He desconfiado siempre de las comisiones de investigación del Congreso. Creo que no sirven para nada. Nunca descubren algo que no hayan averiguado ya la policía o lo tribunales. Es más, no solo son inútiles, sino que pueden conducir a la confusión. Me parecen hasta peligrosas Campo abonado de los charlatanes que están dispuestos a contar lo que es y lo que no es con tal de estar un día en el proscenio. Tienen como única finalidad ser armas en la lucha política para la descalificación y la censura al adversario. Las conclusiones suelen ser siempre tendenciosas. Rara vez son reflejos de la realidad, sino más bien de la verdad que quiere la mayoría. A menudo podrían escribirse antes de empezar la labor de la propia comisión.
Es lógico, por tanto, que considere como muy perniciosas las tres registradas últimamente en el Congreso. Una a instancias de ERC, EH Bildu y BNG sobre el espionaje e intromisión en la privacidad e intimidad, a través de los malware Pegasus y Candiru, de personajes políticos. Las otras dos, por los grupos parlamentarios de Junts y PNV. La primera sobre el derecho a saber la verdad acerca de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017; y la segunda referida a la denominada Operación Catalunya y las actuaciones del Ministerio del Interior durante los gobiernos del Partido Popular.
Las tres parten de los compromisos adquiridos por el PSOE y Sumar con los secesionistas. Primero para la constitución de la Mesa del Congreso. Segundo en los acuerdos firmados por el sanchismo y Junts en Waterloo. En realidad, las tres comisiones persiguen el mismo objetivo, hacer pasar a los golpistas y soberanistas por víctimas de un Estado fascista y opresor, y poner en la picota a los servidores públicos, especialmente a los jueces y a los policías. Todo ello dirigido a la opinión pública internacional. Se trata de propagar su discurso e imponerlo como relato cierto. Lo grave es que el gobierno de España está sirviendo de coartada y de garantía de la veracidad de sus planteamientos.
Las comisiones según las propuestas tendrían la siguiente composición: tres representantes de cada grupo parlamentario que conste de más de 100 diputados, dos de cada grupo entre 10 y 100 diputados y uno por cada grupo restante. Dada la generosa creación de grupos parlamentarios que se ha permitido en la cámara, (en teoría para primar a las minorías, pero en realidad en esta ocasión para apuntalar a la mayoría), la representación de la alianza Frankenstein será apabullante y podrán concluir lo que deseen. La oposición no tendrá nada que hacer. Todo será un teatro para que los sediciosos impongan su discurso victimista, aplaudidos por el PSOE y Sumar, que están dispuestos a lo que haga falta para no perder el poder.
La gravedad mayor del asunto aparece cuando consideramos el siguiente párrafo del papel infame que Santos Cerdán firmó en Waterloo, “Las conclusiones de las comisiones de investigación de esta legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto de lawfare o judicialización de la política. Esto, a su vez, podría dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”.
Párrafo introducido con dos finalidades. En primer lugar, para poder incluir en la amnistía a presuntos delincuentes cuyo delito nada tienen que ver con el “procés”, tales como Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, acusado de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico, o a Laura Borràs, procesada por corrupción en la adjudicación de contratos públicos. Se pretende dar la versión de que ambos, y otros muchos que seguro quieren incorporar al lote, han sido imputados injustamente en una persecución por motivos políticos, y por significarse en el proceso de la independencia de Cataluña.
En segundo lugar, enjuiciar a los jueces. Abrir una caza de brujas y un proceso inquisitorial a los tribunales. Como en cualquier proceso inquisitorial, todo será apañado y conformado de acuerdo con los intereses del tribunal que en este caso será la alianza Frankenstein. Este macartismo a la española comenzará por los policías y los servicios secretos. En realidad, ya se inició en la legislatura pasada con el cese de Paz Esteban como directora del CNI, a petición de los golpistas.
La noticia había aparecido en un periódico de Canadá sin viso alguno de veracidad acerca de que se había investigado con el programa Pegasus a una serie de independentistas catalanes. El reportaje carecía de la menor relevancia a no ser porque los secesionistas, que en parte lo habían propiciado, vieron una excelente ocasión para hacerse de nuevo las víctimas. Puigdemont y unos cuantos acólitos se apostaron con pancartas a las puertas del Parlamento europeo quejándose de que les habían espiado. Y Rufián, en el Parlamento español, se mostró abatido y deprimido porque se estaba poniendo en peligro la democracia, y lo decía precisamente él que era y es portavoz de un partido que violó todas las leyes democráticas con la finalidad de transgredir la Constitución y que pretendió romper el Estado.
Margarita Robles tenía toda la razón cuando en el Congreso se enfrentó muy digna a los nacionalistas, con la siguiente pregunta: “¿Qué tiene que hacer un Estado, un gobierno, cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, corta las vías públicas, cuando realiza desórdenes públicos, cuando alguien está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania?”.
¿Que cual sería el papel de un gobierno? Un gobierno normal en una situación parecida no se habría dado por enterado mientras la información no estuviese probada. En todo caso, mantendría que, verdad o mentira, no tendría nada de raro que aquellos que habían dado un golpe de Estado y afirmaban que volverían a repetirlo fuesen vigilados por el Estado; sostendría que sería totalmente lógico que los que habían tenido contactos con potencias extranjeras, como Rusia, y con un dictador como Putin con la finalidad de conseguir ayuda para romper España, hubiesen sido investigados por los servicios secretos; y defendería que sería razonable que aquellos que movilizaron las fuerzas antisistema para incendiar toda Cataluña, cometer toda clase de sabotajes, que cortaron con gran violencia carreteras y servicios ferroviarios y que pretendieron apoderarse por la fuerza del aeropuerto de Barcelona fuesen fiscalizados por el CNI.
Pero la reacción de un gobierno Frankenstein sería muy distinta tal como así fue: indultaría a los golpistas, gobernaría con ellos, asumiría el lenguaje soberanista respecto al espionaje, desplazaría al ministro de la Presidencia a Barcelona a pedir disculpas y humillarse frente a un miembro de tercera fila del “Govern”, convocaría una rueda de prensa precipitadamente y por sorpresa para anunciar que hacía un año que el presidente del Gobierno y la ministra de Defensa habían sido también espiados. El hecho de publicitarlo –que resultaba un tanto insólito e incomprensible- adquirió sentido más tarde, al comprender que servía de pretexto para cesar a la directora del CNI y dar así satisfacción a los golpistas.
Margarita Robles tendría que haber sido consciente de ello, puesto que desde el primer momento, 2016, se situó al lado de Sánchez frente al Comité Federal, cuando manejaba ya la idea de realizar todas estas alianzas espurias, le acompañó en su hégira de las segundas primarias y formo parte desde el principio del Gobierno Frankenstein. No obstante, como otras muchas veces, se enfrentó cargada de razón a los independentistas. Ello no fue inconveniente para que más tarde, también como en otras ocasiones, cantase la palinodia. Fue todo un espectáculo. Hizo un tremendo papelón en la rueda de prensa en la que comunicó el cese (sustitución lo denominó ridículamente) de Paz Esteban como directora del CNI.
Hubo quien se preguntó acerca de la causa de que Margarita Robles no dimitiese. La pregunta no dejaba de ser ingenua. Quien admite gobernar apoyándose en golpistas, ¿por qué se iba a detener con bagatelas como la de participar en este aquelarre de dar satisfacción a los secesionistas con el cese de la directora del CNI?
Entonces, en estas mismas páginas afirmé que los independentistas no se iban a conformar con lo que habían obtenido y continuarían chantajeando al Gobierno. Así ha sido. Ahora se crea una comisión de investigación en el Congreso que va a colocar los servicios secretos patas arriba, y desarmar así un poco más al Estado, porque es comprensible que en adelante los empleados del CNI presenten muchas reticencias y suspicacias, y su labor se verá afectada por la indolencia . No deja de ser paradójico que esto se produzca cuando se va echar una manta de ocultamiento sobre los delitos de los golpistas.
El soberanismo, en su estrategia en interpretar todo en clave victimista, ha venido alentado sin ninguna prueba la tesis de la existencia de una mano negra del Estado tras los ataques terroristas en Barcelona. Acusa de tendenciosas las sentencias en las que ha desembocado la investigación policial, y que ocultan los vínculos del CNI con el líder de la célula islamista. Al tiempo responsabiliza al Gobierno español por la supuesta dejadez en la supervisión de la venta de materiales susceptibles de usarse como explosivos.
Son muchos los fallos, los errores y lagunas de información que han rodeado los atentados de Barcelona, desde la indolente actitud ante la información transmitida por la policía belga a la insuficiente investigación en la casa de Alcanar, cuando eran múltiples los factores insólitos que deberían haber hecho sospechar de la posibilidad de un atentado, tal como la misma jueza de guardia insinuó. Desde la resistencia a poner bolardos (Madrid nos va a decir a nosotros lo que tenemos que hacer), hasta la negativa a que actuasen la Policía Nacional y la Guardia Civil. Desde el hecho de que no había policía en Las Ramblas en el momento del atentado a la ausencia de información acerca de lo que en realidad ocurrió en Cambrils. Desde la falta de explicación de cómo se pudo escapar Younes tras el atropello de Las Ramblas, hasta saber cómo pudo estar cuatro días huido sin conocimiento de los mossos, y que solo dieran con él tras el aviso de una ciudadana. Desde saber por qué no se interrogó en el primer momento al único herido en la casa de Alcanar, a la razón de por qué tan solo dos terroristas han podido ser detenidos, resultando abatidos (como se dijo) todos los demás, y que, al margen de circunstancias legales y éticas, impide la posibilidad de contar con mucha más información de la célula terrorista y de los atentados.
Todos estos fallos y lagunas no son imputables al Estado sino a la Generalitat. Tienen un denominador común (al margen de las gotas de corporativismo que le era predicable a los Mossos como a cualquier otro colectivo): la arrogancia, la fachenda y la soberbia de los responsables políticos de la Generalitat que desde el primer momento quisieron instrumentalizar los atentados para ponerlos al servicio del “procés” y manifestar al mundo que son autosuficientes y mejores que lo que llaman el Estado español.
Carod Rovira el histórico presidente de Esquerra Republicana –aquel que se reunió en Perpiñán con la cúpula de ETA para pedirles que si querían atentasen contra España, pero no contra Cataluña-, afirmó sin rodeos que, después del atentado de Las Ramblas, el Estado español había desaparecido y que su espacio lo había ocupado la Generalitat de Cataluña: “Cataluña ha visto y comprobado que, a la hora de la verdad, frente a la emergencia de hacer frente a una adversidad criminal, había un Gobierno, una policía y una ciudadanía que estaban donde tenían que estar y a la altura de las circunstancias, que eran el Gobierno, la policía y la ciudadanía de Cataluña, no eran los de España”.
El jefe de prensa de Puigdemont, Pere Martí, siguió en Twitter la misma línea de argumentación del ex vicepresidente de la Generalitat. También el eurodiputado del PDeCAT Ramón Tremosa mantuvo en varias ocasiones una actitud parecida. Concretamente en la mañana del día 20, escribía, en un artículo publicado en el diario ARA titulado ‘Dos países, dos realidades’, la siguiente frase: “Cataluña sola se ha enfrentado a sus enemigos y los ha derrotado con eficacia. En la práctica, los catalanes han visto que ya tienen un Estado”. Y así se podían citar otros muchos testimonios.
Da la impresión de que a los independentistas les importaban muy poco los terroristas o las víctimas, tan es así que parece que estaban contentos y exuberantes por lo que consideraban un éxito en 37 años de autonomía. Contemplaban la respuesta dada al atentado por la Generalitat y los Mossos como un ensayo general del golpe de Estado que protagonizarían un mes más tarde. El soberanismo, que gracias a Sánchez se siente prepotente, vuelve a agitar, en estos momentos, la teoría de la conspiración, tira por tierra sin más las actuaciones de la Audiencia Nacional y abre su propio proceso. Más que investigación, elaboración de una farsa.
En las comisiones que se crean ahora en el Congreso los golpistas catalanes se constituyen en juez y parte. Claro que más juez y parte devienen con la ley de amnistía. Se van a amnistiar ellos mismos y condenar a los que les condenaron. Se me ocurre que la comisión realmente interesante seria la que tuviera por objeto investigar la trama económica del golpe de estado del 2017 en Cataluña y sus postrimerías. Tema que está totalmente inédito.
republico.com 30-11-2023
