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ARTICULOS DEL 17/3/2023 AL 9/1/2024 CONTRAPUNTO

CALVIÑO, EN ECONOMÍA, CUATRO AÑOS PERDIDOS

11-12-2023, ECONOMÍA, HACIENDA PÚBLICA, SANCHISMO Posted on Jue, enero 04, 2024 19:44:33

Nadia Calviño, en un acto del Partido Socialista gallego, al más puro estilo mitinero -lo que quizás no cuadra mucho con una futura presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI)-, gritó: “Hay que respetar las instituciones. Es de primero de democracia. Cuando el presidente del gobierno llama a alguien para que vaya a la Moncloa, se va. Feijóo está ya llegando tarde”. Si tú me dices ven, lo dejo todo, como en el bolero, o en los versos de Amado Nervo. Bien es verdad que en el orden práctico quizás Feijoo debería ir a Waterloo o a Ginebra a entrevistarse con Puigdemont, que parece ser el que manda en España. Tan es así, que Sánchez reconoce que a lo mejor se ve obligado a entrevistarse con el prófugo antes de la amnistía. Él, simplemente se atreve a expresar un deseo, que preferiría que fuera después.

Calviño en ese mitin quizás estaba pensando en ella misma, cuando acudió presta, casi corriendo, al llamamiento de Sánchez para ser ministra de Economía, sin importarle demasiado que iba a pertenecer a un gobierno Frankenstein, es decir, nombrado por golpistas y filoetarras, y que eso aparecería siempre como un baldón en su carrera, por muchos puestos que con su ayuda escalase en la vida profesional.

En realidad, parece que su objetivo era retornar lo antes posible a la Unión Europea como comisaria. La contrariedad consistió en que se cruzó por medio Borrell y ambos nombramientos resultaban incompatibles. En su carrera, siempre estuvo dispuesta a lanzar la candidatura a los puestos internacionales. Primero fue al Comité Monetario y Financiero Internacional del FMI; más tarde, a la presidencia del Eurogrupo. En ambas ocasiones, sin éxito. A la tercera -más bien a la cuarta- ha sido la vencida, la presidencia del BEI.  Alegría grande para Calviño, pero también para Sánchez que, no contento con colonizar las instituciones españolas, considera un triunfo de su Gobierno colocar a uno de los suyos en algún puesto internacional.

Pero en política exterior las cosas funcionan de otra manera. Los nombramientos no se realizan por la valía y capacidad del candidato. En ese aspecto no hay demasiada diferencia con los nombramientos nacionales. Tampoco interviene la valoración que se tenga del gobierno proponente. Cuenta, sobre todo, la importancia relativa del Estado de origen y principalmente las contrapartidas que este pueda ofrecer a los otros Estados o a la propia organización. Así ocurrió en el pasado, en 2012, con la ministra de Igualdad de Zapatero, Bibiana Aído, que fue nombrada asesora especial de la ONU gracias a ser España uno de los países que más donó (200 millones de euros) entre 2006 y 2012 a ONU mujeres.

La designación de Calviño ha venido rodeada de asuntos bastante sospechosos, que inducen a pensar que el invento nos va a salir un poco caro. Por una parte, las cesiones en la financiación de Siemens Gamesa en favor de Alemania y la promesa a Francia de flexibilizar la posición de España en el tema de la energía atómica, amén del compromiso de la futura presidenta de que el BEI financiaría proyectos de este tipo de energía.

Por otra parte, y sobre todo, la pérdida de toda posibilidad de que la Agencia antiblanqueo de la Unión Europea se estableciese en Madrid, con lo que se renuncia a una inversión de muchos cientos de millones de euros y a la generación de más de 1.000 empleos directos. Es muy posible que lo que se quiere vender como una buena noticia para España no lo sea tanto, especialmente porque, en contra de lo que se dice, el nombramiento apenas va a repercutir en nuestro país.

La todavía ministra está contenta, ha logrado ese objetivo que se había fijado cuando acudió a la llamada del presidente del Gobierno en ese primer curso de democracia. Todo tiene un precio. A lo largo de estos años ha tenido que aprender mucha más democracia, la trazada por Sánchez en su realidad paralela. Ha sido una buena alumna en la representación y día a día nos ha ido mostrando un panorama económico que muy poco tenía que ver ni con los hechos ni con los datos.

Al escribir en estos últimos meses un libro que acabo de entregar a la editorial El viejo topo, dedicado a analizar desde casi todos los ángulos estos cuatro últimos años aciagos, me he dado cuenta de hasta qué extremo la ministra de Economía (y por supuesto también todo el Gobierno) no ha perdido ocasión para  presentar en un tono absolutamente triunfalista un panorama idílico totalmente alejado de la realidad. Ha calificado a nuestra economía de robusta, la locomotora de Europa; incluso, copiando el lenguaje cheli de Sánchez, nos ha dicho que va como una moto.

Importaba poco no acertar en las previsiones. Ello no minoraba lo más mínimo su jactancia y suficiencia. Este periodo, lejos de caracterizarse por la prosperidad y la bonanza que ha venido describiendo en todo momento la ministra de Economía, han sido cuatro años perdidos. Nos hemos empobrecido. En este lapso de tiempo, la renta per cápita no solo no ha crecido, sino que se ha reducido casi un 4 %.

Se nos dirá que han sido tiempos malos, la epidemia, la guerra, etc. Lo cual es cierto, pero las circunstancias desfavorables han afectado a todos los países. Esta variable, tanto en la eurozona como en la Unión Europea, no solo se ha recuperado, sino que también se ha incrementado un 1 % respecto a los niveles previos a la epidemia. El mismo comportamiento han experimentado las rentas per cápita de Italia y de Francia. Incluso en Alemania, a pesar de ser sin duda al Estado que por su proximidad y dependencia de Rusia más le está afectando la crisis, hoy por hoy se mantiene.

La evolución ha sido mucho mejor en otros países como Portugal (3%), o Grecia (7%) y no digamos en los países que no pertenecen a la Unión Monetaria: Dinamarca y Suiza (4%), Polonia (6%), Hungría (8%), Bulgaria (11%), Rumania (15%). No parece que a estas economías les vaya tan mal fuera de la eurozona. Es una cuestión que sin duda nos deberíamos plantear, pero ello daría para otro artículo.

Como no podía ser de otro modo, la evolución del PIB se encuentra en consonancia con estos datos. España ha sido el país de la Unión Europea que ha tardado más en alcanzar el nivel previo a la epidemia. Según los datos de Eurostat, la eurozona en su conjunto lo logró en el tercer trimestre de 2021, y en ese mismo momento lo lograron Grecia, Austria y Bélgica. La Unión Europea en su conjunto llegó a ese valor en el cuarto trimestre de 2021. Y en idéntica fecha lo recobraron Italia y Francia; Portugal y Alemania en 2022 (primer y segundo trimestre, respectivamente). Holanda es el país que antes lo consiguió, en el tercer trimestre de 2020.

Poco antes de las elecciones generales, el INE había facilitado el dato provisional del crecimiento del PIB en el primer trimestre de 2023, un 0,5 %, con lo que esta variable no alcanzaba el nivel de finales de 2019. El Gobierno quería anunciar antes de los comicios que España había logrado ya esa meta. Es muy probable que por esa razón, al ofrecer el dato definitivo, se elevó al 0,6 %, con lo que el PIB se situaba en el 99,9 % de la cuantía que tenía en el cuarto trimestre de 2019. Ese uno por mil de diferencia se consideraba insignificante (aunque represente alrededor de 1.300 millones de euros); y así, la ministra de Economía pudo salir triunfante a la palestra a proclamar que la economía española se había situado ya a los niveles precovid.

A finales de septiembre de 2023, el INE revisó las tasas de crecimiento de 2021 y 2022, pasando del 5,5 % al 6,4 % para el primero y del 5,5 % al 5,8 % para el segundo. Incrementos sorprendentes y desproporcionados. Con los nuevos datos, ¡oh, casualidad!, se alcanzó justamente el nivel de 2019 al final de 2022. Mucha casualidad, desde luego, cuando Calviño había cambiado hacía tiempo al director general del INE, porque según parece no era suficientemente complaciente con los deseos del Gobierno. No obstante, eso no cambia nada porque, como se ha señalado, la mayoría de los países habían conseguido ese objetivo mucho antes.

En su cháchara acerca de lo bien que iba la economía española, el Gobierno se ha escudado principalmente en los datos de paro. Datos amañados al no contemplar durante mucho tiempo, entre otros, a los trabajadores en ERTE como parados y después de la reforma laboral, a los fijos discontinuos. Las cifras oficiales ofrecidas por el Gobierno son totalmente incongruentes con la evolución tanto del PIB como de la renta per cápita. En realidad, después de tantos equívocos, cambios y tergiversaciones, el único dato que se puede acercar a la realidad es el de horas semanales trabajadas. Según Eurostat, esta variable no ha recuperado los niveles de 2019 hasta junio de 2023.

El discurso fatuo y jactancioso de la aún ministra de Economía se ha basado también en las cifras de inflación, centrándose en aquellos momentos en que las de nuestra economía estaban por encima de la media. Hay que considerar que los incrementos de los precios son acumulativos, por lo que no pueden circunscribirse a un mes ni a un año. Se precisa contemplar, al menos, el periodo transcurrido desde el comienzo de la crisis hasta hoy. Si en algunos momentos nuestra inflación ha sido más elevada que la media, en otros se ha producido el fenómeno inverso. Precisamente durante los últimos meses nuestros precios se están incrementando a mayor ritmo que los de la eurozona.

En cualquier caso, el dato más relevante para la mayoría de los ciudadanos estriba en la relación precios-salarios, y aquí volvemos a situarnos en una mala posición. Según la OCDE, nuestro país está a la cabeza de la pérdida de poder adquisitivo. Incluso en Italia y en Alemania, con tasas de inflación más elevadas, los salarios reales se han reducido menos que en España.

No obstante, con todo, al juzgar la negligencia y la ineptitud de este Gobierno en la aplicación de la política económica las encontramos en mayor medida no tanto en los resultados obtenidos -de los peores de toda la eurozona-, sino por los recursos públicos que ha destinado, mucho más cuantiosos que los de los otros países. Estos tienen su origen, en primer lugar, en los fondos europeos de recuperación (no deja de ser paradójico que a pesar de ellos, España haya sido el país que, con mucho, más ha tardado en recuperarse) y, en segundo lugar, en el incremento ingente del endeudamiento público adquirido durante estos años, que minora el patrimonio de todos los españoles.

Hace unos días, creo que fue en Espejo público, Calviño dio una vez más muestras de un discurso torticero, y de su intención de dar gato por liebre. Afirmó que habían reducido el endeudamiento público un 15 %, para añadir a continuación -como si la cosa no tuviese importancia- “desde el nivel más alto”. Es decir, que tomaba como referencia el segundo trimestre de 2020 en plena pandemia en el que el PIB se había reducido un 22 %, con lo que cualquier magnitud relacionada a esa variable tenía que elevarse a los cielos. Es una prueba más de cómo el Gobierno falsea los datos.

La realidad, por el contrario, es muy otra, el endeudamiento público desde 2019 ha crecido en más de un 15 % del PIB, porcentaje muy superior al experimentado por la casi totalidad de los países europeos: el de Grecia, 5 %; Portugal, 3 %; Holanda, 3 %; Alemania, 7 %; Austria, 9 %; Bélgica, 10 %, y Francia e Italia, 14 %, etc. La media de la eurozona se ha situado en el 9 %.

Como se puede observar cuando se analizan los datos con cierta seriedad, la realidad económica que nos deja Calviño al marcharse está muy lejos de ese país de las maravillas que continuamente nos ha descrito. Lo malo es que también nos deja a Sánchez, y lo que viene puede ser aun peor. ¿Tierra firme? Tierra quemada.

republica.com 28-12-2023



VOX, LA ÚNICA COARTADA DE SÁNCHEZ

11-12-2023, SANCHISMO Posted on Vie, diciembre 29, 2023 10:41:01

Si he de ser sincero conmigo mismo, tengo que reconocer que mi postura política -creo que de izquierdas, aunque uno no sabe ya si soy de los míos- ha estado mucho más marcada por un intento de mantener la coherencia intelectual que por ninguna otra motivación ética, altruista, etc. No puedo sufrir las contradicciones. Por eso me he posicionado siempre en contra del neoliberalismo económico. Me repugnan las falacias y los sofismas de un discurso que, bajo la apariencia de argumentos técnicos, esconde solo intereses económicos. Creo que con el sanchismo me ocurre algo parecido. Su relato se funda en la incoherencia y pretende dar gato por liebre.

Sintomático de lo anterior es su argumentación acerca de la amnistía. Esa amnistía que, según el nuevo ministro de Transportes, va a ser de penalti, aun cuando la quieren mucho. Por eso el discurso sanchista es tan paradójico. Por una parte, afirman que es imprescindible para restablecer la concordia y el entendimiento en Cataluña; pero cuando se les objeta que entonces cuál ha sido la razón de no haberla incluido en el programa electoral, cambian de vía y mantienen que a veces hay que hacer de la necesidad virtud, y que era una de las condiciones indispensables para constituir un gobierno de progreso.

Acuden a una u otra fórmula, según les conviene, aun cuando ambas son incompatibles entre sí. En algunos casos como el de Patxi López, en el Congreso, echa mano de las dos, no obstante ser contradictorias. Tan pronto afirmaba que la razón radicaba en superar la confrontación en Cataluña como alegaba que el motivo  tenía que ver con lo pactado con sus socios.

No merece la pena que nos detengamos en el primer punto. Es bien sabido que los soberanistas son insaciables y que las cesiones les hacen cada vez más fuertes y les animan a exigir más y más privilegios y medios. Lejos de pacificar, se incrementa la crisis. Resulta evidente que de ninguna manera el PSOE hubiera aprobado la amnistía si no constituyese el precio, entre otros, que haya sido obligatorio pagar para la investidura, es decir, para que Sánchez y sus adláteres se mantengan en el gobierno.

Y aquí comienza el problema, porque dicho así resulta muy duro, suena a corrupción y a cohecho. Hay que revestirlo, camuflarlo. Calviño ha declarado refiriéndose a la amnistía: “Lo que a uno le pide el cuerpo a lo mejor no se corresponde con lo que es mejor para el país”. En realidad, lo que está pensando es que no sería compatible con haber sido ministra y haber conseguido por tanto la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI); pero, como eso es muy rastrero, hay que poner por medio el interés del país y de España. Y ahí aparece Vox, y su utilización.

Sin Vox, Sánchez no sería nada o por lo menos sería algo muy distinto de lo que hoy es. Gracias a Vox, es presidente del Gobierno y parece que gracias a Vox va a continuar siéndolo durante mucho tiempo. Los extremismos siempre son malos y normalmente consiguen los objetivos contrarios a los que persiguen. El origen de Vox se encuentra en el PP, en la parte más montaraz del Partido Popular que, frente al sectarismo de Zapatero, quería la revancha. Consideraban que la política de Rajoy, basada en buena medida en la moderación y el centrismo, no saciaba sus ansias de desquite. Y lo que han conseguido es a Sánchez, y constituirse en la mejor baza que tiene para seguir en el gobierno.

Si Vox no hubiese existido como partido, los resultados de julio habrían sido muy distintos. Con la actual ley electoral, la división en formaciones políticas diversas conlleva que el mismo número de votos se traduce en un menor número de escaños. Pero la utilización que Sánchez ha hecho y quiere seguir haciendo de Vox va mucho más allá. Ha pretendido -y en parte lo ha logrado- que muchos ciudadanos vean a este partido como un monstruo que va a quitarles todos sus derechos civiles, políticos y económicos. Lo ha anatematizado e intenta que cualquier pacto que el PP pueda hacer con él aparezca como un atentado contra la democracia.

Me encuentro con amigos y con muchas personas a las que tengo en alta estima, que están dispuestos a pasarle todo a Sánchez, hasta los mayores disparates democráticos con tal de que Abascal, como dicen ellos, no llegue a la vicepresidencia del Gobierno. Lo cierto es que Vox no está haciendo mucho para deshacer este discurso torticero; más bien al contrario, parece que les agrada esa leyenda negra. Se lo están poniendo bastante fácil a Sánchez. En mi opinión, uno de los defectos más llamativos de esta formación política se encuentra en la chulería de muchos de sus dirigentes, casi fanfarronería, que a menudo les hace antipáticos.

Vox da señales de que se sienten a gusto con el papel que se les está asignando. Han tendido a plantear de forma provocadora los problemas más polémicos. Sus dirigentes a menudo han actuado se diría que satisfechos, como enfants terribles. Da la impresión de que se sienten orgullosos de ello. Continuamente, con dichos o hechos histriónicos, facilitan la coartada del sanchismo. Buena prueba de ello fue la forma montaraz y caprichosa en que entablaron las negociaciones para formar gobierno en algunas de las comunidades autónomas.

La irresponsabilidad de Vox y la insensatez de algunos de sus dirigentes no hace, sin embargo, más verídico ni convierte en menos tramposo el discurso de los sanchistas. Este comenzó con las elecciones andaluzas de 2018. Esa misma noche, después de los comicios, la propia Susana Díaz, tras comprobar que iba a perder la Junta, proponía (después ratificada por Ábalos) un cordón sanitario alrededor de Vox. El culmen de la ridiculez y del desatino en ese afán histérico de aislar a Vox llegó cuando afirmó que, si no computamos a la extrema derecha, la izquierda había ganado las elecciones andaluzas. Algún chistoso apostilló aquello de si no computo las patatas fritas, la hamburguesa, la coca-cola y el helado, hoy he comido ensalada.

Susana Díaz calificó a Vox de partido inconstitucional y anatematizaba todo posible pacto con esta formación política, incluso el hecho de apoyarse en sus votos para llegar a la presidencia de la Junta. La entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, utilizó el mismo apelativo para designar a Vox mientras negaba tal calificación a los golpistas. Todo ello unos meses después de que Sánchez, con el único objetivo de llegar a ser presidente del gobierno, no tuviera reparo alguno en gobernar con todos aquellos que de una u otra forma ponían en solfa la Constitución.

Debería aceptarse sin demasiados problemas que ni las personas ni las formaciones políticas pueden ser calificadas de inconstitucionales por el simple hecho de discrepar de alguna o de muchas disposiciones constitucionales; incluso ni siquiera por que mantengan entre sus objetivos modificarla, siempre que el cambio se pretenda hacer por los procedimientos establecidos en la propia Constitución. De lo contrario, serían muchas las personas y la gran mayoría de los partidos a los que habría que tildar de  inconstitucionales, puesto que al que más y al que menos no le satisface algún aspecto de la Carta Magna y desearía que se modificase.

El término inconstitucional deberíamos reservarlo para los que pretenden cambiarla prescindiendo de los procedimientos legales que la propia Constitución señala, es decir, desde la fuerza. El calificativo, por tanto, les cuadra a los nacionalistas catalanes no en cuanto independentistas, sino en cuanto golpistas. Incluso, el resto de los socios de Sánchez se mueven en una cierta ambigüedad; al menos, se sitúan en el filo del marco constitucional cuando defienden los referéndums de autodeterminación de las distintas partes de España.

Por muy mala opinión que se tenga de Vox, nadie puede decir de ellos que han dado un golpe de Estado o que defienden la violencia política, o que proponen de forma ilegal un cambio de la Constitución o que sus principales dirigentes están huidos de la justicia. Parece ser que están en contra del Estado de las Autonomías, pero igual que otros muchos españoles, cada vez en mayor número, que lo juzgan el mayor error de la Transición y de nuestra ley fundamental. Puede ser que tengan razón, aunque bien es verdad que su desaparición, hoy por hoy, es una demanda sin ninguna posibilidad de prosperar.

Que yo sepa, ni la ley de violencia de género ni la de la memoria histórica están en la Constitución y, desde luego, no constituyen dogmas de fe que no se puedan cuestionar en algunos de sus planteamientos. En política, tan lícito es defenderlas como criticarlas. Cada partido político puede llevar en su ideario lo que juzgue conveniente. En España permitimos incluso entrar y permanecer en el juego político a las formaciones que declaran entre sus objetivos la independencia de una parte de España. Otra cosa es si deberíamos admitirlas cuando su programa enuncia claramente su voluntad de delinquir, por ejemplo, de perpetrar un golpe de Estado.

Los sanchistas y su brigada mediática se esfuerzan en presentar a Vox también como una amenaza contra las mujeres. Estar en contra de las listas cremallera o defender que a igual delito corresponda la misma pena no parece que represente un ataque al género femenino. Son opiniones tan respetables como las contrarias. Hay muchas mujeres que defienden estos postulados. No obstante, lo que sí es cierto es que Vox hace de ello un problema casi metafísico, con lo que ayuda al relato tendencioso de Sánchez. Se pierde en un debate nominalista acerca de si se trata de violencia de género o violencia doméstica, en lugar de reducirlo a una cuestión de derecho penal. No existe ninguna razón para tildar de homófobos a los concejales de una corporación municipal por el hecho de que consideren inapropiado que la bandera LGTBI (al igual que cualquier otra que no sea oficial) ondee en un edificio público, ni es lógico afirmar que tal planteamiento viola los derechos de los homosexuales.

Estos hechos y otros parecidos han dado ocasión a que, exagerándolos, el sanchismo haya elaborado acerca de Vox una leyenda negra. Al margen de que esta formación defienda posiciones más o menos equivocadas, no es desde luego razonable que se la quiera comparar con los defensores del terrorismo, con los golpistas o con los prófugos de la justicia.

Vox mantiene, a mi entender, muchos planteamientos retrógrados, como ese fundamentalismo religioso que chirría, pero en España el fundamentalismo de toda clase abunda. En materia económica es rabiosamente liberal, pero si fuera por eso casi ningún partido pasaría la criba. Defiende un tipo único en el IRPF, aunque tampoco en ello es original, de hecho, ya lo propuso el PSOE de Zapatero con Jordi Sevilla y Carlos Sebastián hace bastantes años. Los sanchistas tildan a Vox de extrema derecha, lo que es una obviedad, ya que si nos empeñamos en ordenar el arco político de izquierda a derecha (aunque está bastante complicado, dado el lío existente) alguna formación tendrá que situarse en el extremo de la izquierda y alguna otra en el extremo de la derecha, pero que sean extremos no quiere decir que haya que aislarlos o considerarlos tabú.

Desde luego yo no los votaría nunca y no deseo verlos en el gobierno. Pero de eso a preferir a golpistas y filoetarras va un trecho. Sobre todo, cuando algunos de ellos son tan de derechas o más que Vox. Es inexplicable -más aún, el culmen del cinismo- que los sanchistas presenten cualquier pacto con esta formación política como un sacrilegio, al tiempo que se entregan en manos de un prófugo de la justicia y de los herederos de ETA, o confieren a Bildu el ayuntamiento de Pamplona.

Por otra parte, hasta ahora en los pactos establecidos no se ha producido ninguna de las hecatombes que el sanchopopulismo ha venido vaticinando. El primer apocalipsis se anunció en Andalucía ante el hecho de que Moreno Bonilla necesitase los votos de Vox para llegar a la Presidencia de la Junta, y fue de tal envergadura la catástrofe y tanto sufrieron los andaluces que tres años después eligieron al candidato del PP por mayoría absoluta. Salvando alguna que otra extravagancia y despropósito de cierto consejero, tampoco parece que se tambalee la Junta de Castilla y León, ni que hayan desaparecido los derechos humanos en la Generalitat Valenciana, incluso por ahora no ha surgido ningún caso como el de Oltra. Es más, hasta es posible que en Baleares muchos ciudadanos piensen que se les han devuelto derechos (por ejemplo, en cuanto al idioma) que se les estaban arrebatando.

Estos gobiernos tendrán éxitos y errores, gestionarán mejor o peor, su política estará tal vez lejos de la que algunos desearíamos, pero desde luego difícilmente se la puede excomulgar del sistema político. Los pactos del PP con Vox pueden no gustar, pero no hasta el punto de preferir los realizados con un prófugo en Bruselas y en Ginebra bajo la mediación de un relator latinoamericano, o los efectuados con aquellos que consideran a los reclusos etarras como “sus presos”. No creo que el peligro mayor que acecha hoy al sistema democrático español se cifre en Vox, sino en ese gobierno Frankenstein que cada vez es más inquietante, que amenaza al Estado de derecho y a la igualdad de todos los ciudadanos. ¿Tierra firme? Más bien, tierra quemada.

republica.com 21-12- 2023



ZAPATERO, PROFETA DE SÁNCHEZ: TIERRA QUEMADA

11-12-2023, PARTIDO POPULAR, PSOE, SANCHISMO Posted on Mié, diciembre 20, 2023 18:27:44

No hace aún seis meses que Rodríguez Zapatero, en un acto en San Sebastián en plena campaña electoral, sorprendió a todos con la profundidad de su pensamiento, afirmando que el infinito es el infinito y alguna otra lindeza parecida. Los primeros asombrados fueron los asistentes, solo había que ver sus caras. En segundo lugar, los medios de comunicación calificaron la intervención con los epítetos mas variopintos: extraña, sorprendente, surrealista, delirante, tremenda, peculiar y algunos otros más. Pienso que el pasmo, más que por el contenido, fue por los gestos un tanto distorsionados que acompañaron sus palabras.

Escribía yo entonces en estas mismas páginas que en realidad, si lo pensábamos bien, el hecho no era tan asombroso, lo que ocurría era que nos habíamos olvidado de cómo era Zapatero. Ahora que ha vuelto de Venezuela, el día a día nos está recordando quién es. Yo tengo que reconocer que nunca había borrado de mi memoria cómo era y, sobre todo, lo tremendamente desastroso que fue su gobierno.

Estos días en Coria del Rio (Sevilla) ha repetido un numerito parecido al de San Sebastián. Ha sido con ocasión de recibir el Premio 4 de diciembre, que otorga la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia y que preside el expresidente de la Junta Rafael Escuredo. De quien sí nos habíamos olvidado era del primer presidente socialista de la Junta de Andalucía. Creíamos que había abandonado por completo la política después de ese paseíllo por las puertas giratorias, dedicándose a la consultoría y las relaciones públicas (léase lobby). Cuentan las malas lenguas que Escuredo tenía un sistema muy original. En realidad, no hacía tráfico de influencias. Solo lo aparentaba. Ante cualquier demanda de su intercesión para conseguir algún favor administrativo, sugería al peticionario que no se preocupase, que hiciese formalmente la solicitud, que en principio no cobraba nada, solo lo haría si la gestión tenía éxito. Se limitaba a esperar la solución del asunto por las vías ordinarias. Si el resultado era negativo se reducía a decir que no había podido ser; si era positivo, presentaba la minuta.

Pero retornemos a Zapatero. Sus correligionarios, con Escuredo y Espadas a la cabeza, le han entregado el Premio 4 de diciembre. La distinción rememora cómo en esa fecha hace muchos años, Andalucía se echó a la calle para proclamar que no estaba dispuesta a ser menos que Cataluña, País Vasco o Galicia. Un poco más y le dan la Galardón a Sánchez. Porque tanto él como Zapatero lo que defienden ahora es todo lo contrario: establecer la supremacía de Cataluña sobre el resto de las comunidades. Todo muy coherente. No sé cómo a los socialistas andaluces no se les cae la cara de vergüenza por mantener un premio con ese título y, sobre todo, por  otorgárselo a Zapatero.

En su alocución en Coria del Río, con gestos y poses parecidos a los de San Sebastián, Zapatero hizo una defensa cerrada del Gobierno de Sánchez, y en esta ocasión su discurso metafísico dejó al margen el infinito y se centró en los partidos políticos. Sus agudas observaciones giraron acerca de lo importantes que son, y en proclamar y defender su libertad para juntarse con quien quieran, cómo y cuando quieran.

Es una pena que, así como Jordi Sevilla le enseñó en dos días economía, no hubiera alguien que se hubiese prestado a darle algunas lecciones de antropología, incluso de teoría política, porque nadie es libre totalmente. Empezando por la limitación que nos impone la misma naturaleza, y continuando por la que también establece la sociedad, que para garantizar la libertad de todos necesita recortarla. De lo contrario se caería en la anarquía. Mi libertad termina donde comienza la libertad de los demás y mi puño finaliza allí donde están situadas las narices del vecino. La libertad de asociación debe estar asegurada, pero cuando la reunión es para delinquir tiene que actuar el Código Penal.

El mismo Zapatero ponderó lo importantes que son los partidos políticos, pero se olvidó de añadir su carácter público, no solo porque se financien en gran parte con subvenciones, sino porque son piezas esenciales del sistema democratico, luego sus acciones y actuaciones deben estar vigiladas y limitadas por el impacto que puedan causar en la sociedad.

De todas formas no deja de ser paradójico que Zapatero defienda con tanto ahínco la libertad absoluta de las formaciones políticas, cuando al mismo tiempo ese gobierno al que tanto ensalza aprueba de nuevo un proyecto de ley en el que se pretende imponer a los partidos la composición de sus listas electorales, sometiéndoles a la obligación de llevar en sus candidaturas al menos el cuarenta por ciento de mujeres. Eso sí que parece una limitación totalmente arbitraria en función de una determinada ideología, que no tiene por qué ser unánime en el sistema democrático.

Uno se plantea que, puestos a establecer cuotas, por qué no también para los homosexuales o incluso para los trans, y quizás con mayor razón, ¿por qué no para las personas con cualquier tipo de discapacidad? Y, llevado al extremo el argumento, por qué no imponer la exigencia de que en todas las candidaturas haya cuotas de ciudadanos de todas y cada una de las autonomías, con lo que habríamos terminado con los partidos nacionalistas o regionalistas. ¿Se puede obligar a las formaciones políticas a que no incorporen en sus listas a los que consideran más capaces sean cuales sean su género y demás condiciones?

Rodríguez Zapatero defendió que las amnistías traen siempre cosas buenas, y añadió que “lo diremos, lo recordaremos, lo afirmaremos, lo defenderemos, nos sentiremos orgullosos de este momento». Y  continuó afirmando que esta amnistía llega a tiempo «para volver a empezar a compartir un destino con Cataluña, con el principio del entendimiento”. La visión profética no ha sido nunca su fuerte. Ahí está la crisis económica de 2008 que negaba. Parece que tampoco la sintaxis lo es.

Cataluña comparte desde hace muchos siglos un destino común con  el resto de España. Incluso, si analizamos la historia reciente, el destino común aparece de forma evidente en la Constitución del 78, cuyo apoyo en la sociedad catalana fue de los más altos entre todas las autonomías. Si ahora hay que retornar, será porque en algún momento habrá existido una involución y ese instante no puede ser otro que cuando Zapatero con la mayor frivolidad gritó eso de “Pascual, yo prometo aprobar en España lo que traigas de Cataluña”, y propició que las Cortes diesen su aprobación a un estatuto claramente inconstitucional.

Zapatero se siente dichoso del momento actual y anunció la llegada -bajo la égida de Sánchez- de una nueva Arcadia llena de prosperidad, igualdad y con una justicia fiscal que va a ser la mayor de la historia. Él de justicia fiscal debe de saber mucho porque dijo eso de que bajar los impuestos es de izquierdas y propuso -¡menos mal que no llegó a ponerlo en práctica!- un tipo único para el IRPF. Eliminó el impuesto de patrimonio, vació en buena medida el impuesto de sociedades y protagonizó el suceso más bochornoso respecto a las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV).

No es el momento de explicar en qué consisten las SICAV, pero síde señalar que estas entidades se han convertido en el instrumento perfecto para que las grandes fortunas del país las utilicen con fraude de ley para administrar su patrimonio mobiliario, soportando un gravamen muy inferior al que les correspondería si empleasen una sociedad anónima común. La Agencia Tributaria inició en 2004 distintas inspecciones que dieron como resultado el levantamiento de actas a una serie de SICAV que se consideraban fraudulentas, elevando el gravamen desde el 1% pagado inicialmente hasta el 35%, tipo entonces vigente del Impuesto sobre Sociedades.

Tales actuaciones levantaron de inmediato todo tipo de reacciones y presiones encaminadas a arrebatar a la Inspección fiscal la competencia para decidir si una determinada entidad cumplía o no los requisitos para ser SICAV y entregársela a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cuya presidencia recaía entones en un amigo del ministro Pedro Solbes.

Prescindiendo de los recovecos seguidos en la consecución de esta finalidad, lo cierto es que, con el beneplácito de Rodríguez Zapatero, se aprobó en el Parlamento una enmienda presentada por ese partido tan progresista, que era CiU, por la que se despojaba de la competencia a la Inspección de Hacienda, cosa insólita, y se le atribuía a un organismo cuyas preocupaciones estaban ajenas a este objetivo y que tampoco contaba con medios para perseguir el fraude fiscal. Y, además, la medida se aprobaba con carácter retroactivo, con lo que se concedía una amnistía y se dejaban sin efecto las actas levantadas por la Inspección.

Ni que decir tiene que la CNMV no ha hecho una sola vez la menor intención de declarar fraudulenta a ninguna SICAV, y el Gobierno de Zapatero mostró así su voluntad no solo de mantener el régimen fiscal privilegiado de estas sociedades, sino también de permitir que tal beneficio se utilizase fraudulentamente a través de testaferros. Todo muy progresista.

Esperemos que no sea esta la justicia fiscal que anuncia el expresidente para el futuro, como tampoco que esa Arcadia feliz pletórica de prosperidad e igualdad que profetiza se parezca al panorama de pobreza y ruina que nos dejó su gobierno, al crear las condiciones para que se hundiese la economía y se hiciesen imprescindibles todo tipo de ajustes y recortes. Hemos olvidado ya que, aun cuando ahora se presenten como aliados y amigos, la revuelta de los indignados y el 15 M comenzaron estando él de presidente del gobierno.

Me temo, no obstante, que esa nueva etapa que anuncia Zapatero será aún peor. En el fondo él es tan solo el profeta, un precursor, y además naif, insustancial y frívolo. Otra cosa distinta es Sánchez. Lo que nos espera bajo su nuevo mandato puede ser infinitamente más oneroso y lóbrego. ¿Tierra firme? Tierra quemada.

republica.com 14-12-2023



ESPAÑA ESTÁ YA DIVIDIDA: EL CUPO CATALÁN

11-12-2023, CATALUÑA, HACIENDA PÚBLICA, SANCHISMO Posted on Mié, diciembre 13, 2023 14:05:31

Entre los mantras que maneja Pedro Sánchez se encuentra la cantinela de que España no se va a partir. A lo que habría que contestarle que España se encuentra ya dividida. En este caso no me refiero, aunque sería posible hacerlo, al ingente cisma que Pedro Sánchez ha originado políticamente en la población española, sino a la fractura económica que impera en el ámbito territorial. Existen autonomías de primera y de segunda, e incluso de tercera. España se encuentra dividida como lo está Europa, entre países del norte y del sur, y como en general se halla la sociedad puesto que las clases, como las meigas, haberlas haylas. La diferencia radica en que en estos últimos casos, al menos en lo que debería ser el discurso de izquierdas, se tiende a la igualdad; en el ámbito territorial, por el contrario, el Gobierno formado por Sánchez y sus aliados conspiran para crear más y más diferencias.

Los acuerdos de gobierno firmados por el PSOE, y aplaudidos por Sumar, con los independentistas vascos y catalanes presagian el incremento de los desequilibrios y las desigualdades. Sobresale en ellos la posibilidad de transferir el cien por cien de los tributos a la Generalitat de Cataluña. Desde hace tiempo constituye una reclamación que vienen presentando los independentistas catalanes, gozar de un régimen fiscal similar al del País Vasco y Navarra. No hay que olvidar que, épica aparte, el ‘procés’ se inició ante la negativa de Rajoy en 2012 a conceder este singular sistema de financiación a Artur Mas. Y el 30 de noviembre de 2017, el entonces primer secretario del PSC, Miquel Iceta, escribía un artículo en el diario El Mundo, en el que proponía la cancelación de la deuda que la Generalitat tenía con el Estado (entonces era de 52.499 millones de euros) y la cesión del cien por cien de los tributos a la comunidad autónoma catalana. Como se ve, no solo los soberanistas tiran al monte.

No está mal que antes que nada recordemos que el régimen fiscal que supone el cupo es totalmente anómalo en la doctrina financiera del siglo XXI. Difícil de explicar en Europa, ante cuyas autoridades el Gobierno español ha tenido que comparecer a menudo para defenderlo. Es un régimen más propio de la Edad Media (aunque haya sido actualizado durante las guerras carlistas), en el que la realidad jurídica no se basaba en la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley sino en las concesiones, libremente otorgadas o arrancadas, del monarca. Cada territorio tenía sus fueros (privilegios). No existía un sistema fiscal universal propiamente dicho, sino que la Corona obtenía los recursos de cada territorio o ciudad (cupo), siendo luego las instituciones locales las encargadas de recaudar el gravamen entre los ciudadanos.

En 2017, cuando se aprobó por última vez la cuantía del cupo vasco, Margarita Robles arguyó en su defensa que el concierto es un hecho diferencial constitucionalmente reconocido. Tenía razón, pero también es verdad que, como todos los hechos diferenciales reclamados por los nacionalistas, pasan enseguida de hechos a privilegios. La sobrefinanciación, tanto del País Vasco como de Navarra, es un hecho, además de diferencial, irrefutable.

Existe, como es lógico, una cierta correlación entre la renta per cápita de las comunidades y el déficit o superávit de las llamadas balanzas fiscales, aun cuando el cálculo de estas mantenga siempre cierta relatividad. Es fruto de la política redistributiva del Estado, que debe concretarse también en el ámbito territorial. En la correlación de estas dos series, surge, sin embargo, una clara irregularidad, un hecho diferencial, podríamos afirmar. El del País Vasco y Navarra. Ocupan el segundo y tercer puesto en renta per cápita y, no obstante, ambos son receptores netos. Ciertamente en mucha mayor medida el País Vasco, que, según los últimos datos, presenta un saldo positivo superior al de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia y La Rioja. ¿Cómo no hablar de injusticia?

Pero centrémonos en Cataluña y en la petición de los independentistas de copiar al País Vasco y a Navarra. En primer lugar, Cataluña es una de las regiones más ricas de España, la cuarta en renta per cápita. Su nivel económico privilegiado no deriva, al igual que ocurre con todas las regiones ricas, de la excelencia propia o de ocupar un lugar privilegiado en la historia, sino de múltiples circunstancias aleatorias, entre las que se encuentra el trato recibido del Estado, y el juego de mercado, por ejemplo, el consumo del resto de España. A su vez, esa situación económica aventajada la convierte por la aplicación automática de la política redistributiva del Estado en contribuyente neto, al igual que en el orden personal los ciudadanos de mayores rentas presentan también de manera lógica un saldo negativo entre lo que contribuyen al Estado y lo que de este reciben. En el ámbito catalán se confunde con frecuencia este déficit con una infrafinanciación, cuando no es tal, sino el resultado racional de los mecanismos redistributivos de la Hacienda Pública, que compensan el reparto injusto del mercado.

El hecho de que en estos años la Generalitat haya presentado un mayor déficit y un incremento mayor en el nivel de endeudamiento que las otras comunidades, no obedece a los defectos que puedan existir en el sistema de financiación autonómica, sino en el destino que cada una de ellas ha dado a los fondos públicos. Es una evidencia, aunque no sea fácil cuantificarlo por ahora dada la complejidad administrativa de la Generalitat, que el llamado ‘procés’ ha absorbido una cantidad ingente de recursos, no solo a través de los organismos y entes públicos creados en la Administración con la única finalidad de garantizar, como se decía, una estructura de Estado, sino también engrasando toda esa inmensa máquina de publicidad y propaganda que ha funcionado sin escatimar gasto para ese objetivo: favores a medios de comunicación nacionales y extranjeros, públicos y privados, embajadas, pago de lobbies, subvenciones a asociaciones, etc.

Por otra parte, no es ningún secreto que el presidente de la Generalitat percibe la retribución más alta de las cobradas por los restantes presidentes de las comunidades autónomas, en algún caso el doble, y mayor que la del propio presidente del Gobierno español. La gravedad no se encuentra tanto en este dato aislado, sino en que, como es lógico suponer, ese alto nivel retributivo se extiende hacia abajo a toda la pirámide administrativa, consejeros, directores generales, etc., hasta el último auxiliar administrativo. Es pública y notoria la diferencia retributiva entre los Mossos d´Escuadra y la Guardia Civil y la Policía Nacional. Pero me temo que eso mismo se podría afirmar de casi todos los empleados públicos.

Es preciso tener en cuenta que en el tema de la financiación autonómica no hay nada gratuito. El dinero que se destina a una comunidad no se destina a otras, bien directamente o bien detrayéndose del presupuesto del Estado, que afecta a todas las comunidades. Es un sistema de suma cero. Con lo que en esta materia no debería haber negociaciones bilaterales sino multilaterales, de todas las comunidades.

La cesión del cien por cien de la recaudación a las autonomías, es decir, que los recursos recaudados por los impuestos en una comunidad se queden en ella, significaría la ruptura de la función de redistribución del Estado en el ámbito interregional, porque no habrá fondo que pueda compensar el desequilibrio creado. La redistribución únicamente se ejercería entre los ciudadanos de cada comunidad autónoma. Lógicamente serían las regiones ricas las que saldrían altamente beneficiadas, mientras constituiría un desastre económico para las menos favorecidas. Por eso lo reclaman los independentistas catalanes. Qué diríamos si Amancio Ortega, Rafael del Pino, Juan Roig o las Koplowitz dijesen algo así como “deseo más autonomía, yo me quedo con mis impuestos y me hago cargo de sufragar mi sanidad, mi pensión, la educación de mis hijos, etc. Eso sí, no pido nada para mí que no pida para los demás, el barrendero también puede hacer lo mismo”.

Así ocurre en la Unión Europea, en la que no se aplica ninguna política redistributiva entre países. Es lo que algunos criticamos de ella y lo que parece que censuraban también gran parte de los que ahora se prestan a aplicar los mismos parámetros dentro de España entre las comunidades autónomas. He ahí la enorme contradicción. Todo por siete votos.

Existe bastante paralelismo entre la situación fiscal de Europa y las aspiraciones soberanistas de Cataluña. Así lo ve Thomas Piketty en su obra “Capital e ideología”: No hay ninguna duda que la politización de la cuestión catalana habría sido totalmente distinta si la Unión Europea contara con un presupuesto federal europeo, como es el caso de Estados Unidos, financiado por impuestos progresivos sobre la renta y sobre las sucesiones a nivel federal. Si la parte esencial de los impuestos por las rentas altas catalanas alimentara el presupuesto federal como es el caso en Estados Unidos, la salida de España tendría un interés limitado para Cataluña desde el punto de vista económico. Para huir de la solidaridad fiscal, habría hecho falta huir de Europa con el riesgo de ser excluido del gran mercado europeo, lo que tendría un coste redhibitorio a ojos de muchos catalanes independentistas”.

Implantar el sistema del cupo en Cataluña conllevaría también la transferencia de la capacidad normativa. Esa competencia la tienen ya, aunque limitada, las autonomías con respecto a los tributos propios y cedidos, lo que constituye un problema. Problema que adquiriría mayores proporciones si se ampliase la cesión, puesto que se crean presiones fiscales diferentes según donde uno viva y, lo que es peor, se establecería una competencia desleal entre las comunidades, el llamado dumping fiscal, que daña la recaudación y la progresividad de los impuestos. En Europa lo estamos sufriendo entre países, pero reproducirlo a nivel regional es nefasto. No creo que sea la medida más adecuada para ser defendida por la izquierda. La paradoja se encuentra en que ha sido la Generalitat la que más ha protestado contra unas autonomías (principalmente Madrid) porque aplicaban su capacidad normativa en los tributos propios.

El resultado sería también funesto para la administración fiscal. Trocear la Agencia Tributaria crearía el caos en la gestión de los tributos y obstaculizaría gravemente la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Se dirá que todo esto ocurre ya con el País Vasco y Navarra. Y es verdad, pero un error no se corrige con más equivocaciones. Hay que tener en cuenta que Cataluña tiene mucha más importancia relativa. Su PIB es el 20 % del PIB nacional.

No se puede olvidar tampoco que las autoridades de una de las comunidades autónomas más ricas han utilizado el inmenso poder que les concedía estar al frente de la Administración autonómica para crear toda una estructura sediciosa capaz de subvertir el orden constitucional y romper la unidad del Estado. La amenaza ha sido tanto mayor cuanto que Cataluña es una de las comunidades con mayores competencias. El peligro está lejos de disiparse, por lo que no parece demasiado acertada la política de conceder cotas de autogobierno más elevadas, más medios, para que en otro momento se puedan volver contra el Estado y, entonces sí, tener éxito. La estrategia debería ser más bien la de limitar en la medida necesaria las competencias de la Generalitat para que nunca más se pueda repetir un hecho tan aciago. Un factor que ha contribuido decisivamente al fracaso de la supuesta república independiente es la ausencia de una hacienda pública propia. Sin ella, resulta muy difícil, por no decir casi imposible, cortar lazos con el Estado. El dinero manda. Es por tanto disparatada la propuesta de ceder la gestión y la recaudación de todos los tributos a la Generalitat.

Los empresarios catalanes han jugado siempre a la ambigüedad. Muchos de ellos han sido cómplices del nacionalismo. Mientras todo se reducía a gritar que España nos roba y obtener así prebendas y privilegios frente a otras comunidades, estaban de acuerdo y colaboraron con entusiasmo, por la cuenta que les traía. No obstante, se asustaron cuando vieron que el tema iba demasiado lejos, que se rompía la legalidad y ello podía acarrear consecuencias económicas muy graves. Hace tiempo que Sánchez Llibre, mostró ya por dónde iban sus inclinaciones: nada de independencia, pero sí un nuevo estatuto. Insinuó que el problema podría terminar y los secesionistas conformarse si en ese estatuto se reconociese a Cataluña como nación y se dotase a la Generalitat de un sistema de financiación similar al que disfrutan el País Vasco y Navarra.

No tiene nada de extraño que el empresario catalán piense así. Lo que sí parece más raro, si no estuviésemos curados de espanto, es el silencio de las organizaciones sindicales ante un proyecto que va a incrementar más y más las diferencias entre regiones y que, como es lógico, se traducirá en una mayor desigualdad entre los ciudadanos.

Dotar a Cataluña de un sistema de financiación parecido al del País Vasco y Navarra sería catastrófico. Ampliaría las múltiples distorsiones que produce el concierto existente con estas dos últimas autonomías, y cuya legalidad nunca se debería haber introducido en la Constitución. El cupo catalán dañaría gravemente la política redistributiva del Estado en el plano territorial, y se dotaría a los secesionistas de un instrumento esencial, una hacienda pública propia, para aumentar sus probabilidades de éxito en una nueva intentona golpista.

republica.com 7- 12- 2023



LAS COMISIONES DE INVESTIGACION DEL LAWFARE

11-12-2023, CATALUÑA, CORRUPCIÓN, JUSTICIA, SANCHISMO Posted on Lun, diciembre 04, 2023 19:21:34

He desconfiado siempre de las comisiones de investigación del Congreso. Creo que no sirven para nada. Nunca descubren algo que no hayan averiguado ya la policía o lo tribunales. Es más, no solo son inútiles, sino que pueden conducir a la confusión. Me parecen hasta peligrosas Campo abonado de los charlatanes que están dispuestos a contar lo que es y lo que no es con tal de estar un día en el proscenio. Tienen como única finalidad ser armas en la lucha política para la descalificación y la censura al adversario. Las conclusiones suelen ser siempre tendenciosas. Rara vez son reflejos de la realidad, sino más bien de la verdad que quiere la mayoría. A menudo podrían escribirse antes de empezar la labor de la propia comisión.

Es lógico, por tanto, que considere como muy perniciosas las tres registradas últimamente en el Congreso. Una a instancias de ERC, EH Bildu y BNG sobre el espionaje e intromisión en la privacidad e intimidad, a través de los malware Pegasus y Candiru, de personajes políticos. Las otras dos, por los grupos parlamentarios de Junts y PNV. La primera sobre el derecho a saber la verdad acerca de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017; y la segunda referida a la denominada Operación Catalunya y las actuaciones del Ministerio del Interior durante los gobiernos del Partido Popular.

Las tres parten de los compromisos adquiridos por el PSOE y Sumar con los secesionistas. Primero para la constitución de la Mesa del Congreso. Segundo en los acuerdos firmados por el sanchismo y Junts en Waterloo. En realidad, las tres comisiones persiguen el mismo objetivo, hacer pasar a los golpistas y soberanistas por víctimas de un Estado fascista y opresor, y poner en la picota a los servidores públicos, especialmente a los jueces y a los policías. Todo ello dirigido a la opinión pública internacional. Se trata de propagar su discurso e imponerlo como relato cierto. Lo grave es que el gobierno de España está sirviendo de coartada y de garantía de la veracidad de sus planteamientos.

Las comisiones según las propuestas tendrían la siguiente composición: tres representantes de cada grupo parlamentario que conste de más de 100 diputados, dos de cada grupo entre 10 y 100 diputados y uno por cada grupo restante. Dada la generosa creación de grupos parlamentarios que se ha permitido en la cámara, (en teoría para primar a las minorías, pero en realidad en esta ocasión para apuntalar a la mayoría), la representación de la alianza Frankenstein será apabullante y podrán concluir lo que deseen. La oposición no tendrá nada que hacer. Todo será un teatro para que los sediciosos impongan su discurso victimista, aplaudidos por el PSOE y Sumar, que están dispuestos a lo que haga falta para no perder el poder.

La gravedad mayor del asunto aparece cuando consideramos el siguiente párrafo del papel infame que Santos Cerdán firmó en Waterloo, “Las conclusiones de las comisiones de investigación de esta legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto de lawfare o judicialización de la política. Esto, a su vez, podría dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”.

Párrafo introducido con dos finalidades. En primer lugar, para poder incluir en la amnistía a presuntos delincuentes cuyo delito nada tienen que ver con el “procés”, tales como Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, acusado de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico, o a Laura Borràs, procesada por corrupción en la adjudicación de contratos públicos. Se pretende dar la versión de que ambos, y otros muchos que seguro quieren incorporar al lote, han sido imputados injustamente en una persecución por motivos políticos, y por significarse en el proceso de la independencia de Cataluña.

En segundo lugar, enjuiciar a los jueces. Abrir una caza de brujas y un proceso inquisitorial a los tribunales. Como en cualquier proceso inquisitorial, todo será apañado y conformado de acuerdo con los intereses del tribunal que en este caso será la alianza Frankenstein. Este macartismo a la española comenzará por los policías y los servicios secretos. En realidad, ya se inició en la legislatura pasada con el cese de Paz Esteban como directora del CNI, a petición de los golpistas.

La noticia había aparecido en un periódico de Canadá sin viso alguno de veracidad acerca de que se había investigado con el programa Pegasus a una serie de independentistas catalanes. El reportaje carecía de la menor relevancia a no ser porque los secesionistas, que en parte lo habían propiciado, vieron una excelente ocasión para hacerse de nuevo las víctimas. Puigdemont y unos cuantos acólitos se apostaron con pancartas a las puertas del Parlamento europeo quejándose de que les habían espiado. Y Rufián, en el Parlamento español, se mostró abatido y deprimido porque se estaba poniendo en peligro la democracia, y lo decía precisamente él que era y es portavoz de un partido que violó todas las leyes democráticas con la finalidad de transgredir la Constitución y que pretendió romper el Estado.

Margarita Robles tenía toda la razón cuando en el Congreso se enfrentó muy digna a los nacionalistas, con la siguiente pregunta: “¿Qué tiene que hacer un Estado, un gobierno, cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, corta las vías públicas, cuando realiza desórdenes públicos, cuando alguien está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania?”.

¿Que cual sería el papel de un gobierno?  Un gobierno normal en una situación parecida no se habría dado por enterado mientras la información no estuviese probada. En todo caso, mantendría que, verdad o mentira, no tendría nada de raro que aquellos que habían dado un golpe de Estado y afirmaban que volverían a repetirlo fuesen vigilados por el Estado; sostendría que sería totalmente lógico que los que habían tenido contactos con potencias extranjeras, como Rusia, y con un dictador como Putin con la finalidad de conseguir ayuda para romper España, hubiesen sido investigados por los servicios secretos; y defendería que sería razonable que aquellos que movilizaron las fuerzas antisistema para incendiar toda Cataluña, cometer toda clase de sabotajes, que cortaron con gran violencia carreteras y servicios ferroviarios y que pretendieron apoderarse por la fuerza del aeropuerto de Barcelona fuesen fiscalizados por el CNI.

Pero la reacción de un gobierno Frankenstein sería muy distinta tal como así fue: indultaría a los golpistas, gobernaría con ellos, asumiría el lenguaje soberanista respecto al espionaje, desplazaría al ministro de la Presidencia a Barcelona a pedir disculpas y humillarse frente a un miembro de tercera fila del “Govern”, convocaría una rueda de prensa precipitadamente y por sorpresa para anunciar que hacía un año que el presidente del Gobierno y la ministra de Defensa habían sido también espiados. El hecho de publicitarlo –que resultaba un tanto insólito e incomprensible- adquirió sentido más tarde, al comprender que servía de pretexto para cesar a la directora del CNI y dar así satisfacción a los golpistas.

Margarita Robles tendría que haber sido consciente de ello, puesto que desde el primer momento, 2016, se situó al lado de Sánchez frente al Comité Federal, cuando manejaba ya la idea de realizar todas estas alianzas espurias, le acompañó en su hégira de las segundas primarias y formo parte desde el principio del Gobierno Frankenstein. No obstante, como otras muchas veces, se enfrentó cargada de razón a los independentistas. Ello no fue inconveniente para que más tarde, también como en otras ocasiones, cantase la palinodia. Fue todo un espectáculo. Hizo un tremendo papelón en la rueda de prensa en la que comunicó el cese (sustitución lo denominó ridículamente) de Paz Esteban como directora del CNI.

Hubo quien se preguntó acerca de la causa de que Margarita Robles no dimitiese. La pregunta no dejaba de ser ingenua. Quien admite gobernar apoyándose en golpistas, ¿por qué se iba a detener con bagatelas como la de participar en este aquelarre de dar satisfacción a los secesionistas con el cese de la directora del CNI?

Entonces, en estas mismas páginas afirmé que los independentistas no se iban a conformar con lo que habían obtenido y continuarían chantajeando al Gobierno. Así ha sido. Ahora se crea una comisión de investigación en el Congreso que va a colocar los servicios secretos patas arriba, y desarmar así un poco más al Estado, porque es comprensible que en adelante los empleados del CNI presenten muchas reticencias y suspicacias, y su labor se verá afectada por la indolencia . No deja de ser paradójico que esto se produzca cuando se va echar una manta de ocultamiento sobre los delitos de los golpistas.

El soberanismo, en su estrategia en interpretar todo en clave victimista, ha venido alentado sin ninguna prueba la tesis de la existencia de una mano negra del Estado tras los ataques terroristas en Barcelona. Acusa de tendenciosas las sentencias en las que ha desembocado la investigación policial, y que ocultan los vínculos del CNI con el líder de la célula islamista. Al tiempo responsabiliza al Gobierno español por la supuesta dejadez en la supervisión de la venta de materiales susceptibles de usarse como explosivos.

Son muchos los fallos, los errores y lagunas de información que han rodeado los atentados de Barcelona, desde la indolente actitud ante la información transmitida por la policía belga a la insuficiente investigación en la casa de Alcanar, cuando eran múltiples los factores insólitos que deberían haber hecho sospechar de la posibilidad de un atentado, tal como la misma jueza de guardia insinuó. Desde la resistencia a poner bolardos (Madrid nos va a decir a nosotros lo que tenemos que hacer), hasta la negativa a que actuasen la Policía Nacional y la Guardia Civil. Desde el hecho de que no había policía en Las Ramblas en el momento del atentado a la ausencia de información acerca de lo que en realidad ocurrió en Cambrils. Desde la falta de explicación de cómo se pudo escapar Younes tras el atropello de Las Ramblas, hasta saber cómo pudo estar cuatro días huido sin conocimiento de los mossos, y que solo dieran con él tras el aviso de una ciudadana. Desde saber por qué no se interrogó en el primer momento al único herido en la casa de Alcanar, a la razón de por qué tan solo dos terroristas han podido ser detenidos, resultando abatidos (como se dijo) todos los demás, y que, al margen de circunstancias legales y éticas, impide la posibilidad de contar con mucha más información de la célula terrorista y de los atentados.

Todos estos fallos y lagunas no son imputables al Estado sino a la Generalitat. Tienen un denominador común (al margen de las gotas de corporativismo que le era predicable a los Mossos como a cualquier otro colectivo): la arrogancia, la fachenda y la soberbia de los responsables políticos de la Generalitat que desde el primer momento quisieron instrumentalizar los atentados para ponerlos al servicio del “procés” y manifestar al mundo que son autosuficientes y mejores que lo que llaman el Estado español.

Carod Rovira el histórico presidente de Esquerra Republicana –aquel que se reunió en Perpiñán con la cúpula de ETA para pedirles que si querían atentasen contra España, pero no contra Cataluña-, afirmó sin rodeos que, después del atentado de Las Ramblas, el Estado español había desaparecido y que su espacio lo había ocupado la Generalitat de Cataluña: “Cataluña ha visto y comprobado que, a la hora de la verdad, frente a la emergencia de hacer frente a una adversidad criminal, había un Gobierno, una policía y una ciudadanía que estaban donde tenían que estar y a la altura de las circunstancias, que eran el Gobierno, la policía y la ciudadanía de Cataluña, no eran los de España”.

El jefe de prensa de Puigdemont, Pere Martí, siguió en Twitter la misma línea de argumentación del ex vicepresidente de la Generalitat. También el eurodiputado del PDeCAT Ramón Tremosa mantuvo en varias ocasiones una actitud parecida. Concretamente en la mañana del día 20, escribía, en un artículo publicado en el diario ARA titulado ‘Dos países, dos realidades’, la siguiente frase: “Cataluña sola se ha enfrentado a sus enemigos y los ha derrotado con eficacia. En la práctica, los catalanes han visto que ya tienen un Estado”. Y así se podían citar otros muchos testimonios.

Da la impresión de que a los independentistas les importaban muy poco los terroristas o las víctimas, tan es así que parece que estaban contentos y exuberantes por lo que consideraban un éxito en 37 años de autonomía. Contemplaban la respuesta dada al atentado por la Generalitat y los Mossos como un ensayo general del golpe de Estado que protagonizarían un mes más tarde. El soberanismo, que gracias a Sánchez se siente prepotente, vuelve a agitar, en estos momentos, la teoría de la conspiración, tira por tierra sin más las actuaciones de la Audiencia Nacional y abre su propio proceso. Más que investigación, elaboración de una farsa.

En las comisiones que se crean ahora en el Congreso los golpistas catalanes se constituyen en juez y parte. Claro que más juez y parte devienen con la ley de amnistía. Se van a amnistiar ellos mismos y condenar a los que les condenaron. Se me ocurre que la comisión realmente interesante seria la que tuviera por objeto investigar la trama económica del golpe de estado del 2017 en Cataluña y sus postrimerías. Tema que está totalmente inédito.  

republico.com 30-11-2023



LA IZQUIERDA TRAICIONADA

11-12-2023, CATALUÑA, PSOE, SANCHISMO, SUMAR Posted on Lun, noviembre 27, 2023 23:28:25

 “La izquierda traicionada”, este es el título del libro escrito por Guillermo del Valle, impreso en la editorial Península, y que se presenta mañana viernes a las seis y media de la tarde en el Ateneo de Madrid. A raíz de lo que está ocurriendo en nuestro país, considero su publicación de suma actualidad. La traición de la izquierda es poliédrica, y poliédrica es la visión de la obra de Guillermo del Valle. Trata los distintos aspectos en los que la izquierda ha ido abdicando de sus principios y planteamientos. Pero no todos ellos son de la misma actualidad y tampoco se han dado todos de forma tan específica y propia en nuestro país.

El libro que se presenta trata, por supuesto, de ese tránsito producido de la socialdemocracia al socioliberalismo, habla de la globalización y de la Unión Europea, y de la aceptación por una parte de la izquierda de muchos de los postulados del neoliberalismo económico. Pero esa mutación no ha sido ni es propia ni específica de nuestro país, ha sido general en Europa. Por otra parte es una tendencia progresiva, que tuvo su origen en la década de los ochenta y que poco a poco ha ido ganando terreno.

Aunque sea de suma relevancia política, cuando hablo de rabiosa actualidad no me estoy refiriendo a ella. Tampoco a la asunción del populismo, en un intento de dar gato por liebre. Ni siquiera a ese sucedáneo en que hoy se refugia determinada izquierda asumiendo, en una tendencia identitaria, la defensa de ciertas minorías tras haber abandonado casi en su totalidad la lucha por una mayor igualdad entre las clases sociales. De todo ello habla el libro de Guillermo del Valle. Pero no es esto lo que me lleva a considerar como muy oportuna la obra en este momento, sino el abrazo espurio entre izquierda y nacionalismo, que hoy se hace presente en nuestro país con dramática exigencia, la traición, que adquiere tintes trágicos, la cometida por la casi totalidad de la izquierda española haciéndose cómplice de golpistas, secesionistas y filoterroristas.

La izquierda en sus inicios mostró, sí, cierta desconfianza hacia el Estado, de ahí su pretensión de debilitarlo por todos los medios posibles, entre otros, troceándolo y limitando sus competencias. Durante mucho tiempo esta postura parecía plenamente justificada; tal como afirmó Marx, el poder político no era más, que el consejo de administración de los poderes económicos, el guardián de sus intereses.

En España, el sistema político instaurado por la Restauración, basado en el caciquismo y en el turnismo de dos partidos burgueses, marginaba totalmente a las clases populares y las expulsaba del juego político. Eso explica el auge que tuvo en nuestro país, y especialmente en Cataluña, el movimiento anarquista, y la consolidación de tendencias federalistas e incluso cantonalistas. Más tarde, tras el breve periodo de la Segunda República, el Estado se identificó con el franquismo, un régimen dictatorial y opresor, pero que además se proclamaba adalid de la unidad de España. Es lógico que la izquierda tendiese a oponerse y a combatir todo aquello que se identificara con la dictadura, y que en esa dinámica terminase asumiendo o al menos sintiendo simpatía por el nacionalismo.

Tales recelos pueden tener su razón de ser ante un Estado liberal, y por supuesto ante regímenes dictatoriales, pero carecen de todo sentido cuando se trata de un Estado social y democrático de derecho. A una parte de nuestra izquierda le cuesta comprender que el único contrapeso posible al poder económico y a las desigualdades que derivan del mercado se encuentra en el Estado, y que recortarlo o dividirlo solo podía ser regresivo. A partir de la Transición, sin embargo, con la democracia, parecía que todo esto había quedado bastante claro.

Bien es verdad que el PSOE tuvo que lidiar con las veleidades del PSC, que casi siempre tiraba al monte, e IU con las de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) y las de ‎Ezker Batua en el País Vasco. Pero ni IU ni el PSOE se dejaron contagiar. La expresión más clara de que respecto a este punto ambas formaciones se mantenían en el lugar adecuado fue el conocido como “plan Ibarretxe”, consistente en un nuevo estatuto cuyo contenido fundamental era el reconocimiento del llamado derecho a decidir (la autodeterminación) del pueblo vasco. En enero de 2005 el Congreso de los Diputados rechazó el nuevo estatuto por 313 votos, 29 a favor y 2 abstenciones. Tanto el PSOE como IU votaron en contra, solo ICV se abstuvo.

Desde hace algunos años, la situación política en España ha cambiado sustancialmente. La izquierda oficial cohabita con el nacionalismo y asume su mismo discurso. Resultan expresivas las palabras pronunciadas tiempo atrás por Antonio Muñoz Molina: «Primero se hizo compatible ser de izquierdas y ser nacionalista. Después se hizo obligatorio. A continuación declararse no nacionalista se convirtió en la prueba de que uno era de derechas. Y en el gradual abaratamiento y envilecimiento de las palabras bastó sugerir educadamente alguna objeción al nacionalismo ya hegemónico para que a uno lo llamaran facha o fascista».

No existe ninguna contradicción, todo lo contrario, en que la izquierda abrace la causa de las naciones o de los pueblos pobres y oprimidos por la dominación colonial; pero cuando en Estados teóricamente avanzados, como Italia o España, el nacionalismo surge en las regiones ricas, enarbolando la bandera de la insolidaridad frente a las más atrasadas, la izquierda difícilmente puede emparejarse con el nacionalismo sin traicionar sus principios. En este ámbito, izquierda y nacionalismo son conceptos excluyentes. ¿Cómo mantener que la Italia del norte, rica y próspera, es explotada por la del sur, que posee un grado de desarrollo económico bastante menor? ¿Cómo sostener que regiones tales como Extremadura, Andalucía o Castilla-La Mancha oprimen a otras como Cataluña, País Vasco o Navarra? ¿Puede la izquierda dar cobertura al victimismo de los ricos? ¿No resulta contradictorio escuchar a una fuerza que pretende ser progresista quejarse del déficit fiscal de Cataluña?

Cuando la izquierda defiende la libertad de decidir de los catalanes no es consciente de la contradicción en la que está incurriendo. ¿Serían capaces de mantener que un grupo social, el constituido por los ciudadanos de mayores rentas, tiene el derecho, si lo decidiese por mayoría (la mayoría sería aplastante), de excluirse del sistema público de pensiones, de la sanidad y de la educación pública, por ejemplo, con la correspondiente rebaja proporcional en sus impuestos? El supuesto no es tan forzado como pudiera parecer si tenemos en cuenta que las regiones que proponen la autodeterminación son de las más ricas de España. ¿Cuál sería su postura si, amparada en el derecho a decidir, La Moraleja (una de las urbanizaciones de más alto standing de Madrid) pretendiese (ya lo intentó) independizarse del municipio de Alcobendas (municipio de clase media), creando su propio ayuntamiento?

El discurso nacionalista en los países desarrollados tiene bastante parecido con el que defiende el neoliberalismo económico. El mejor sitio en donde está el dinero es en los bolsillos de los ciudadanos, afirman los liberales; los recursos generados en Cataluña deben quedarse en Cataluña. Tanto las clases altas como las regiones ricas de lo que hablan es de limitar, cuando no de eliminar, la solidaridad, y la equidad social. En definitiva, se trata de reducir a la mínima expresión la función redistributiva del Estado. En los dos casos se considera que los ricos son ricos por sus solos méritos, que la distribución de la renta que hace el mercado es correcta, y que cada uno debe ser dueño de disponer de sus ingresos como le venga en gana. Todo proceso redistributivo, bien sea interpersonal o interterritorial, lo juzgan como un acto de caridad, algo graciable, cuando no un abuso y un expolio. Su sentimiento de encontrarse injustamente atendidos por el Estado no surge de que piensen que están realmente discriminados, sino de que no están lo suficientemente bien tratados, dado su grado de excelencia y superioridad sobre los demás, lo que les hace acreedores a disfrutar de una situación privilegiada. ¿Puede la izquierda comulgar y amparar estos presupuestos?

La izquierda, al menos en un país democrático, no puede estar cimentada en el golpismo o en los que defienden la violencia política, aun cuando ahora no la practiquen al ser conscientes de que estratégicamente no les conviene. Es posible que determinadas tácticas y actuaciones sean aceptables en países subdesarrollados con grandes déficits democráticos y donde se carece de un Estado de derecho y, por lo tanto, en ocasiones no existe otro camino para establecer la libertad y la equidad que sortear el sistema jurídico construido por un poder dictatorial; e incluso, en los casos extremos, utilizar la violencia. Pero ese no es el caso de España. Hace más de cuarenta años que nuestro país -tal como dice la Constitución- es un Estado democrático y de derecho y, aunque con muchos defectos, equivalente al de los otros países europeos. No es posible autoproclamarse de izquierdas cuando se está a favor del retorno al cantonalismo, a los reinos de Taifas, a la tribu, al clan.

La tremenda mutación producida en esta cuestión en la izquierda Española tiene su origen en dos hechos acaecidos casi simultáneamente, el surgimiento de Podemos y la llegada de Pedro Sánchez a la secretaria general del PSOE, y tras ellos las prisas y urgencias de unos y de otros para llegar al gobierno y mantenerse en él por encima de cualquier consideración.

Sánchez provocó una metamorfosis radical en el PSOE. La mejor prueba de ello es que al principio de todo, los órganos del partido, concretamente el Comité Federal -que es la máxima autoridad entre congresos-, cuando intuyó hacia dónde se dirigían los planes del ahora presidente del Gobierno, no dudó en forzarle a dejar la Secretaría General. Lo que Rubalcaba bautizó como gobierno Frankenstein aparecía entonces como un auténtico sacrilegio, algo inimaginable para la casi totalidad de los socialistas.

La prisa por llegar al poder, surgida en parte por una concepción bastante simplista e inmadura de la política, lanzó a Podemos a los brazos de Sánchez y unió su suerte a la del partido socialista, precisamente cuando esta formación política atravesaba su peor momento histórico, integrándose en el gobierno Frankenstein, con lo que no solo blanqueaba a golpistas y filoetarras, sino que se hacía partícipe, incluso de aquellas medidas que chocaban frontalmente con su ideología y tradición. Vieron cómo España tomaba claramente partido a favor de la OTAN en una guerra llena de interrogantes y bastante alejada de nuestro entorno geográfico e histórico. Por mucho que repitan que se encuentra en Europa, los intereses parecen encontrarse más bien en EE. UU. Protestaron, pero aceptaron (los acuerdos de Consejo de Ministros se adoptan por unanimidad y hacen responsables a todos sus miembros), los continuos aumentos de los gastos de defensa y el envío de tropas a Ucrania. Tomaron parte como miembros del Gobierno en la modificación radical de la posición de España respecto al Sáhara, que, por cierto, continúa siendo el misterio mejor guardado. ¿Qué es lo que provocó de la noche a la mañana que Sánchez cambiase la posición sin dar cuenta a nadie?

A ese gobierno Frankenstein no se le puede calificar de progresista, sino más bien de reaccionario, ya que para estar en el poder maneja torticeramente el derecho, y no tiene empacho en aplicarlo de manera desigual a los ciudadanos, librando de la cárcel a aquellos que le apoyan, o cambia el Código Penal eliminando delitos o modificándolos con la misma finalidad.

A un gobierno ni siquiera se le puede tildar de democrático cuando acepta el principio de que el fin justifica los medios y en función de ello pretende apoderarse de todos las instituciones del Estado, utilizándolas en su propio provecho; y tampoco se le puede calificar de liberal cuando defiende que la ley no se aplique a todos por igual y que el hecho de tener la mayoría y ser gobierno le permite situarse más allá del ordenamiento jurídico. Y, sin ser democrático y liberal, un Estado no puede ser social.

De cara al futuro surgen los peores augurios. Los acuerdos firmados sin ningún pudor por el PSOE con los partidos separatistas y aplaudidos por Sumar (versión decadente de Podemos) indican claramente que, una vez más, Sánchez está dispuesto a todo con tal de perpetuarse en el poder. Se han echado en manos no ya de nacionalistas, sino de golpistas y filoetarras.

Sin embargo, las autoridades de ambos partidos están eufóricas y exultantes. Todos ellos pletóricos de jactancia y engreimiento. Como no acordarnos de los griegos y lo que entendían por “hibris”, pecado de orgullo y de arrogancia. Plutarco afirmaba: “Los dioses ciegan a quienes quieren perder”, y en palabras atribuidas a Eurípides: “Aquel a quien los dioses desean destruir, primero lo vuelven loco”. El poder ofusca a los humanos. La “hibris” arroja a quienes la padecen al exceso y al endiosamiento, les fuerza a abandonar la justa medida, a sobrepasar los límites.

Desconozco cuál será el futuro de este nuevo Frankenstein, y el de sus dirigentes y acólitos. Y si estarán labrando -como dicen los griegos- su propia perdición. Lo que sí parece probable es que al final de esta aventura la izquierda española va casi a desaparecer, se habrá traicionada a sí misma. En todo caso, se convertirá en otra cosa. De ahí, como afirmaba al principio, la rabiosa actualidad y utilidad de este libro, y también la importancia de que subsistan reductos, aun cuando sean pequeños, tales como el Jacobino, en los que se refugie la lucidez y el pensamiento de la izquierda.

republica.com 23-11-2023



LOS GOLPES DE ESTADO SILENCIOSOS

11-12-2023, ESTADO DE DERECHO, SANCHISMO Posted on Dom, noviembre 19, 2023 11:14:44

El jurista Roberto de Ruggiero afirmaba que en la Revolución Francesa se dieron tres revoluciones en una: la liberal, la democrática y la social. De ahí deriva la calificación del Estado moderno como “de derecho, democrático y social”, y así es definido por nuestra Constitución.

Entre los tres atributos hay una relación determinista y, en un orden lógico y consecuente, cada uno de ellos exige e implica los otros dos. El Estado no puede ser ni democrático ni de derecho si no es social, y sin la condición “de derecho” el Estado no puede llamarse ni democrático ni social.

Durante muchos años esta unidad intrínseca e inseparable había que mantenerla frente al neoliberalismo económico, que aparentemente preconizaba los caracteres de derecho y de democrático, pero olvidaba la dimensión social. Había que recordarles que cuando las desigualdades sociales son muy grandes el Estado se transforma en la dictadura de la clase dirigente, la económicamente poderosa. Pero las cosas han cambiado y, paradójicamente, lo que hay que defender hoy con mayor urgencia es que sin derecho el Estado no puede ser ni democrático ni social. O tempora, o mores.

En la actualidad se da una tendencia, relativamente reciente, que se fija de manera exclusiva en el criterio de democrático y se olvida de la sujeción al derecho. Se piensa que los votos permiten todo y que quienes ganan unas elecciones, sobre todo si se proclaman progresistas, tienen patente de corso para actuar y gobernar sin cortapisa alguna. Hay que recordarles que los gobiernos, por muy democráticamente que hayan sido elegidos, están obligados a funcionar de acuerdo con las leyes y la Constitución. Los votos se emiten ajustándose a unas reglas de juego y a unas pautas que marcan no solo la forma y finalidad de las elecciones, sino también cuáles son las competencias y limitaciones de los elegidos. Las mismas mayorías y minorías se forman de acuerdo con normas determinadas, y tal vez serían otras si estas últimas cambiasen. Dictaduras ni la de los votos.

Fue en Francia, a partir de Napoleón III, cuando surgió la expresión “golpe de Estado”, designando con ella la insurrección que se realiza frente al orden jurídico, transgrediendo la ley y el statu quo pero desdeel poder. En el golpe de Estado, a diferencia de la revolución, es el poder el que pretende cambiar el marco de juego gracias al cual precisamente ha sido nombrado, en la creencia de que las competencias de los elegidos son absolutas y que no tienen que supeditar sus dictados ante nadie ni ante nada.

Recientemente esta mentalidad y forma de actuar, en paralelo con el auge del populismo, se ha extendido en bastantes regiones de América Latina. Algunos gobiernos, aunque elegidos de manera democrática, se olvidan del Estado de derecho y se deslizan hacia sistemas autoritarios y absolutos, en algunos casos dictatoriales, modificando los regímenes sin respetar las reglas establecidas para ello. Curiosamente, con frecuencia acusan de golpistas y subversivos a aquellos que se les oponen. Cómo no acordarnos de Carl Schmitt y su definición de soberano, “es quien decide sobre el estado de excepción”, decisión que puede tomarse sin vinculación normativa de ningún tipo.

En España el ejemplo más claro lo constituyó el golpe de Estado de los independentistas catalanes en 2017. Basándose en que el Parlamento de Cataluña era soberano y que ellos tenían en él mayoría (en escaños, no en votos) se creyeron con la potestad de modificar -unilateralmente y sin someterse a las normas y procedimientos establecidos- la Constitución y de cambiar la estructura territorial de España. Negaban la competencia del Tribunal Constitucional para determinar lo que podía y no podía aprobar el Parlamento catalán.

Al margen de que la soberanía no reside en la sociedad catalana, sino en la totalidad de la española, lo cierto es que el haber ganado unas elecciones no les daba derecho a actuar en contra de la Constitución ni a negar la autoridad que posee el Tribunal Constitucional para señalar lo que se adecua o no a la Carta Magna.

A partir de que Sánchez ganase con apoyo de los golpistas catalanes la moción de censura, esta falsa concepción del orden político mantenido por los secesionistas se ha ido introyectando poco a poco en el Estado y más concretamente en el Gobierno, así como en los partidos que lo apoyan. Incluso han asumido su mismo lenguaje. Términos como conflicto político o desjudicialización de la política indican de forma bastante clara cómo lo que en realidad se pretende es crear para la política un ámbito de impunidad, en el que el derecho y la ley no rigen. De ahí los ataques a los jueces cuando estos pretenden simplemente aplicar el orden penal y constitucional. A lo largo de estos cinco años hemos visto hasta qué punto esta mentalidad ha ido tomando fuerza, se ha extendido entre la población, y no solamente entre la vasca o catalana, sino también en el resto de España, e increíblemente ha terminado por ser aceptada como algo normal y lógico. El 23 de julio ha dado buena muestra de ello.

Poco a poco, el sanchopopulismo ha buscado los agujeros y los resquicios para ir desarmando las instituciones y el Estado de derecho. Fisuras de muy dudosa legalidad y por las que desde luego ningún otro político se habría atrevido hasta entonces a adentrarse. Ha traspasado barreras que se sobreentendía que eran tabú; ha utilizado de manera torticera y abusiva prescripciones legales cambiando su finalidad y su funcionamiento normal; ha empleado a discreción y de manera persistente instrumentos normativos previstos únicamente como extraordinarios y de máxima urgencia. Hasta ahora se ha movido en el filo de la legalidad. Dada la falta de transparencia, es difícil afirmar en qué medida la ha transgredido.

Durante estos años, Sánchez no ha tenido ningún reparo en hacerse por todos los medios a su alcance con el control de las instituciones, debilitando al máximo la división de poderes. Especial gravedad tiene el sesgo que ha adoptado el Tribunal Constitucional, tanto más cuanto que es bien sabido el objetivo de los aliados necesarios del futuro gobierno; todos ellos empeñados en destruir al Estado, y sin que tengan límites ni sus reivindicaciones ni sus exigencias; y no parece que tampoco vaya a tener fin la capacidad de cesión de Sánchez.

En los momentos actuales, la amenaza se hace más inminente cuando el resultado electoral ha proporcionado a Sánchez la creencia de que goza de impunidad, y cuando, al mismo tiempo, necesita los votos de independentistas de todos los pelajes y en general de todos aquellos que pretenden cambiar por cualquier medio el orden constitucional.

De cara al futuro surgen los peores augurios. Los acuerdos firmados sin ningún pudor por el PSOE con los partidos separatistas y aplaudidos por Sumar indican claramente que, una vez más, Sánchez está dispuesto a todo con tal de perpetuarse en el poder. Necesita controlar al legislativo y de ahí su cesión absoluta a los distintos secesionismos, adoptando íntegramente su discurso, incluso el golpista, tergiversando la historia. No le importa tampoco para ello dividir el país y sacrificar las regiones más desfavorecidas a los intereses económicos de dos autonomías, que casualmente son de las más ricas. Pero para mantener unido al Frankenstein y controlar al legislativo, Sánchez precisa algo más, intervenir al poder judicial, y parece ser que ese es el camino que ha comenzado a recorrer y en el que está dispuesto a llegar hasta donde sea necesario. En los pactos firmados sobresale por su gravedad  el compromiso de someter las decisiones de los jueces a comisiones parlamentarias.

No constituye ninguna exageración afirmar que nos estamos acercando peligrosamente a ciertos regímenes populistas de América Latina. Lo malo de estos golpes de Estado es que son silenciosos y las sociedades solo se dan cuenta cuando ya no hay remedio. Durante cinco años, tertulianos, plumillas y demás propagandistas sanchistas vienen calificando a los críticos de alarmistas y descartan que Sánchez vaya acometer tal o cual medida. Lo cierto es que antes o después termina imponiéndola y lo que nos parecía imposible se convierte en realidad. Entonces los voceros del sanchismo que antes se habían pronunciado en contra de ella, giran en redondo y, siguiendo a su jefe, terminan justificándola. Lo peor de todo ello es que gran parte de la sociedad poco a poco acaba por no darle importancia y acepta lo insólito como natural. Continúa así esa historia insólita a la que me réferi en el libro publicado hace tres años en el Viejo Topo con ese mismo título.

El riesgo es innegable. Nos deslizamos por una pendiente muy inclinada que puede terminar con el Estado de derecho en España (o al menos deteriorarlo gravemente) y acercarnos a los regímenes de ciertas repúblicas bananeras, lo que implicaría, aunque se pregone lo contrario, que tampoco podría permanecer por mucho tiempo, tal como decíamos al principio del artículo, ni la verdadera democracia ni el Estado social.

republica.com 16-11-2023



POR ESPAÑA, POR EL INTERÉS DE ESPAÑA, FELONÍA

11-12-2023, CATALUÑA, SANCHISMO Posted on Mar, noviembre 14, 2023 21:38:16

Hay cuestiones que no necesitan ninguna explicación, son evidentes por sí mismas; pero, en contra de lo que afirmaba Hegel, no toda la realidad es racional. Existen muchas personas que están dispuestas a tragarse las mayores fábulas con tal de no crearse problemas, especialmente si van a favor de sus intereses. Uno tendería a pensar que plantearse el motivo por el que se quiere aprobar una ley de amnistía carece de cualquier lógica. Es una pregunta inútil. La causa, al igual que la de los indultos o la modificación del Código Penal para eliminar el delito de sedición o la rebaja de la malversación, está a la vista. Resulta palmaria.

Desde luego no existe ninguna duda acerca de la motivación de los independentistas. Y está igual de clara que la del resto de los miembros de la alianza Fraankenstein es la permanencia en el gobierno. Sánchez durante la campaña electoral mantuvo tajantemente que él no mentía, solo cambiaba de opinión, y en cierta forma es verdad puesto que no tiene ninguna convicción y solo un único objetivo: el poder. Cambia de criterio según se modifican las circunstancias, pero no las económicas, ni sociales, ni siquiera las políticas, en el sentido noble del término. Las innovaciones que toma en cuenta son tan solo el número de diputados que le faltan para tener mayoría y, por lo tanto, las exigencias que los dueños de esos escaños le reclaman para garantizar su permanencia.

Esa es la única y verdadera razón tanto de la defensa de la amnistía como de todas las concesiones que el gobierno Frankenstein ha venido aceptando hasta ahora. Cualquier otra es pura fantasía, pero así y todo, a tenor de los resultados del 23 de julio, hay que reconocer que han sido muchos los que han dado pábulo al dislate de las falacias construidas. Es por eso por lo que, contra toda lógica, haya que entrar a debatir unos argumentos que son simplemente la excusa para ocultar lo que es evidente, que el único motivo que existe es comprar a cualquier precio el gobierno de la nación, no perder los sillones.

Si Sánchez no hubiese necesitado de todas las excreciones del Frankenstein para mantenerse en el poder no habría habido ni mesa de diálogo, ni indultos, ni la eliminación del delito de sedición, ni modificación del de malversación, ni la Abogacía del Estado hubiese cambiado, de rebelión a sedición, la calificación de lo ocurrido con el “procés”. Seguramente tampoco se hubieran acercado, por lo menos al ritmo y en el número que se ha hecho, los presos de ETA a Euskadi, ni se hubiesen dado las otras concesiones realizadas a los independentistas vascos y catalanes. Es más, si el 23 de julio los resultados no hubiesen sido desfavorables al conjunto Frankenstein, y no tuvieran necesidad de sumar a Puigdemont y a sus huestes, no estaríamos hablando de amnistía, ni de relator, ni de referéndum, ni de condonación de deuda, ni de cupo, ni de “España nos roba”, ni siquiera Francina Armengol sería hoy presidenta de las Cortes, ni se habría convertido el Congreso en una nueva torre de Babel, cometiendo el disparate de hablar varias lenguas cuando todos los diputados se entienden perfectamente en una, que además es la oficial de todos los españoles.

Desde la pura lógica es imposible creer que lo que se pretende es la pacificación de Cataluña. Cataluña, en el sentido a que se refiere el nuevo caudillo, quedó pacificada una vez que se aprobó el 155 y actuó el poder judicial, y sin duda hubiese quedado más aún de haberse aplicado más enérgicamente y durante más tiempo la intervención de la Generalitat, tal como hubiese sido lógico a no ser por la renuencia del PSOE.

Los pactos y las cesiones de Sánchez para lo único que han servido es para dar alas al independentismo, insuflándoles fuerzas y nuevas esperanzas e ilusiones. Los han hecho más fuertes y prepotentes. No es cierto que los resultados del 23 de julio muestren un retroceso del soberanismo. Si los partidos secesionistas obtuvieron peores resultados se debió tan solo a que tratándose de unas elecciones generales una parte de sus partidarios, los más irredentos, se inclinó por el boicot al Estado español y a las elecciones, originando la reducción de la participación en Cataluña, y otra parte pensó que en esta tesitura era más práctico y más eficaz para los intereses soberanistas votar al PSC que a los propios secesionistas.

Esa es también una de las razones de que Sánchez obtuviera un millón de votos más. Otras fueron el trasvase que recibió del resto de partidos que se autodenominan de izquierdas (Podemos, etc.), y la menor abstención en toda España que condujo a que todas las formaciones políticas obtuviesen más votos por escaño. Ello al menos relativiza el argumento de que ese millón de votos, significaba que la sociedad española había ratificado de alguna manera los desmanes de los cuatro años pasados. El castigo electoral aparece de forma más clara cuando se considera el del gobierno Frankenstein en su conjunto. El desgaste es evidente y de ahí la necesidad de acudir a todo lo que se mueve en los suburbios, incluso a Puigdemont, y que Sánchez se someta a todo tipo de afrentas y, con él, humille al conjunto del Estado español. Otra cosa es que el castigo no haya sido suficiente para evitar la formación de otro Frankenstein bastante peor que el anterior.

Al margen de resultados electorales, las cesiones y la pasividad de Sánchez solo han servido para que el independentismo se encuentre más crecido que nunca e imponga en Cataluña, al margen de la ley, todas sus tesis. Poco a poco va recobrando fuerzas (embajadas, educación, boicot al jefe del Estado, leyes inconstitucionales, etc.) y se divide más y más a la sociedad catalana. En ella se puede estar produciendo lo que se daba y aún se debe seguir dando en el País Vasco, por una parte, la hégira hacia el exterior de un cierto número de ciudadanos que no comulgan con el independentismo y se sienten en terreno hostil y, por otra, que el tema político inconscientemente se evite a menudo en las conversaciones particulares con la finalidad de que no surjan conflictos.

No, ni la amnistía ni las cesiones anteriores ni las muchas que se produzcan en el futuro van a ayudar a la reconciliación en Cataluña. Todo lo contrario. Cuanto más ibuprofeno, más hinchazón. Menos aun van a contribuir a la unión de Cataluña con el resto de España. El supremacismo, la arrogancia y la insolencia de los independentistas, unidos a un falso victimismo que exige privilegios económicos frente a las otras regiones menos afortunadas, solo pueden despertar el rechazo en las otras comunidades autónomas. Cada día la brecha entre Cataluña y el País Vasco con el resto de España es mayor. Y es inevitable que se agrande si se continúa por el camino que Sánchez está trazando.

Pero Sánchez, desde sus inicios en la vida pública, se ha esforzado por abrir una escisión mucho mayor en la sociedad española. Habiendo sacado en 2016 los peores resultados de su formación política, lejos de dimitir como Almunia y Rubalcaba, acarició la idea de hacerse a pesar de todo con el gobierno. Sabía que la única posibilidad que tenía era establecer una fosa insalvable con el PP que era el partido que había ganado las elecciones. De ahí el “no es no”. Desde entonces ha utilizado una fantasmagórica división entre izquierda y derecha. Cosa curiosa precisamente cuando la globalización y la Unión Monetaria hacen más difícil distinguir a la una de la otra.

Ha aprovechado el fundamentalismo de siglas existente en la sociedad y en la política españolas, por otra parte sin demasiado contenido ideológico, para establecer un cordón sanitario y una división maniquea de una izquierda y una derecha construidas a su conveniencia.

En la primera, situó partidos tan progresistas como el PNV (“Dios y ley vieja”) o los herederos de CiU (3%), que se han comportado a lo largo de todos los años de democracia como las fuerzas más reaccionarias. Solo hay que repasar las actas del Congreso para darse cuenta de dónde han estado siempre sus intereses: claramente a favor del poder económico y defendiendo la distribución más regresiva de la renta y la riqueza en el orden territorial. A ellos, ha añadido además todas las fuerzas montaraces que aun cuando se llamen de izquierdas malamente pueden serlo teniendo, como principal objetivo, privilegiar a las regiones ricas frente a las pobres, y así mismo a otras formaciones del mismo estilo que justifican el terrorismo y si no lo practican es tan solo porque estratégicamente no lo creen conveniente.

A este maremagno secesionista, agrega también, ese conjunto de confluencias de todo tipo que se denominan progresistas, incluso radicales, y cuyos miembros lo que realmente tienen es un empacho mental muy considerable y un enorme grado de inmadurez e inexperiencia y que, olvidando que vivimos en un mundo globalizado y en la Unión Europea, pueden proponer las medidas más disparatadas y contraproducentes precisamente para los objetivos que dicen perseguir. Buena prueba de ello es que se colocan a favor de las exigencias independentistas frente al Estado de derecho, sin considerar que, en realidad, tales reivindicaciones se reducen a establecer en el orden territorial el supremacismo y las diferencias, del mismo modo que las clases altas lo pretenden en el ámbito personal. En el mejor de los casos este conglomerado se identifica con un bolivarianismo que no ha tenido muy buenos resultados en América Latina, pero que desde luego puede resultar nefasto en Europa.

Y coronando todo ello aparece ese sindicato de intereses y de empleo en que Sánchez ha convertido al partido socialista. Bien es verdad que esa transformación únicamente ha sido posible porque esta formación política  había perdido ya toda musculatura. Muchos años de transición de la socialdemocracia al socialiberalismo y un periodo largo de zapaterismo, presidido por la superficialidad, la frivolidad y la estulticia, han creado las condiciones necesarias para la mutación.

Con todos estos elementos, Sánchez construye su ejército, su gobierno al que llama de progreso y que no pasa de ser un populismo mal avenido. Frente al cual, y separado con una enorme muralla y como única alternativa crea un fantoche al que denomina la derecha y en el que engloba sin distinción alguna todo aquello que se le opone. Lo define como el imperio del mal. Predica de la totalidad los posibles errores o inconveniencias que hayan podido cometer alguno de sus componentes, quizás los más extremistas, como si el extremismo no existiese entre sus filas. Exagera hasta el límite. (véase mi artículo del 10 de agosto publicado en este mismo digital titulado “¿Qué sería de Sánchez sin Vox?”).

Sánchez utiliza todos los medios posibles para acentuar esta división, remontándose si es necesario hasta la guerra civil o hasta Franco. Todos los que no están con él son franquistas o fascistas. Incluso se califica así a todos aquellos que de una u otra manera, en algunos casos a costa de ir a cárcel, lucharon contra la dictadura. Y tales exabruptos parten a menudo de quienes han nacido ya en la democracia.

El presidente del Gobierno, en el Comité Federal del PSOE, proclamó con tono enfático que defiende la amnistía por España, por el interés de España. Esta foto pasará a la historia como uno de los mayores actos de felonía. Ni esta medida ni las otras concesiones que ya se han instrumentado o que se van a implantar favorecerán la concordia. Todo lo contrario, creo que van a incrementar la división en Cataluña, y entre esta Comunidad y el resto de España, e inclusive van a ahondar el fraccionamiento en toda la sociedad española.

Acto de felonía es dar a entender que todo resulta lícito con tal de impedir la alternancia. Es la muerte de la democracia. ¿Por España, por el interés de España? No, por el interés de los golpistas, por la ambición y por la egolatría de Sánchez. Lo que no entiendo muy bien es lo de nuestro vecino Antonio Costa, teniendo mayoría en el Parlamento, en lugar de haber dimitido podría haber aprobado una ley de amnistía. Se habría justificado afirmando que su intención radicaba en no dar ocasión de gobernar a la derecha. Todo por Portugal, por el interés de Portugal.

Republica 10-11-2023



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