ARTICULOS DEL 17/3/2023 AL 9/1/2024 CONTRAPUNTO

Entre los mantras que maneja Pedro Sánchez se encuentra la cantinela de que España no se va a partir. A lo que habría que contestarle que España se encuentra ya dividida. En este caso no me refiero, aunque sería posible hacerlo, al ingente cisma que Pedro Sánchez ha originado políticamente en la población española, sino a la fractura económica que impera en el ámbito territorial. Existen autonomías de primera y de segunda, e incluso de tercera. España se encuentra dividida como lo está Europa, entre países del norte y del sur, y como en general se halla la sociedad puesto que las clases, como las meigas, haberlas haylas. La diferencia radica en que en estos últimos casos, al menos en lo que debería ser el discurso de izquierdas, se tiende a la igualdad; en el ámbito territorial, por el contrario, el Gobierno formado por Sánchez y sus aliados conspiran para crear más y más diferencias.

Los acuerdos de gobierno firmados por el PSOE, y aplaudidos por Sumar, con los independentistas vascos y catalanes presagian el incremento de los desequilibrios y las desigualdades. Sobresale en ellos la posibilidad de transferir el cien por cien de los tributos a la Generalitat de Cataluña. Desde hace tiempo constituye una reclamación que vienen presentando los independentistas catalanes, gozar de un régimen fiscal similar al del País Vasco y Navarra. No hay que olvidar que, épica aparte, el ‘procés’ se inició ante la negativa de Rajoy en 2012 a conceder este singular sistema de financiación a Artur Mas. Y el 30 de noviembre de 2017, el entonces primer secretario del PSC, Miquel Iceta, escribía un artículo en el diario El Mundo, en el que proponía la cancelación de la deuda que la Generalitat tenía con el Estado (entonces era de 52.499 millones de euros) y la cesión del cien por cien de los tributos a la comunidad autónoma catalana. Como se ve, no solo los soberanistas tiran al monte.

No está mal que antes que nada recordemos que el régimen fiscal que supone el cupo es totalmente anómalo en la doctrina financiera del siglo XXI. Difícil de explicar en Europa, ante cuyas autoridades el Gobierno español ha tenido que comparecer a menudo para defenderlo. Es un régimen más propio de la Edad Media (aunque haya sido actualizado durante las guerras carlistas), en el que la realidad jurídica no se basaba en la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley sino en las concesiones, libremente otorgadas o arrancadas, del monarca. Cada territorio tenía sus fueros (privilegios). No existía un sistema fiscal universal propiamente dicho, sino que la Corona obtenía los recursos de cada territorio o ciudad (cupo), siendo luego las instituciones locales las encargadas de recaudar el gravamen entre los ciudadanos.

En 2017, cuando se aprobó por última vez la cuantía del cupo vasco, Margarita Robles arguyó en su defensa que el concierto es un hecho diferencial constitucionalmente reconocido. Tenía razón, pero también es verdad que, como todos los hechos diferenciales reclamados por los nacionalistas, pasan enseguida de hechos a privilegios. La sobrefinanciación, tanto del País Vasco como de Navarra, es un hecho, además de diferencial, irrefutable.

Existe, como es lógico, una cierta correlación entre la renta per cápita de las comunidades y el déficit o superávit de las llamadas balanzas fiscales, aun cuando el cálculo de estas mantenga siempre cierta relatividad. Es fruto de la política redistributiva del Estado, que debe concretarse también en el ámbito territorial. En la correlación de estas dos series, surge, sin embargo, una clara irregularidad, un hecho diferencial, podríamos afirmar. El del País Vasco y Navarra. Ocupan el segundo y tercer puesto en renta per cápita y, no obstante, ambos son receptores netos. Ciertamente en mucha mayor medida el País Vasco, que, según los últimos datos, presenta un saldo positivo superior al de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia y La Rioja. ¿Cómo no hablar de injusticia?

Pero centrémonos en Cataluña y en la petición de los independentistas de copiar al País Vasco y a Navarra. En primer lugar, Cataluña es una de las regiones más ricas de España, la cuarta en renta per cápita. Su nivel económico privilegiado no deriva, al igual que ocurre con todas las regiones ricas, de la excelencia propia o de ocupar un lugar privilegiado en la historia, sino de múltiples circunstancias aleatorias, entre las que se encuentra el trato recibido del Estado, y el juego de mercado, por ejemplo, el consumo del resto de España. A su vez, esa situación económica aventajada la convierte por la aplicación automática de la política redistributiva del Estado en contribuyente neto, al igual que en el orden personal los ciudadanos de mayores rentas presentan también de manera lógica un saldo negativo entre lo que contribuyen al Estado y lo que de este reciben. En el ámbito catalán se confunde con frecuencia este déficit con una infrafinanciación, cuando no es tal, sino el resultado racional de los mecanismos redistributivos de la Hacienda Pública, que compensan el reparto injusto del mercado.

El hecho de que en estos años la Generalitat haya presentado un mayor déficit y un incremento mayor en el nivel de endeudamiento que las otras comunidades, no obedece a los defectos que puedan existir en el sistema de financiación autonómica, sino en el destino que cada una de ellas ha dado a los fondos públicos. Es una evidencia, aunque no sea fácil cuantificarlo por ahora dada la complejidad administrativa de la Generalitat, que el llamado ‘procés’ ha absorbido una cantidad ingente de recursos, no solo a través de los organismos y entes públicos creados en la Administración con la única finalidad de garantizar, como se decía, una estructura de Estado, sino también engrasando toda esa inmensa máquina de publicidad y propaganda que ha funcionado sin escatimar gasto para ese objetivo: favores a medios de comunicación nacionales y extranjeros, públicos y privados, embajadas, pago de lobbies, subvenciones a asociaciones, etc.

Por otra parte, no es ningún secreto que el presidente de la Generalitat percibe la retribución más alta de las cobradas por los restantes presidentes de las comunidades autónomas, en algún caso el doble, y mayor que la del propio presidente del Gobierno español. La gravedad no se encuentra tanto en este dato aislado, sino en que, como es lógico suponer, ese alto nivel retributivo se extiende hacia abajo a toda la pirámide administrativa, consejeros, directores generales, etc., hasta el último auxiliar administrativo. Es pública y notoria la diferencia retributiva entre los Mossos d´Escuadra y la Guardia Civil y la Policía Nacional. Pero me temo que eso mismo se podría afirmar de casi todos los empleados públicos.

Es preciso tener en cuenta que en el tema de la financiación autonómica no hay nada gratuito. El dinero que se destina a una comunidad no se destina a otras, bien directamente o bien detrayéndose del presupuesto del Estado, que afecta a todas las comunidades. Es un sistema de suma cero. Con lo que en esta materia no debería haber negociaciones bilaterales sino multilaterales, de todas las comunidades.

La cesión del cien por cien de la recaudación a las autonomías, es decir, que los recursos recaudados por los impuestos en una comunidad se queden en ella, significaría la ruptura de la función de redistribución del Estado en el ámbito interregional, porque no habrá fondo que pueda compensar el desequilibrio creado. La redistribución únicamente se ejercería entre los ciudadanos de cada comunidad autónoma. Lógicamente serían las regiones ricas las que saldrían altamente beneficiadas, mientras constituiría un desastre económico para las menos favorecidas. Por eso lo reclaman los independentistas catalanes. Qué diríamos si Amancio Ortega, Rafael del Pino, Juan Roig o las Koplowitz dijesen algo así como “deseo más autonomía, yo me quedo con mis impuestos y me hago cargo de sufragar mi sanidad, mi pensión, la educación de mis hijos, etc. Eso sí, no pido nada para mí que no pida para los demás, el barrendero también puede hacer lo mismo”.

Así ocurre en la Unión Europea, en la que no se aplica ninguna política redistributiva entre países. Es lo que algunos criticamos de ella y lo que parece que censuraban también gran parte de los que ahora se prestan a aplicar los mismos parámetros dentro de España entre las comunidades autónomas. He ahí la enorme contradicción. Todo por siete votos.

Existe bastante paralelismo entre la situación fiscal de Europa y las aspiraciones soberanistas de Cataluña. Así lo ve Thomas Piketty en su obra “Capital e ideología”: No hay ninguna duda que la politización de la cuestión catalana habría sido totalmente distinta si la Unión Europea contara con un presupuesto federal europeo, como es el caso de Estados Unidos, financiado por impuestos progresivos sobre la renta y sobre las sucesiones a nivel federal. Si la parte esencial de los impuestos por las rentas altas catalanas alimentara el presupuesto federal como es el caso en Estados Unidos, la salida de España tendría un interés limitado para Cataluña desde el punto de vista económico. Para huir de la solidaridad fiscal, habría hecho falta huir de Europa con el riesgo de ser excluido del gran mercado europeo, lo que tendría un coste redhibitorio a ojos de muchos catalanes independentistas”.

Implantar el sistema del cupo en Cataluña conllevaría también la transferencia de la capacidad normativa. Esa competencia la tienen ya, aunque limitada, las autonomías con respecto a los tributos propios y cedidos, lo que constituye un problema. Problema que adquiriría mayores proporciones si se ampliase la cesión, puesto que se crean presiones fiscales diferentes según donde uno viva y, lo que es peor, se establecería una competencia desleal entre las comunidades, el llamado dumping fiscal, que daña la recaudación y la progresividad de los impuestos. En Europa lo estamos sufriendo entre países, pero reproducirlo a nivel regional es nefasto. No creo que sea la medida más adecuada para ser defendida por la izquierda. La paradoja se encuentra en que ha sido la Generalitat la que más ha protestado contra unas autonomías (principalmente Madrid) porque aplicaban su capacidad normativa en los tributos propios.

El resultado sería también funesto para la administración fiscal. Trocear la Agencia Tributaria crearía el caos en la gestión de los tributos y obstaculizaría gravemente la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Se dirá que todo esto ocurre ya con el País Vasco y Navarra. Y es verdad, pero un error no se corrige con más equivocaciones. Hay que tener en cuenta que Cataluña tiene mucha más importancia relativa. Su PIB es el 20 % del PIB nacional.

No se puede olvidar tampoco que las autoridades de una de las comunidades autónomas más ricas han utilizado el inmenso poder que les concedía estar al frente de la Administración autonómica para crear toda una estructura sediciosa capaz de subvertir el orden constitucional y romper la unidad del Estado. La amenaza ha sido tanto mayor cuanto que Cataluña es una de las comunidades con mayores competencias. El peligro está lejos de disiparse, por lo que no parece demasiado acertada la política de conceder cotas de autogobierno más elevadas, más medios, para que en otro momento se puedan volver contra el Estado y, entonces sí, tener éxito. La estrategia debería ser más bien la de limitar en la medida necesaria las competencias de la Generalitat para que nunca más se pueda repetir un hecho tan aciago. Un factor que ha contribuido decisivamente al fracaso de la supuesta república independiente es la ausencia de una hacienda pública propia. Sin ella, resulta muy difícil, por no decir casi imposible, cortar lazos con el Estado. El dinero manda. Es por tanto disparatada la propuesta de ceder la gestión y la recaudación de todos los tributos a la Generalitat.

Los empresarios catalanes han jugado siempre a la ambigüedad. Muchos de ellos han sido cómplices del nacionalismo. Mientras todo se reducía a gritar que España nos roba y obtener así prebendas y privilegios frente a otras comunidades, estaban de acuerdo y colaboraron con entusiasmo, por la cuenta que les traía. No obstante, se asustaron cuando vieron que el tema iba demasiado lejos, que se rompía la legalidad y ello podía acarrear consecuencias económicas muy graves. Hace tiempo que Sánchez Llibre, mostró ya por dónde iban sus inclinaciones: nada de independencia, pero sí un nuevo estatuto. Insinuó que el problema podría terminar y los secesionistas conformarse si en ese estatuto se reconociese a Cataluña como nación y se dotase a la Generalitat de un sistema de financiación similar al que disfrutan el País Vasco y Navarra.

No tiene nada de extraño que el empresario catalán piense así. Lo que sí parece más raro, si no estuviésemos curados de espanto, es el silencio de las organizaciones sindicales ante un proyecto que va a incrementar más y más las diferencias entre regiones y que, como es lógico, se traducirá en una mayor desigualdad entre los ciudadanos.

Dotar a Cataluña de un sistema de financiación parecido al del País Vasco y Navarra sería catastrófico. Ampliaría las múltiples distorsiones que produce el concierto existente con estas dos últimas autonomías, y cuya legalidad nunca se debería haber introducido en la Constitución. El cupo catalán dañaría gravemente la política redistributiva del Estado en el plano territorial, y se dotaría a los secesionistas de un instrumento esencial, una hacienda pública propia, para aumentar sus probabilidades de éxito en una nueva intentona golpista.

republica.com 7- 12- 2023

He desconfiado siempre de las comisiones de investigación del Congreso. Creo que no sirven para nada. Nunca descubren algo que no hayan averiguado ya la policía o lo tribunales. Es más, no solo son inútiles, sino que pueden conducir a la confusión. Me parecen hasta peligrosas Campo abonado de los charlatanes que están dispuestos a contar lo que es y lo que no es con tal de estar un día en el proscenio. Tienen como única finalidad ser armas en la lucha política para la descalificación y la censura al adversario. Las conclusiones suelen ser siempre tendenciosas. Rara vez son reflejos de la realidad, sino más bien de la verdad que quiere la mayoría. A menudo podrían escribirse antes de empezar la labor de la propia comisión.

Es lógico, por tanto, que considere como muy perniciosas las tres registradas últimamente en el Congreso. Una a instancias de ERC, EH Bildu y BNG sobre el espionaje e intromisión en la privacidad e intimidad, a través de los malware Pegasus y Candiru, de personajes políticos. Las otras dos, por los grupos parlamentarios de Junts y PNV. La primera sobre el derecho a saber la verdad acerca de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017; y la segunda referida a la denominada Operación Catalunya y las actuaciones del Ministerio del Interior durante los gobiernos del Partido Popular.

Las tres parten de los compromisos adquiridos por el PSOE y Sumar con los secesionistas. Primero para la constitución de la Mesa del Congreso. Segundo en los acuerdos firmados por el sanchismo y Junts en Waterloo. En realidad, las tres comisiones persiguen el mismo objetivo, hacer pasar a los golpistas y soberanistas por víctimas de un Estado fascista y opresor, y poner en la picota a los servidores públicos, especialmente a los jueces y a los policías. Todo ello dirigido a la opinión pública internacional. Se trata de propagar su discurso e imponerlo como relato cierto. Lo grave es que el gobierno de España está sirviendo de coartada y de garantía de la veracidad de sus planteamientos.

Las comisiones según las propuestas tendrían la siguiente composición: tres representantes de cada grupo parlamentario que conste de más de 100 diputados, dos de cada grupo entre 10 y 100 diputados y uno por cada grupo restante. Dada la generosa creación de grupos parlamentarios que se ha permitido en la cámara, (en teoría para primar a las minorías, pero en realidad en esta ocasión para apuntalar a la mayoría), la representación de la alianza Frankenstein será apabullante y podrán concluir lo que deseen. La oposición no tendrá nada que hacer. Todo será un teatro para que los sediciosos impongan su discurso victimista, aplaudidos por el PSOE y Sumar, que están dispuestos a lo que haga falta para no perder el poder.

La gravedad mayor del asunto aparece cuando consideramos el siguiente párrafo del papel infame que Santos Cerdán firmó en Waterloo, “Las conclusiones de las comisiones de investigación de esta legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto de lawfare o judicialización de la política. Esto, a su vez, podría dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”.

Párrafo introducido con dos finalidades. En primer lugar, para poder incluir en la amnistía a presuntos delincuentes cuyo delito nada tienen que ver con el “procés”, tales como Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, acusado de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico, o a Laura Borràs, procesada por corrupción en la adjudicación de contratos públicos. Se pretende dar la versión de que ambos, y otros muchos que seguro quieren incorporar al lote, han sido imputados injustamente en una persecución por motivos políticos, y por significarse en el proceso de la independencia de Cataluña.

En segundo lugar, enjuiciar a los jueces. Abrir una caza de brujas y un proceso inquisitorial a los tribunales. Como en cualquier proceso inquisitorial, todo será apañado y conformado de acuerdo con los intereses del tribunal que en este caso será la alianza Frankenstein. Este macartismo a la española comenzará por los policías y los servicios secretos. En realidad, ya se inició en la legislatura pasada con el cese de Paz Esteban como directora del CNI, a petición de los golpistas.

La noticia había aparecido en un periódico de Canadá sin viso alguno de veracidad acerca de que se había investigado con el programa Pegasus a una serie de independentistas catalanes. El reportaje carecía de la menor relevancia a no ser porque los secesionistas, que en parte lo habían propiciado, vieron una excelente ocasión para hacerse de nuevo las víctimas. Puigdemont y unos cuantos acólitos se apostaron con pancartas a las puertas del Parlamento europeo quejándose de que les habían espiado. Y Rufián, en el Parlamento español, se mostró abatido y deprimido porque se estaba poniendo en peligro la democracia, y lo decía precisamente él que era y es portavoz de un partido que violó todas las leyes democráticas con la finalidad de transgredir la Constitución y que pretendió romper el Estado.

Margarita Robles tenía toda la razón cuando en el Congreso se enfrentó muy digna a los nacionalistas, con la siguiente pregunta: “¿Qué tiene que hacer un Estado, un gobierno, cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, corta las vías públicas, cuando realiza desórdenes públicos, cuando alguien está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania?”.

¿Que cual sería el papel de un gobierno?  Un gobierno normal en una situación parecida no se habría dado por enterado mientras la información no estuviese probada. En todo caso, mantendría que, verdad o mentira, no tendría nada de raro que aquellos que habían dado un golpe de Estado y afirmaban que volverían a repetirlo fuesen vigilados por el Estado; sostendría que sería totalmente lógico que los que habían tenido contactos con potencias extranjeras, como Rusia, y con un dictador como Putin con la finalidad de conseguir ayuda para romper España, hubiesen sido investigados por los servicios secretos; y defendería que sería razonable que aquellos que movilizaron las fuerzas antisistema para incendiar toda Cataluña, cometer toda clase de sabotajes, que cortaron con gran violencia carreteras y servicios ferroviarios y que pretendieron apoderarse por la fuerza del aeropuerto de Barcelona fuesen fiscalizados por el CNI.

Pero la reacción de un gobierno Frankenstein sería muy distinta tal como así fue: indultaría a los golpistas, gobernaría con ellos, asumiría el lenguaje soberanista respecto al espionaje, desplazaría al ministro de la Presidencia a Barcelona a pedir disculpas y humillarse frente a un miembro de tercera fila del “Govern”, convocaría una rueda de prensa precipitadamente y por sorpresa para anunciar que hacía un año que el presidente del Gobierno y la ministra de Defensa habían sido también espiados. El hecho de publicitarlo –que resultaba un tanto insólito e incomprensible- adquirió sentido más tarde, al comprender que servía de pretexto para cesar a la directora del CNI y dar así satisfacción a los golpistas.

Margarita Robles tendría que haber sido consciente de ello, puesto que desde el primer momento, 2016, se situó al lado de Sánchez frente al Comité Federal, cuando manejaba ya la idea de realizar todas estas alianzas espurias, le acompañó en su hégira de las segundas primarias y formo parte desde el principio del Gobierno Frankenstein. No obstante, como otras muchas veces, se enfrentó cargada de razón a los independentistas. Ello no fue inconveniente para que más tarde, también como en otras ocasiones, cantase la palinodia. Fue todo un espectáculo. Hizo un tremendo papelón en la rueda de prensa en la que comunicó el cese (sustitución lo denominó ridículamente) de Paz Esteban como directora del CNI.

Hubo quien se preguntó acerca de la causa de que Margarita Robles no dimitiese. La pregunta no dejaba de ser ingenua. Quien admite gobernar apoyándose en golpistas, ¿por qué se iba a detener con bagatelas como la de participar en este aquelarre de dar satisfacción a los secesionistas con el cese de la directora del CNI?

Entonces, en estas mismas páginas afirmé que los independentistas no se iban a conformar con lo que habían obtenido y continuarían chantajeando al Gobierno. Así ha sido. Ahora se crea una comisión de investigación en el Congreso que va a colocar los servicios secretos patas arriba, y desarmar así un poco más al Estado, porque es comprensible que en adelante los empleados del CNI presenten muchas reticencias y suspicacias, y su labor se verá afectada por la indolencia . No deja de ser paradójico que esto se produzca cuando se va echar una manta de ocultamiento sobre los delitos de los golpistas.

El soberanismo, en su estrategia en interpretar todo en clave victimista, ha venido alentado sin ninguna prueba la tesis de la existencia de una mano negra del Estado tras los ataques terroristas en Barcelona. Acusa de tendenciosas las sentencias en las que ha desembocado la investigación policial, y que ocultan los vínculos del CNI con el líder de la célula islamista. Al tiempo responsabiliza al Gobierno español por la supuesta dejadez en la supervisión de la venta de materiales susceptibles de usarse como explosivos.

Son muchos los fallos, los errores y lagunas de información que han rodeado los atentados de Barcelona, desde la indolente actitud ante la información transmitida por la policía belga a la insuficiente investigación en la casa de Alcanar, cuando eran múltiples los factores insólitos que deberían haber hecho sospechar de la posibilidad de un atentado, tal como la misma jueza de guardia insinuó. Desde la resistencia a poner bolardos (Madrid nos va a decir a nosotros lo que tenemos que hacer), hasta la negativa a que actuasen la Policía Nacional y la Guardia Civil. Desde el hecho de que no había policía en Las Ramblas en el momento del atentado a la ausencia de información acerca de lo que en realidad ocurrió en Cambrils. Desde la falta de explicación de cómo se pudo escapar Younes tras el atropello de Las Ramblas, hasta saber cómo pudo estar cuatro días huido sin conocimiento de los mossos, y que solo dieran con él tras el aviso de una ciudadana. Desde saber por qué no se interrogó en el primer momento al único herido en la casa de Alcanar, a la razón de por qué tan solo dos terroristas han podido ser detenidos, resultando abatidos (como se dijo) todos los demás, y que, al margen de circunstancias legales y éticas, impide la posibilidad de contar con mucha más información de la célula terrorista y de los atentados.

Todos estos fallos y lagunas no son imputables al Estado sino a la Generalitat. Tienen un denominador común (al margen de las gotas de corporativismo que le era predicable a los Mossos como a cualquier otro colectivo): la arrogancia, la fachenda y la soberbia de los responsables políticos de la Generalitat que desde el primer momento quisieron instrumentalizar los atentados para ponerlos al servicio del “procés” y manifestar al mundo que son autosuficientes y mejores que lo que llaman el Estado español.

Carod Rovira el histórico presidente de Esquerra Republicana –aquel que se reunió en Perpiñán con la cúpula de ETA para pedirles que si querían atentasen contra España, pero no contra Cataluña-, afirmó sin rodeos que, después del atentado de Las Ramblas, el Estado español había desaparecido y que su espacio lo había ocupado la Generalitat de Cataluña: “Cataluña ha visto y comprobado que, a la hora de la verdad, frente a la emergencia de hacer frente a una adversidad criminal, había un Gobierno, una policía y una ciudadanía que estaban donde tenían que estar y a la altura de las circunstancias, que eran el Gobierno, la policía y la ciudadanía de Cataluña, no eran los de España”.

El jefe de prensa de Puigdemont, Pere Martí, siguió en Twitter la misma línea de argumentación del ex vicepresidente de la Generalitat. También el eurodiputado del PDeCAT Ramón Tremosa mantuvo en varias ocasiones una actitud parecida. Concretamente en la mañana del día 20, escribía, en un artículo publicado en el diario ARA titulado ‘Dos países, dos realidades’, la siguiente frase: “Cataluña sola se ha enfrentado a sus enemigos y los ha derrotado con eficacia. En la práctica, los catalanes han visto que ya tienen un Estado”. Y así se podían citar otros muchos testimonios.

Da la impresión de que a los independentistas les importaban muy poco los terroristas o las víctimas, tan es así que parece que estaban contentos y exuberantes por lo que consideraban un éxito en 37 años de autonomía. Contemplaban la respuesta dada al atentado por la Generalitat y los Mossos como un ensayo general del golpe de Estado que protagonizarían un mes más tarde. El soberanismo, que gracias a Sánchez se siente prepotente, vuelve a agitar, en estos momentos, la teoría de la conspiración, tira por tierra sin más las actuaciones de la Audiencia Nacional y abre su propio proceso. Más que investigación, elaboración de una farsa.

En las comisiones que se crean ahora en el Congreso los golpistas catalanes se constituyen en juez y parte. Claro que más juez y parte devienen con la ley de amnistía. Se van a amnistiar ellos mismos y condenar a los que les condenaron. Se me ocurre que la comisión realmente interesante seria la que tuviera por objeto investigar la trama económica del golpe de estado del 2017 en Cataluña y sus postrimerías. Tema que está totalmente inédito.  

republico.com 30-11-2023

Hay cuestiones que no necesitan ninguna explicación, son evidentes por sí mismas; pero, en contra de lo que afirmaba Hegel, no toda la realidad es racional. Existen muchas personas que están dispuestas a tragarse las mayores fábulas con tal de no crearse problemas, especialmente si van a favor de sus intereses. Uno tendería a pensar que plantearse el motivo por el que se quiere aprobar una ley de amnistía carece de cualquier lógica. Es una pregunta inútil. La causa, al igual que la de los indultos o la modificación del Código Penal para eliminar el delito de sedición o la rebaja de la malversación, está a la vista. Resulta palmaria.

Desde luego no existe ninguna duda acerca de la motivación de los independentistas. Y está igual de clara que la del resto de los miembros de la alianza Fraankenstein es la permanencia en el gobierno. Sánchez durante la campaña electoral mantuvo tajantemente que él no mentía, solo cambiaba de opinión, y en cierta forma es verdad puesto que no tiene ninguna convicción y solo un único objetivo: el poder. Cambia de criterio según se modifican las circunstancias, pero no las económicas, ni sociales, ni siquiera las políticas, en el sentido noble del término. Las innovaciones que toma en cuenta son tan solo el número de diputados que le faltan para tener mayoría y, por lo tanto, las exigencias que los dueños de esos escaños le reclaman para garantizar su permanencia.

Esa es la única y verdadera razón tanto de la defensa de la amnistía como de todas las concesiones que el gobierno Frankenstein ha venido aceptando hasta ahora. Cualquier otra es pura fantasía, pero así y todo, a tenor de los resultados del 23 de julio, hay que reconocer que han sido muchos los que han dado pábulo al dislate de las falacias construidas. Es por eso por lo que, contra toda lógica, haya que entrar a debatir unos argumentos que son simplemente la excusa para ocultar lo que es evidente, que el único motivo que existe es comprar a cualquier precio el gobierno de la nación, no perder los sillones.

Si Sánchez no hubiese necesitado de todas las excreciones del Frankenstein para mantenerse en el poder no habría habido ni mesa de diálogo, ni indultos, ni la eliminación del delito de sedición, ni modificación del de malversación, ni la Abogacía del Estado hubiese cambiado, de rebelión a sedición, la calificación de lo ocurrido con el “procés”. Seguramente tampoco se hubieran acercado, por lo menos al ritmo y en el número que se ha hecho, los presos de ETA a Euskadi, ni se hubiesen dado las otras concesiones realizadas a los independentistas vascos y catalanes. Es más, si el 23 de julio los resultados no hubiesen sido desfavorables al conjunto Frankenstein, y no tuvieran necesidad de sumar a Puigdemont y a sus huestes, no estaríamos hablando de amnistía, ni de relator, ni de referéndum, ni de condonación de deuda, ni de cupo, ni de “España nos roba”, ni siquiera Francina Armengol sería hoy presidenta de las Cortes, ni se habría convertido el Congreso en una nueva torre de Babel, cometiendo el disparate de hablar varias lenguas cuando todos los diputados se entienden perfectamente en una, que además es la oficial de todos los españoles.

Desde la pura lógica es imposible creer que lo que se pretende es la pacificación de Cataluña. Cataluña, en el sentido a que se refiere el nuevo caudillo, quedó pacificada una vez que se aprobó el 155 y actuó el poder judicial, y sin duda hubiese quedado más aún de haberse aplicado más enérgicamente y durante más tiempo la intervención de la Generalitat, tal como hubiese sido lógico a no ser por la renuencia del PSOE.

Los pactos y las cesiones de Sánchez para lo único que han servido es para dar alas al independentismo, insuflándoles fuerzas y nuevas esperanzas e ilusiones. Los han hecho más fuertes y prepotentes. No es cierto que los resultados del 23 de julio muestren un retroceso del soberanismo. Si los partidos secesionistas obtuvieron peores resultados se debió tan solo a que tratándose de unas elecciones generales una parte de sus partidarios, los más irredentos, se inclinó por el boicot al Estado español y a las elecciones, originando la reducción de la participación en Cataluña, y otra parte pensó que en esta tesitura era más práctico y más eficaz para los intereses soberanistas votar al PSC que a los propios secesionistas.

Esa es también una de las razones de que Sánchez obtuviera un millón de votos más. Otras fueron el trasvase que recibió del resto de partidos que se autodenominan de izquierdas (Podemos, etc.), y la menor abstención en toda España que condujo a que todas las formaciones políticas obtuviesen más votos por escaño. Ello al menos relativiza el argumento de que ese millón de votos, significaba que la sociedad española había ratificado de alguna manera los desmanes de los cuatro años pasados. El castigo electoral aparece de forma más clara cuando se considera el del gobierno Frankenstein en su conjunto. El desgaste es evidente y de ahí la necesidad de acudir a todo lo que se mueve en los suburbios, incluso a Puigdemont, y que Sánchez se someta a todo tipo de afrentas y, con él, humille al conjunto del Estado español. Otra cosa es que el castigo no haya sido suficiente para evitar la formación de otro Frankenstein bastante peor que el anterior.

Al margen de resultados electorales, las cesiones y la pasividad de Sánchez solo han servido para que el independentismo se encuentre más crecido que nunca e imponga en Cataluña, al margen de la ley, todas sus tesis. Poco a poco va recobrando fuerzas (embajadas, educación, boicot al jefe del Estado, leyes inconstitucionales, etc.) y se divide más y más a la sociedad catalana. En ella se puede estar produciendo lo que se daba y aún se debe seguir dando en el País Vasco, por una parte, la hégira hacia el exterior de un cierto número de ciudadanos que no comulgan con el independentismo y se sienten en terreno hostil y, por otra, que el tema político inconscientemente se evite a menudo en las conversaciones particulares con la finalidad de que no surjan conflictos.

No, ni la amnistía ni las cesiones anteriores ni las muchas que se produzcan en el futuro van a ayudar a la reconciliación en Cataluña. Todo lo contrario. Cuanto más ibuprofeno, más hinchazón. Menos aun van a contribuir a la unión de Cataluña con el resto de España. El supremacismo, la arrogancia y la insolencia de los independentistas, unidos a un falso victimismo que exige privilegios económicos frente a las otras regiones menos afortunadas, solo pueden despertar el rechazo en las otras comunidades autónomas. Cada día la brecha entre Cataluña y el País Vasco con el resto de España es mayor. Y es inevitable que se agrande si se continúa por el camino que Sánchez está trazando.

Pero Sánchez, desde sus inicios en la vida pública, se ha esforzado por abrir una escisión mucho mayor en la sociedad española. Habiendo sacado en 2016 los peores resultados de su formación política, lejos de dimitir como Almunia y Rubalcaba, acarició la idea de hacerse a pesar de todo con el gobierno. Sabía que la única posibilidad que tenía era establecer una fosa insalvable con el PP que era el partido que había ganado las elecciones. De ahí el “no es no”. Desde entonces ha utilizado una fantasmagórica división entre izquierda y derecha. Cosa curiosa precisamente cuando la globalización y la Unión Monetaria hacen más difícil distinguir a la una de la otra.

Ha aprovechado el fundamentalismo de siglas existente en la sociedad y en la política españolas, por otra parte sin demasiado contenido ideológico, para establecer un cordón sanitario y una división maniquea de una izquierda y una derecha construidas a su conveniencia.

En la primera, situó partidos tan progresistas como el PNV (“Dios y ley vieja”) o los herederos de CiU (3%), que se han comportado a lo largo de todos los años de democracia como las fuerzas más reaccionarias. Solo hay que repasar las actas del Congreso para darse cuenta de dónde han estado siempre sus intereses: claramente a favor del poder económico y defendiendo la distribución más regresiva de la renta y la riqueza en el orden territorial. A ellos, ha añadido además todas las fuerzas montaraces que aun cuando se llamen de izquierdas malamente pueden serlo teniendo, como principal objetivo, privilegiar a las regiones ricas frente a las pobres, y así mismo a otras formaciones del mismo estilo que justifican el terrorismo y si no lo practican es tan solo porque estratégicamente no lo creen conveniente.

A este maremagno secesionista, agrega también, ese conjunto de confluencias de todo tipo que se denominan progresistas, incluso radicales, y cuyos miembros lo que realmente tienen es un empacho mental muy considerable y un enorme grado de inmadurez e inexperiencia y que, olvidando que vivimos en un mundo globalizado y en la Unión Europea, pueden proponer las medidas más disparatadas y contraproducentes precisamente para los objetivos que dicen perseguir. Buena prueba de ello es que se colocan a favor de las exigencias independentistas frente al Estado de derecho, sin considerar que, en realidad, tales reivindicaciones se reducen a establecer en el orden territorial el supremacismo y las diferencias, del mismo modo que las clases altas lo pretenden en el ámbito personal. En el mejor de los casos este conglomerado se identifica con un bolivarianismo que no ha tenido muy buenos resultados en América Latina, pero que desde luego puede resultar nefasto en Europa.

Y coronando todo ello aparece ese sindicato de intereses y de empleo en que Sánchez ha convertido al partido socialista. Bien es verdad que esa transformación únicamente ha sido posible porque esta formación política  había perdido ya toda musculatura. Muchos años de transición de la socialdemocracia al socialiberalismo y un periodo largo de zapaterismo, presidido por la superficialidad, la frivolidad y la estulticia, han creado las condiciones necesarias para la mutación.

Con todos estos elementos, Sánchez construye su ejército, su gobierno al que llama de progreso y que no pasa de ser un populismo mal avenido. Frente al cual, y separado con una enorme muralla y como única alternativa crea un fantoche al que denomina la derecha y en el que engloba sin distinción alguna todo aquello que se le opone. Lo define como el imperio del mal. Predica de la totalidad los posibles errores o inconveniencias que hayan podido cometer alguno de sus componentes, quizás los más extremistas, como si el extremismo no existiese entre sus filas. Exagera hasta el límite. (véase mi artículo del 10 de agosto publicado en este mismo digital titulado “¿Qué sería de Sánchez sin Vox?”).

Sánchez utiliza todos los medios posibles para acentuar esta división, remontándose si es necesario hasta la guerra civil o hasta Franco. Todos los que no están con él son franquistas o fascistas. Incluso se califica así a todos aquellos que de una u otra manera, en algunos casos a costa de ir a cárcel, lucharon contra la dictadura. Y tales exabruptos parten a menudo de quienes han nacido ya en la democracia.

El presidente del Gobierno, en el Comité Federal del PSOE, proclamó con tono enfático que defiende la amnistía por España, por el interés de España. Esta foto pasará a la historia como uno de los mayores actos de felonía. Ni esta medida ni las otras concesiones que ya se han instrumentado o que se van a implantar favorecerán la concordia. Todo lo contrario, creo que van a incrementar la división en Cataluña, y entre esta Comunidad y el resto de España, e inclusive van a ahondar el fraccionamiento en toda la sociedad española.

Acto de felonía es dar a entender que todo resulta lícito con tal de impedir la alternancia. Es la muerte de la democracia. ¿Por España, por el interés de España? No, por el interés de los golpistas, por la ambición y por la egolatría de Sánchez. Lo que no entiendo muy bien es lo de nuestro vecino Antonio Costa, teniendo mayoría en el Parlamento, en lugar de haber dimitido podría haber aprobado una ley de amnistía. Se habría justificado afirmando que su intención radicaba en no dar ocasión de gobernar a la derecha. Todo por Portugal, por el interés de Portugal.

Republica 10-11-2023