein será mucho más deforme y enmarañado que el anterior. Para sacar cualquier ley o decreto ley, amén de las dificultades que les ponga el Senado, van a necesitar todos los votos. No pueden perder ni uno solo de los de sus respectivos componentes, incluso los de los muy progresistas diputados del PNV y de Junts per Cat, y del resto de partidos independentistas. No hay que ser muy suspicaz para pensar que la mayoría de todas estas proposiciones se quedarán en el baúl de los recuerdos, como quedaron en la legislatura pasada entre otras la reforma fiscal y la derogación de la ley mordaza, y eso que el pasado gobierno Frankenstein no ha tenido las limitaciones y los obstáculos con los que va a enfrentarse este.

Es ya un tópico afirmar que los programas electorales están para no cumplirse. En esta ocasión se trata de un programa de gobierno, pero de un gobierno perniquebrado que para dar cualquier paso va a precisar de otros veintidós escaños pertenecientes a grupos con intereses muy distintos, y además necesitará mantener unidos a los diputados de esa amalgama de fuerzas dispares que constituye Sumar. La probabilidad de que todo lo acordado el otro día quede en mero proyecto es muy alta, si además se tiene en cuenta que muchas de las propuestas inciden en las competencias de las autonomías, la mayoría de ellas en manos del PP y, si no, las restantes en las de partidos independentistas tan celosos de sus atribuciones.

Resulta por tanto extraña la postura de tantos y tantos periodistas y tertulianos que han entrado al trapo, dedicándose a comentar todas estas medidas como si realmente se fuesen a llevar a cabo y apartando la atención de lo que en este momento realmente importa, que es la amenaza que se cierne sobre nuestro Estado de derecho y sobre la igualdad entre las regiones y provincias, en cuya quiebra malamente se puede asentar cualquier programa progresista. Por mi parte, pretendo no caer en el mismo error y renunciaré a comentar las propuestas contenidas en el pacto, aunque, desde luego, me apetecería detenerme en alguna de ellas, pero ya habrá tiempo de hacerlo si es que al fin tienen visos de aprobarse. Pero a lo que no me resisto es a la tentación de comentar los discursos absurdamente triunfalistas del presidente y de la vicepresidenta del Gobierno, tanto más cuanto que en ese supuesto progresismo se apoya la justificación que emplean para el pacto y el blanqueo de los golpistas.

Sin duda, la representación -preparada al milímetro, adornada con todo tipo de efectos secundarios y dotada de la mejor coreografía (ministros, miembros de las ejecutivas, todos los que son algo en ambas formaciones políticas)- poseía una doble finalidad: por una parte, desviar la atención de los temas políticos actualmente más polémicos y que por el momento no interesa airear, pero, por otra, hacer una vez más una loa de lo bien que lo ha hecho este Gobierno y de lo progresista que es, por lo que tiene todo el derecho a seguir gobernando.

En los discursos a los que tanto Sánchez como Yolanda nos tienen acostumbrados, todo es lo mejor, grandioso, fabuloso, histórico. Para Sánchez, desde hace cinco años se inició una era nueva en España, se superó la ignominia y la reacción y comenzó el progreso. En el gobierno Frankenstein todo han sido éxitos y eso que, según dijo Sánchez, le han tocado tiempos difíciles. Se escuda detrás de la epidemia y la guerra. Pero la epidemia ha afectado a todos los países y ningún gobierno ha realizado una gestión de la crisis sanitaria tan desastrosa como el español. La prueba más palpable es que la economía española se desplomó en el 2020 como la de ningún otro país.

La crisis económica que hemos padecido estuvo sin duda inducida por la pandemia y por las medidas obligatorias que, a consecuencia de ella, impusieron los gobiernos sobre la actividad económica. Fue una crisis económica forzada por agentes exteriores a la propia economía. Como resultado de ello, en el segundo trimestre de 2020, todos los países tuvieron tasas negativas del PIB como jamás se habían conocido.

Entre abril y junio de 2020 el PIB de la eurozona sufrió una caída del 12,1%, tras haber experimentado ya un descenso del 3,6% en el primer trimestre. En la Unión Europea, estos decrementos fueron del 11,9 % y del 3,2%, respectivamente. Por su parte, el PIB de Francia se redujo en esas mismas fechas el 13,8 y el 5,9%; en Italia el 12,4 y el 5,4%; en Bélgica se hundió el 12,2 y el 3,5%; en Alemania el 12,2 y el 3,5%; en Portugal, 14, y 3,8%.  Y a la cabeza de todos, España con un descenso en el segundo trimestre del PIB del 18,5%., tanto más grave en cuanto que en el trimestre anterior (como consecuencia de los últimos quince días de marzo, sometido el país al estado de alarma y al confinamiento) ya se había reducido el 5,2%. Es decir, que desde el 31 de diciembre de 2019 hasta junio de 2020 el PIB español perdió el 23% de su valor o, lo que es igual, quedó reducido a sus tres cuartas partes.

En 2020 nuestro país fue el que más se hundió económicamente de toda la UE e incluso de los treinta y siete países de la OCDE. España rompió todos los moldes. Este descenso lastró el desarrollo posterior de la economía, haciendo que fuésemos los últimos de la UE en alcanzar los niveles de 2019. Según los datos de Eurostat, la eurozona en su conjunto los alcanzó en el tercer trimestre de 2021, y en ese mismo momento lo lograron Grecia, Austria y Bélgica. La UE de forma global llegó a ese valor en el cuarto trimestre del 2021. Y en idéntica fecha lo recobraron Italia y Francia; Portugal y Alemania en 2022 (primer y segundo trimestre, respectivamente); Holanda es el país que antes lo consiguió, en el tercer trimestre de 2020. España, aun admitiendo las correcciones un tanto desorbitadas que hizo el INE para el 2021 y 2022 (del 5,5% al 5,8% y del 5,5% al 6,4%), fue al final de ese último año cuando lo alcanzó. Sin la corrección habría sido en el segundo trimestre de 2023, incluso, siendo estrictos, en el tercero.

Teniendo en cuenta estas cifras, no nos puede extrañar que nuestro país sea también el único Estado de la UE que a finales de 2022 no había recuperado la renta per cápita anterior a la pandemia. Somos, por término medio, más pobres que en 2018 cuando Sánchez ganó la moción de censura. De poco puede pavonearse el presidente del Gobierno.

Esta evolución del PIB cuestiona abiertamente todos los planteamientos gloriosos que acerca del empleo se nos han venido haciendo a lo largo de todos estos años. La afirmación de la ministra de Trabajo acerca de que, en esta crisis, a pesar de producirse un descenso muy superior del PIB que en la anterior, la reducción del empleo ha sido menor resulta difícil de entender, puesto que existe una correlación casi perfecta entre ambas variables. Para explicar la desviación se puede recurrir a distintos criterios, ninguno de ellos positivos (ver mi artículo titulado “Crecimiento económico y cifras de desempleo” de 1 de diciembre de 2022 en estas mismas páginas).

La explicación más inmediata radica en la inadecuación de los datos estadísticos. En mayo del 2020 en plena pandemia las personas en ERTE ascendían a 3,6 millones. ¿Cuál hubiese sido el porcentaje real de paro si a la cifra oficial -3,8 millones-, se le sumasen los 3,6 millones que se encontraban en ese mes en ERTE? En realidad, después de tantos equívocos, cambios y tergiversaciones, el único dato que se puede acercar a la realidad es el de horas semanales trabajadas. La evolución de esta variable sí es acorde con la del crecimiento de la economía. Según el INE, en el cuarto trimestre de 2022 se trabajó por término medio seiscientos treinta millones de horas semanales, mientras que en el mismo periodo de 2019 se alcanzaron los seiscientos cuarenta millones. Se estaba, por tanto -sean más o menos los empleados- a un 98% de conseguir el volumen de trabajo prepandemia.

El Gobierno ha orientado también su triunfalismo a decirnos que la inflación en España es más reducida que en el resto de países. Si no nos fijamos en un solo dato y consideramos el periodo completo, la cosa no está tan clara. En España, desde 2019 hasta finales de 2022, el índice de precios al consumo armonizado por la UE se ha incrementado un 13%, igual que en Portugal, menos que en Alemania (18%) y que en Italia (17%), pero más que en Francia (12%) y en Grecia (11%). En cualquier caso, el dato más significativo se encuentra en la relación precios-salarios, que es lo que más importa a la mayoría de los ciudadanos. Y aquí volvemos a situarnos en una mala posición. Según la OCDE, nuestro país está a la cabeza de la pérdida de poder adquisitivo. Incluso en Italia y en Alemania, con tasas de inflación más elevadas, los salarios reales se han reducido menos que en España.

Si a esta disminución (casi del 6% por término medio) añadimos la subida de los intereses y su impacto en los créditos hipotecarios, nos enfrentamos con recortes económicos a los ciudadanos que nada tienen que envidiar a los de la pasada crisis. El Gobierno no puede desentenderse de la inflación endosando la responsabilidad exclusivamente al BCE. La política fiscal también juega e influye, y mucho, sobre los precios.

Podríamos ofrecer más y más  cifras y extendernos en otros muchos temas tales como los resultados negativos ocasionados por el nefasto diseño del salario mínimo interprofesional, la deficiente cobertura del seguro de desempleo, la desastrosa política de vivienda que está hundiendo el mercado del alquiler y poniendo en graves dificultades a las clases más necesitadas, el incremento de la pobreza, la catastrófica gestión de la Seguridad Social y del SEPE, que convierten en una odisea cualquier gestión que se quiera realizar en estos servicios, las ocurrencias en el gasto y en las prestaciones derrochando ineficazmente recursos públicos, una incompetente y caótica política fiscal y tributaria, los desastres en la asistencia a los emigrantes etc. etc. etc.

Desde luego, los resultados dejan poco espacio para el orgullo, pero todo ello adquiere mayor gravedad si consideramos los recursos públicos que se han utilizado, mucho más cuantiosos que los de los otros países. En primer lugar, los fondos de recuperación europeos, de los que se desconoce su paradero y que se ignoran en qué se han gastado. No deja de ser paradójico que, a pesar de ellos, España haya sido el país que, con mucho, más ha tardado en recuperarse y volver a los niveles de 2019; y, en segundo lugar, en el incremento ingente del endeudamiento público contraído durante estos años, que minora el patrimonio de todos los españoles –más de un 15% del PIB-, muy superior al experimentado por la casi totalidad de los países europeos.

Todo ello no es para que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz saquen pecho, coloquen sus cuatro años de gobierno (cinco para Sánchez) en un altar y pretendan que los adoremos. Contra toda evidencia, intentan hacernos creer que con ellos comenzaron la bonanza y el progresismo. Lo más grave es que nos amenazan con otra legislatura de lo mismo (más bien, de algo peor incluso), y tachan de glorioso el día que firmaron el acuerdo. Memorable, sí, memorable será el día que lo rubriquen con Puigdemont y con Esquerra. Que los hados nos ayuden.

republica.com 2-11-2023



EL CONSTITUCIONAL, ESTÚPIDOS, EL CONSTITUCIONAL

9, 10, 2023, ESTADO DE DERECHO, SANCHISMO Posted on Mar, octubre 31, 2023 23:45:12

Pocas dudas caben ya de que nos vamos a enfrentar a un cambio constitucional por la puerta de atrás, a un golpe de Estado encubierto. Pieza clave, sin duda, son las ansias de Sánchez y de sus acólitos por perpetuarse en el poder a cualquier precio, pero la garantía de que el proyecto pueda tener éxito se encuentra en la transmutación producida en el Tribunal Constitucional (TC) y su voluntad de legitimar jurídicamente todas las decisiones que adopte el conglomerado Frankenstein. La última señal inequívoca de que se encamina en esa dirección se encuentra en que ha sancionado como constitucional la ofensiva dirigida por el Gobierno y sus satélites contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El Gobierno y sus voceros mediáticos repiten sin cesar que el Partido Popular no cumple la Constitución porque se ha negado a renovar el CGPJ, aunque con mayor razón se podría indicar lo contrario, porque el quid de la cuestión radica en la forma de renovarlo. Incluso podríamos abrir el abanico y cuestionarnos la manera de designar a los miembros de todos los órganos constitucionales. El problema sobrepasa la elección del CGPJ, afecta también al Tribunal Constitucional, al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, y quizás a algún otro más.

No obstante, sí hay un aspecto que corresponde únicamente al CGPJ, y es la posibilidad de que parte de sus consejeros sean elegidos por los propios jueces. Como es lógico, esta forma de designación no es aplicable al resto de organismos. Pero, dejando aparte esta cuestión acerca de si hay que retornar o no al sistema anterior a la ley orgánica de 1985 por la que el PSOE estableció el sistema actual y se abandonó la elección por los jueces, centrémonos en cómo interpretar la mayoría de los tres quintos del Congreso y del Senado que establece la Constitución para elegir los ocho vocales y que recoge la ley orgánica para los otros doce.

A lo largo de estos más de treinta y cinco años, la elección se ha venido realizando de cierta manera fraudulenta porque los tres quintos se han interpretado de tal modo que los dos partidos mayoritarios se reparten los nombramientos –tú votas a los míos y yo a los tuyos-, lo que lógicamente, constituye la forma más segura de politizar el órgano. A este peligro se refería el TC de entonces al dictaminar el recurso presentado contra la ley de 1985 en su sentencia del 29 de julio de 1986 en la que -aun sin declarar inconstitucional el procedimiento, ya que no se oponía de forma directa a la letra de la Constitución- advertía de los efectos negativos que podían derivarse de su aplicación:

«Se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en este, atienden solo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de estos. La lógica del Estado de partidos empuja hacia actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el poder judicial… La existencia y aun la probabilidad de ese riesgo, creado por un precepto que hace posible, aunque no necesaria, una actuación contraria al espíritu de la norma constitucional, parece aconsejar su sustitución».

Ciertamente el procedimiento no solo no se ha sustituido, sino que todo este tiempo se ha caído en el peligro que señalaba el TC. Si la Carta Magna fija la mayoría cualificada de los tres quintos es para evitar toda posibilidad de politización del órgano. En principio, el hecho de que cada consejero cuente con la aprobación como mínimo de tres quintas partes de los diputados o de los senadores debería garantizar, al ser una persona de consenso, su neutralidad e independencia, sin adscripción partidista alguna. Lo cierto es que, del modo que se ha venido aplicando desde 1985, el resultado ha sido el inverso. La conclusión es que los elegidos son los más politizados (en el mal sentido del término) e incluso en algunos casos los más sectarios. Tan es así que se continúa hablando de consejeros conservadores y progresistas.

Y es de esta forma como el Gobierno quiere seguir renovando el CGPJ. No estar dispuestos a votar a favor de la propuesta del PSOE no se puede decir que sea atacar la Constitución, como se esfuerzan por afirmar una y otra vez todas las fuerzas del sanchopopulismo. La Constitución no obliga a ningún diputado ni senador a votar a un consejero que no considere apto, y por consiguiente ninguna formación política debe dar su aquiescencia a uno o varios candidatos que piense que no son los adecuados por el simple hecho de que en contrapartida la formación política contraria acepte a los propios aspirantes.

Es más, ante la postura del PP de negarse a admitir a sus candidatos, el Gobierno proyectó cambiar la ley orgánica, no para retornar al sistema de elección por los propios jueces anterior a 1985, sino para reducir la mayoría necesaria de manera que la coalición Frankenstein pudiera designar a todos los vocales, lo que convertiría a los jueces en una especie de prolongación del sanchopopulismo. Solo la intervención de la UE les ha hecho desistir por ahora de la idea, idea que vuelven a acariciar ante una posible legislatura futura en el poder.

Con la finalidad de presionar al PP, el Gobierno elaboró una ley ad hoc encaminada a despojar al Consejo, mientras está en funciones, de las competencias para cubrir vacantes. Resulta un cierto contrasentido privarle de las funciones precisamente cuando está en funciones. Se ha creado así una situación caótica en la justicia -aunque tal vez buscada por el Gobierno- al permanecer muchos puestos vacantes.

El cinismo de Sánchez se hace patente al no tener ningún empacho en propiciar que se aprobase poco después otra ley devolviendo las funciones al Consejo, pero limitadas únicamente a su capacidad de nombrar dos miembros del TC, maniobra con la que el Gobierno pudo a su vez designar a otros dos y, gracias a la postura bobalicona de Casado (mejor dicho de Egea), constituir un TC y un Tribunal de Cuentas totalmente manejables.

Durante el poco tiempo que ambos órganos llevan funcionando después de la renovación han dado suficientes muestras de sectarismo. El caso más preocupante se encuentra en el Tribunal Constitucional por la función tan capital que tiene como garantía última de la legalidad del sistema, del correcto funcionamiento de las instituciones, y de que se mantiene la división de poderes. Buena señal de lo que se puede esperar de él se encuentra en la sentencia recién emitida declarando constitucional la privación de funciones del CGPJ, que deja a los pies de los caballos a la magistratura.

No deja de ser curiosa la postura de la magistrada María Luisa Segoviano, que votó afirmativamente en la sentencia, habiendo sido una de las voces más críticas contra la norma cuando estaba en el Tribunal Supremo. Parece que pertenecer a la cuadra de Conde Pumpido imprime carácter e impone una disciplina más estricta que la que se tiene al militar en un partido.

Este hecho y otros parecidos (como los informes filtrados acerca de los recursos de los ERE andaluces o de la legitimización de los futuros cambios que Sanchez se propone introducir en la elección del CGPJ) nos hacen ser pesimistas de cara al futuro, tanto más cuanto que algunos de los miembros del TC defienden una interpretación creativa o modificadora del propio texto constitucional, y no están dispuestos a inhibirse ni a aceptar recusaciones, por mucho que fuesen evidentes sus implicaciones con anterioridad en los casos y, por lo tanto, la sospecha de su parcialidad. No deja de ser significativo que el sanchismo y sus adláteres anden por ahí repitiendo que todo se hará dentro de la Constitución, con la tranquilidad que da el saber que se cuenta con el Tribunal Constitucional para refrendar todo lo que el Gobierno y la mayoría del Congreso aprueben.

No hay que ser muy suspicaz para sospechar que en la ley de amnistía que se está cocinando, interviene con un papel preeminente la brigada de Conde Pumpido a efectos de que su redacción sea lo suficientemente ajustada y fina para que con una interpretación evolutiva de la Constitución se pueda defender que es congruente con ella. Es más parece que en los aledaños de Puigdemont se ha filtrado que mantienen un intercambio de redacciones con expertos del TC

El aspecto más peligroso de la aventura de Pedro Sánchez es que cuenta con el TC  y puede terminar santificando las modificaciones más aberrantes del sistema, un cambio de la Constitución por la puerta de atrás, un golpe de Estado. El Tribunal Constitucional, estúpidos…

republica.com 26-10-2023



YOLANDA Y LOS EXPERTOS

9, 10, 2023, CATALUÑA, SANCHISMO, SUMAR Posted on Dom, octubre 22, 2023 21:28:39

La líder de Sumar, tras su gira por Bélgica en aras de rendir pleitesía a un prófugo de la justicia, se supone que, a petición de su señorito, el de las mercedes, se ha dedicado profusamente a crear un grupo de juristas expertos que preparasen el camino a la amnistía que se avecina. Es verdad que casi todos los partidos y gobiernos a la hora de tomar decisiones incómodas o impopulares han constituido a menudo una comisión de expertos tras la que escudarse. Pero en el caso del sanchismo ha sido una marca de la casa y ha empleado esta estratagema con total liberalidad.

El Gobierno sanchista, ante las críticas, se ha escondido siempre detrás de las decisiones técnicas. Esa táctica se hizo presente de una y otra vez durante la pandemia. Todo se les iba en afirmar que ellos lo único que hacían era seguir los criterios de la comunidad científica, la opinión de los expertos. Pero, al mismo tiempo, se negaban reiteradamente a facilitar sus nombres.

A pesar de sus continuas referencias a los científicos y a los criterios sanitarios y epidemiológicos, Illa no fue capaz de dar una explicación ni de presentar un informe consistente sobre la materia. No dejó de ser asombrosa esa continua demanda del ministro de Sanidad: “Hagan caso a la ciencia”, que exclamaba con tono profesoral, mientras el gobierno central nos engañaba a todos con un comité de expertos inexistente. Esta era la ciencia del señor Illa: cambiar de opinión según le interesase al Ejecutivo.

Tan solo cuando el Consejo de la Transparencia le concedió un plazo perentorio de diez días (o, de lo contrario, le amenazaba con recurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa) para facilitar los nombres de los miembros de ese comité fantasma de expertos -tras el cual, el ministro filósofo y candidato a la presidencia de la Generalitat se había escondido siempre para revestir de razones sanitarias lo que eran simples decisiones políticas-, se resignaron a decirnos quiénes eran los afortunados que lo componían, o más bien, a decirnos que en realidad ese comité nunca existió y todo quedaba reducido al locuaz Simón, nombrado en su momento a dedo por ser familiar de un ministro del PP, y a los funcionarios de un departamento inexistente desde hacía muchos años.

Pero nada como la explicación ofrecida por Calvo, entonces vicepresidenta del Gobierno: “Funcionarios, expertos cualificados, que tienen ese cargo, especialmente el doctor Simón, por razón de su expertitud”. Ahí es nada, expertitud. Esta palabra debía entrar a formar parte del lenguaje inclusivo.

Y es esa misma expertitud la que debió de utilizar como criterio la ministra de Trabajo a la hora de elegir a los componentes de esa comisión de expertos dedicada a analizar la posible repercusión sobre el empleo del Salario Mínimo Profesional. La ministra de Hacienda también creó su propio grupo de expertos para que dijesen en materia fiscal lo que interesaba al Gobierno. Y es que la finalidad de los expertos está siempre en concluir aquello que desea quien les nombra. De lo contrario, no son tenidos por expertos. Es cierto que, en el caso de Hacienda, cuando aparecieron las conclusiones del informe el Gobierno ya había cambiado de bando y no les hicieron ningún caso. La verdad es que salimos ganando.

Yolanda Díaz repite en expertitud y ha elegido a sus juristas de cámara con la finalidad de que justifiquen lo injustificable, que una amnistía a los golpistas del 1 de octubre es constitucional y útil. En realidad, el dictamen, tal como pomposamente lo llaman, se dirige a demostrar más lo segundo que lo primero. Claro que debemos preguntarnos, ¿útil para quién?

He desconfiado siempre de las comisiones de expertos independientes porque nunca son tan independientes como aseguran y su condición de expertos siempre resulta discutible. Casi siempre son profesores de estudios superiores, de los miles y miles que hay en España, provenientes de los cientos y cientos de las facultades que han surgido al abrigo de las autonomías y de los negocios privados. Los profesores universitarios se han multiplicado como las setas. Hasta nuestro ínclito presidente del Gobierno lo ha sido, con doctorado incluido, eso sí, donado, de la misma forma que antes lo habían recibido gratuitamente los miembros que componían el tribunal que le calificó.

En esto de la amnistía no nos podían defraudar y, aunque lo denominen pomposamente dictamen, es ideológico más que jurídico. A pesar de ello, ninguna formación política ha querido reconocer su paternidad. Los socialistas han renegado de él puesto que Conde Pumpido no había dado aún el visto bueno. Tampoco les ha gustado a los golpistas, porque, para independentistas, ellos, y no quieren que nadie les quite el protagonismo. Ya han constituido su propio grupo de expertos

Más extraño ha sido el caso de Sumar -y más concretamente el de Yolanda Díaz- que, después de estar varias semanas anunciando a bombo y plantillo el gran acontecimiento, rebajaron el tono y lo convirtieron tan solo en el dictamen de unos juristas. O bien el jefe de la Moncloa les dio un toque y les dijo que convenía esperar, o bien pensaron que era más diplomático y sagaz hacer pasar todo ello como un trabajo exclusivamente técnico.  Si el motivo fue esto último, hay que reconocer que constituyó un intento vano porque no hay que ser muy ducho en la materia para darse cuenta de que el susodicho dictamen no destaca por su solidez jurídica.

Aparte de ser farragoso, y donde todo parece confuso y desordenado, a efectos de demostrar que la amnistía es acorde con la Constitución del 78 se basa de forma sustancial en primer lugar en que la Ley de 1977 y el Decreto-ley de 1976 no fueron derogados ni tácita ni expresamente por la Constitución y, en segundo lugar, en que después de aprobarse esta se han concedido amnistías fiscales.

En cuanto a lo primero nadie ha puesto en duda que fuesen compatibles con la Constitución del 78 las amnistías aprobadas con anterioridad. Más bien fueron precisamente su antesala, y la condición para iniciar una etapa política nueva. Una exigencia ante el corte jurídico e institucional que se producía en ese momento. Pero precisamente por ello no parece que una nueva amnistía pueda ni deba darse en la época posconstitucional, en la que no se ha producido por ahora ningún cambio ni de régimen ni de sistema. A no ser que lo que se pretenda sea precisamente eso, el cambio.

En cuanto al segundo argumento, los señores juristas, casi todos ellos de derecho penal, parecen ignorar el carácter de las mal llamadas amnistías fiscales, que representan tan solo una regularización de la situación tributaria. No llegan ni a la categoría de indulto, porque, si bien se conmutan a determinados contribuyentes las sanciones a las que podían haberse hecho acreedores por la ocultación de determinados bienes o activos, casi siempre es a cambio de una contraprestación dineraria, aunque de menor cuantía que el monto que les pudiera haber correspondido pagar si hubiese sido la administración tributaria la que hubiera descubierto la infracción y, de lo que es más importante, con la condición de que hayan sido ellos mismos los que confiesen su situación irregular, afloren los bienes o activos hasta entonces ocultos y empiecen a tributar adecuadamente por ellos.

Como se puede apreciar, nada que ver con una amnistía penal. Quizás, puestos a realizar comparaciones, en todo caso debiéramos referirnos a la colaboración que a menudo establece el Ministerio Fiscal con los acusados a los que rebaja la petición de condena y, lógicamente, de la pena a cambio de su confesión o de descubrir determinados hechos hasta entonces opacos. En ambos casos se produce un “do ut des”.

Sin duda, la parte más extensa del llamado dictamen es la ideológica que parte, con frecuencia, de supuestos totalmente falsos como el de que desde 2013 existe un conflicto entre Cataluña y el Estado español. Los independentistas no son Cataluña. Y el único conflicto que existe es, como en toda cuestión penal, entre la ley y unos delincuentes que no dejan de serlo por muy numerosos que sean, y por mucho que se les indulte.

Tampoco se puede identificar, tal como hacen los llamados expertos, la no militancia de nuestra Constitución con el llamado derecho a decidir que, aunque se le denomine con este eufemismo, no deja de ser derecho a la autodeterminación que nuestra Carta Magna no reconoce a ningún territorio nacional y que la ONU solo  contempla para las colonias; y no parece que nadie pueda calificar de tal a Cataluña.

Los expertos nos ilustran acerca de lo que es ciertamente una obviedad. Que la elaboración del derecho penal es competencia del Parlamento y que en esa función mantiene un amplio margen. Nadie puede negarlo, pero tampoco que esa discrecionalidad política está limitada por la propia Constitución y, sobre todo, que si a las Cortes les corresponde elaborar las leyes a los jueces les corresponde aplicarlas. Mal que a algunos les pese.

Pero en eso radica la división de poderes, aunque precisamente de ella es de la que reniegan algunos. En todo régimen populista el ejecutivo, después de controlar al legislativo -lo que le suele resultar casi siempre bastante fácil-, coloca en su diana al judicial que, para el bien de los ciudadanos en España no se identifica con los profesores universitarios, aunque siempre existe un intento del poder político para introducirlos por la puerta de atrás. Cuarto turno, juristas de reconocido prestigio, etc.

Toda la segunda parte del famoso dictamen pretende ser una enmienda a la actuación del poder judicial, a jueces, a fiscales, y sobre todo a los planteamientos del Tribunal Supremo (TC). Los expertos juristas son muy dueños de mantener esa crítica, como algunos también estamos en nuestro derecho de pensar que sus esfuerzos argumentales no llegan ni a arañar lo más mínimo la solidez jurídica de la sentencia. Que a mi entender es impecable y tumbativa, excepto al final, cuando la conclusión lógica debería haber sido el delito de rebelión y, sin embargo, dando un salto en el vacío se inclina por la sedición. (Ver en estas mismas páginas mi artículo de 17 de noviembre de 2019 titulado Sí, hubo golpe de Estado).

La sentencia, después de aceptar la tesis de la Fiscalía acerca de que la violencia en la rebelión no tiene por qué ser física, sino que puede ser también compulsiva, y tras demostrar que esta se había dado profusamente en el procés, abandona esta calificación y se desliza a la sedición. Razón: que, tal como argumentó Calvo, Pedro Sánchez era ya presidente del Gobierno y que cuando calificó como rebelión lo acaecido en Cataluña no lo era. Ahora estaba ya en el Gobierno y sustentado por los propios golpistas. No tiene por tanto nada de extraño que pretendiese influir lo más posible en la sentencia, primero obligando a la Abogacía del Estado a cambiar la calificación y, segundo, queriendo predisponer a alguno de los jueces más adeptos a que se inclinasen por el fallo más benigno.

El propósito de que la sentencia se ratificase por unanimidad hizo el resto. Bien sabía Marchena la multitud de juristas expertillos que, al servicio de todo tipo de intereses, intentarían desacreditar al Tribunal. Pero, paradójicamente, de esa manera creo yo que se facilitó la posibilidad de críticas, porque lo que era un delito claro de rebelión resultaba más complicado encajarlo dentro de la sedición. Una vez más, se cumplió que la unanimidad no era más que la dictadura de la minoría.

En contra de lo que dice Sánchez, lo que contuvo el golpe y lo sigue conteniendo hasta ahora es el Código penal y fue la aplicación del Código penal lo que hizo huir a Puigdemont en un maletero de coche. Los expertos juristas quieren borrar todo eso con la amnistía, y empezar una historia nueva. Lo de borrar es imposible. Los secesionistas pretendieron arrebatarnos la soberanía sobre Cataluña al resto de los españoles. Es un hecho que difícilmente puede desvanecerse ni olvidarse. Lo de la historia nueva no parece que ni Puigdemont ni Oriol Junqueras lo quieran. Ni tampoco parece que lo permita la Constitución y, además, seguramente nos conduciría a la catástrofe.

republica.es 19-10-2023



¿POR QUÉ LO LLAMAN GENEROSIDAD CUANDO QUIEREN DECIR SOBORNO?

9, 10, 2023, CATALUÑA, SANCHISMO Posted on Lun, octubre 16, 2023 21:09:02

Sánchez cambia los nombres. A la impunidad la llama desjudicialización y ahora a la amnistía la denomina generosidad. Se ha vuelto generoso de repente. Solo a partir del 23 de julio. Parece que la generosidad tiene una relación directa con el número de votos que se necesitan para obtener la mayoría. Sánchez precisa de muchos (cincuenta y cinco), así que se ve obligado a ser muy generoso. Por eso le llaman Pedro el de las mercedes. Parangonando así al primer Trastamara, Enrique II, que recibió tal calificativo por la cantidad de dádivas que tuvo que entregar a los nobles para que le coronasen en detrimento de su hermano Pedro, al que unos han dado en llamar el cruel y otros el justiciero.

Lo de las mercedes en realidad no era muy exacto porque no se trataba desde luego de dádivas, sino de pagar un precio por la corona. Tampoco en sentido estricto a lo de Sánchez se le puede dar el apelativo de generosidad porque está comprando algo, la Moncloa. El precio que se abona no es personal, sino público, lo sufragamos todos los españoles; primero, violentando hasta el máximo el Estado de derecho, pero también con dinero si no, los independentistas catalanes dejarían de serlo, porque detrás de las banderas, las entidades, los hechos diferenciales y hasta de la lengua lo que aparece enseguida es el “España nos roba”.

A las negociaciones de la investidura se intenta incorporar el acuerdo sobre los presupuestos y, por lo tanto, pensemos lo peor: se van a introducir las cesiones dinerarias que se piensa otorgar a Cataluña y al País Vasco (regiones sojuzgadas) a costa de extremeños, andaluces, castellanos, aragoneses, etc., que, como se sabe, son pueblos opresores.

Con los indultos Sánchez habló de concordia, de reconciliación y de entendimiento. No empleó la palabra generosidad y, sin embargo, esta palabra hubiera sido entonces más apropiada que ahora porque, aunque también se trataba de pagar un precio, en aquellas circunstancias Sánchez -es decir, el Estado- otorgaba el perdón, perdón que los independentistas no estuvieron nunca dispuestos a reconocer ni a pedir formalmente. Querían lo que ahora van a conseguir con la amnistía, que sean Sánchez y el Estado los que les pidan perdón a ello, pues, como dice el presidente del gobierno, ha sido un conflicto político que nunca tendría que haber derivado en una acción judicial.

La amnistía es el reconocimiento de que el Estado se había equivocado, de que la Constitución es odiosa y despótica y que los llamados golpistas no cometieron delito alguno, sino que habían defendido sus derechos y los del pueblo catalán, frente a un Estado que les había perseguido injustamente. Es más, que aquellos que habían aplicado la Constitución y las leyes que de ella se derivan habían actuado de forma inicua y abusiva.

Andan los juristas, constructivistas o no, buscando el encaje de la amnistía en la Constitución. Algunos defienden que como nada se dice de ella en la Carta Magna no existe impedimento para que las Cortes la aprueben. Tampoco se dice nada de la esclavitud, de la tortura o de la ley del Talión y no por eso se puede afirmar que la Constitución las permita. Durante su tramitación en 1978 se presentaron cuatro enmiendas para introducirla y las cuatro fueron rechazadas. Lo que sí se incorporó fue la prohibición de indultos generales. Es difícil de entender que se niegue lo menos y se pueda llegar a autorizar lo más.

Pero es que, además, la constitucionalidad o no de la amnistía no se puede juzgar en abstracto, sin tener en cuenta qué es lo que se va amnistiar. En este caso es imposible que lo recogiese la Constitución. Sería como ir contra ella misma. Es como si afirmara que el régimen que establece es opresor y por lo tanto debiera prever la amnistía para aquellos que en el futuro se rebelen contra el despotismo.

La amnistía cabe interpretarla o bien como la terminación de una guerra interna (conflicto, dicen los soberanistas) y en la que se establece un armisticio, olvidando todas las injusticias y responsabilidades en que se haya podido incurrir tanto en un bando como en el otro, o bien que haya que cambiar las reglas de juego porque las hasta ahora existentes eran injustas y por lo tanto inocentes los que se hubiesen rebelado contra ellas.

Tal es sin duda el planteamiento de los golpistas, pero esto poco tiene que ver con la generosidad y con el perdón. Se trata más bien de absolver a los que se condenó y de condenar a los que condenaron y a las leyes que aplicaron, es decir, a la propia Constitución, pero por eso resulta difícil, por no decir imposible, encontrar en esta la autorización de la amnistía.

A menudo la amnistía va unida a una ley de punto final en la que se reconoce la culpabilidad mutua. Ya lo dijo Sánchez cuando los indultos: “En Cataluña todos somos responsables”. Pero es que, paradójicamente, los golpistas no quieren oír hablar de final ni de que ellos son culpables. No tienen que arrepentirse de nada. Están dispuestos a volverlo a hacer. No renuncian ni a la independencia ni a la unilateralidad. Habrá que preguntarse entonces lo mismo que deberíamos haber hecho con los indultos: ¿para qué?

¿Para superar la condición jurídica que se había creado en Cataluña? Fue lo que dijo Sánchez en Granada y nada menos que delante de la presidenta de la Comisión y del presidente del Consejo Europeo. En realidad, no importa demasiado el escenario dada la levedad en que se mueven en la actualidad los dirigentes de la Unión Europea.

Lo cierto es que no ha habido dos bandos, ni una contienda, ni cambio de régimen, ni ninguna necesidad de punto final. Solo se ha producido un golpe de Estado por parte de un gobierno y unas autoridades autonómicas que cometieron traición, rebelándose contra el Estatuto de su propia Comunidad y contra la Constitución, en función de los cuales habían sido nombrados, y la reacción lógica de un Estado defendiéndose. No hay dos bandos culpables, solo uno que además de robar al Estado -es decir, a todos los españoles-, emplearon lo robado para ir en contra de más de la mitad de los catalanes y del resto de España.

Hablemos claro. Tal como afirmó el Tribunal Supremo refiriéndose a los indultos, sería una autoamnistía, porque los implicados, los beneficiarios, van a ser quienes al mismo tiempo la aprueben. Vayamos al fondo, dejemos al lado la reconciliación, la concordia, la paz y otras zarandajas. Esto no va de eso. Tampoco va de horizonte ni de la pluralidad ni de cursilerías parecidas. Lo único que está en juego es la compra del gobierno de España, su única finalidad es lograr que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz continúen de presidente y vicepresidenta de un Ejecutivo hipotecado.

Al alto cargo que adjudicase un contrato de obras públicas y recibiese a cambio una casa o un chalet, ¿no le tildaríamos de corrupto?, ¿y no consideraríamos tal a quien concediese subvenciones a cambio de obtener financiación para su partido? Sánchez consiguió llegar a la presidencia del gobierno por primera vez con 85 diputados utilizando torticeramente el tema de la corrupción. Y con corrupción pretende mantenerla. ¿No llamaremos cohecho al acto de conceder la amnistía como pago y como contrapartida para adquirir la Moncloa? Es difícil no ver que se comienza a entrar peligrosamente en el ámbito del derecho penal. Quizás podemos encontrarnos ante uno de los mayores casos de corrupción acaecidos en los últimos cuarenta años. Preguntémonos por qué lo llaman generosidad cuando quieren decir soborno.

republica.com 12-10-2023



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