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ARTICULOS DEL 17/3/2023 AL 9/1/2024 CONTRAPUNTO

LOS GOLPES DE ESTADO SILENCIOSOS

11-12-2023, ESTADO DE DERECHO, SANCHISMO Posted on Dom, noviembre 19, 2023 11:14:44

El jurista Roberto de Ruggiero afirmaba que en la Revolución Francesa se dieron tres revoluciones en una: la liberal, la democrática y la social. De ahí deriva la calificación del Estado moderno como “de derecho, democrático y social”, y así es definido por nuestra Constitución.

Entre los tres atributos hay una relación determinista y, en un orden lógico y consecuente, cada uno de ellos exige e implica los otros dos. El Estado no puede ser ni democrático ni de derecho si no es social, y sin la condición “de derecho” el Estado no puede llamarse ni democrático ni social.

Durante muchos años esta unidad intrínseca e inseparable había que mantenerla frente al neoliberalismo económico, que aparentemente preconizaba los caracteres de derecho y de democrático, pero olvidaba la dimensión social. Había que recordarles que cuando las desigualdades sociales son muy grandes el Estado se transforma en la dictadura de la clase dirigente, la económicamente poderosa. Pero las cosas han cambiado y, paradójicamente, lo que hay que defender hoy con mayor urgencia es que sin derecho el Estado no puede ser ni democrático ni social. O tempora, o mores.

En la actualidad se da una tendencia, relativamente reciente, que se fija de manera exclusiva en el criterio de democrático y se olvida de la sujeción al derecho. Se piensa que los votos permiten todo y que quienes ganan unas elecciones, sobre todo si se proclaman progresistas, tienen patente de corso para actuar y gobernar sin cortapisa alguna. Hay que recordarles que los gobiernos, por muy democráticamente que hayan sido elegidos, están obligados a funcionar de acuerdo con las leyes y la Constitución. Los votos se emiten ajustándose a unas reglas de juego y a unas pautas que marcan no solo la forma y finalidad de las elecciones, sino también cuáles son las competencias y limitaciones de los elegidos. Las mismas mayorías y minorías se forman de acuerdo con normas determinadas, y tal vez serían otras si estas últimas cambiasen. Dictaduras ni la de los votos.

Fue en Francia, a partir de Napoleón III, cuando surgió la expresión “golpe de Estado”, designando con ella la insurrección que se realiza frente al orden jurídico, transgrediendo la ley y el statu quo pero desdeel poder. En el golpe de Estado, a diferencia de la revolución, es el poder el que pretende cambiar el marco de juego gracias al cual precisamente ha sido nombrado, en la creencia de que las competencias de los elegidos son absolutas y que no tienen que supeditar sus dictados ante nadie ni ante nada.

Recientemente esta mentalidad y forma de actuar, en paralelo con el auge del populismo, se ha extendido en bastantes regiones de América Latina. Algunos gobiernos, aunque elegidos de manera democrática, se olvidan del Estado de derecho y se deslizan hacia sistemas autoritarios y absolutos, en algunos casos dictatoriales, modificando los regímenes sin respetar las reglas establecidas para ello. Curiosamente, con frecuencia acusan de golpistas y subversivos a aquellos que se les oponen. Cómo no acordarnos de Carl Schmitt y su definición de soberano, “es quien decide sobre el estado de excepción”, decisión que puede tomarse sin vinculación normativa de ningún tipo.

En España el ejemplo más claro lo constituyó el golpe de Estado de los independentistas catalanes en 2017. Basándose en que el Parlamento de Cataluña era soberano y que ellos tenían en él mayoría (en escaños, no en votos) se creyeron con la potestad de modificar -unilateralmente y sin someterse a las normas y procedimientos establecidos- la Constitución y de cambiar la estructura territorial de España. Negaban la competencia del Tribunal Constitucional para determinar lo que podía y no podía aprobar el Parlamento catalán.

Al margen de que la soberanía no reside en la sociedad catalana, sino en la totalidad de la española, lo cierto es que el haber ganado unas elecciones no les daba derecho a actuar en contra de la Constitución ni a negar la autoridad que posee el Tribunal Constitucional para señalar lo que se adecua o no a la Carta Magna.

A partir de que Sánchez ganase con apoyo de los golpistas catalanes la moción de censura, esta falsa concepción del orden político mantenido por los secesionistas se ha ido introyectando poco a poco en el Estado y más concretamente en el Gobierno, así como en los partidos que lo apoyan. Incluso han asumido su mismo lenguaje. Términos como conflicto político o desjudicialización de la política indican de forma bastante clara cómo lo que en realidad se pretende es crear para la política un ámbito de impunidad, en el que el derecho y la ley no rigen. De ahí los ataques a los jueces cuando estos pretenden simplemente aplicar el orden penal y constitucional. A lo largo de estos cinco años hemos visto hasta qué punto esta mentalidad ha ido tomando fuerza, se ha extendido entre la población, y no solamente entre la vasca o catalana, sino también en el resto de España, e increíblemente ha terminado por ser aceptada como algo normal y lógico. El 23 de julio ha dado buena muestra de ello.

Poco a poco, el sanchopopulismo ha buscado los agujeros y los resquicios para ir desarmando las instituciones y el Estado de derecho. Fisuras de muy dudosa legalidad y por las que desde luego ningún otro político se habría atrevido hasta entonces a adentrarse. Ha traspasado barreras que se sobreentendía que eran tabú; ha utilizado de manera torticera y abusiva prescripciones legales cambiando su finalidad y su funcionamiento normal; ha empleado a discreción y de manera persistente instrumentos normativos previstos únicamente como extraordinarios y de máxima urgencia. Hasta ahora se ha movido en el filo de la legalidad. Dada la falta de transparencia, es difícil afirmar en qué medida la ha transgredido.

Durante estos años, Sánchez no ha tenido ningún reparo en hacerse por todos los medios a su alcance con el control de las instituciones, debilitando al máximo la división de poderes. Especial gravedad tiene el sesgo que ha adoptado el Tribunal Constitucional, tanto más cuanto que es bien sabido el objetivo de los aliados necesarios del futuro gobierno; todos ellos empeñados en destruir al Estado, y sin que tengan límites ni sus reivindicaciones ni sus exigencias; y no parece que tampoco vaya a tener fin la capacidad de cesión de Sánchez.

En los momentos actuales, la amenaza se hace más inminente cuando el resultado electoral ha proporcionado a Sánchez la creencia de que goza de impunidad, y cuando, al mismo tiempo, necesita los votos de independentistas de todos los pelajes y en general de todos aquellos que pretenden cambiar por cualquier medio el orden constitucional.

De cara al futuro surgen los peores augurios. Los acuerdos firmados sin ningún pudor por el PSOE con los partidos separatistas y aplaudidos por Sumar indican claramente que, una vez más, Sánchez está dispuesto a todo con tal de perpetuarse en el poder. Necesita controlar al legislativo y de ahí su cesión absoluta a los distintos secesionismos, adoptando íntegramente su discurso, incluso el golpista, tergiversando la historia. No le importa tampoco para ello dividir el país y sacrificar las regiones más desfavorecidas a los intereses económicos de dos autonomías, que casualmente son de las más ricas. Pero para mantener unido al Frankenstein y controlar al legislativo, Sánchez precisa algo más, intervenir al poder judicial, y parece ser que ese es el camino que ha comenzado a recorrer y en el que está dispuesto a llegar hasta donde sea necesario. En los pactos firmados sobresale por su gravedad  el compromiso de someter las decisiones de los jueces a comisiones parlamentarias.

No constituye ninguna exageración afirmar que nos estamos acercando peligrosamente a ciertos regímenes populistas de América Latina. Lo malo de estos golpes de Estado es que son silenciosos y las sociedades solo se dan cuenta cuando ya no hay remedio. Durante cinco años, tertulianos, plumillas y demás propagandistas sanchistas vienen calificando a los críticos de alarmistas y descartan que Sánchez vaya acometer tal o cual medida. Lo cierto es que antes o después termina imponiéndola y lo que nos parecía imposible se convierte en realidad. Entonces los voceros del sanchismo que antes se habían pronunciado en contra de ella, giran en redondo y, siguiendo a su jefe, terminan justificándola. Lo peor de todo ello es que gran parte de la sociedad poco a poco acaba por no darle importancia y acepta lo insólito como natural. Continúa así esa historia insólita a la que me réferi en el libro publicado hace tres años en el Viejo Topo con ese mismo título.

El riesgo es innegable. Nos deslizamos por una pendiente muy inclinada que puede terminar con el Estado de derecho en España (o al menos deteriorarlo gravemente) y acercarnos a los regímenes de ciertas repúblicas bananeras, lo que implicaría, aunque se pregone lo contrario, que tampoco podría permanecer por mucho tiempo, tal como decíamos al principio del artículo, ni la verdadera democracia ni el Estado social.

republica.com 16-11-2023



EL CONSTITUCIONAL, ESTÚPIDOS, EL CONSTITUCIONAL

9, 10, 2023, ESTADO DE DERECHO, SANCHISMO Posted on Mar, octubre 31, 2023 23:45:12

Pocas dudas caben ya de que nos vamos a enfrentar a un cambio constitucional por la puerta de atrás, a un golpe de Estado encubierto. Pieza clave, sin duda, son las ansias de Sánchez y de sus acólitos por perpetuarse en el poder a cualquier precio, pero la garantía de que el proyecto pueda tener éxito se encuentra en la transmutación producida en el Tribunal Constitucional (TC) y su voluntad de legitimar jurídicamente todas las decisiones que adopte el conglomerado Frankenstein. La última señal inequívoca de que se encamina en esa dirección se encuentra en que ha sancionado como constitucional la ofensiva dirigida por el Gobierno y sus satélites contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El Gobierno y sus voceros mediáticos repiten sin cesar que el Partido Popular no cumple la Constitución porque se ha negado a renovar el CGPJ, aunque con mayor razón se podría indicar lo contrario, porque el quid de la cuestión radica en la forma de renovarlo. Incluso podríamos abrir el abanico y cuestionarnos la manera de designar a los miembros de todos los órganos constitucionales. El problema sobrepasa la elección del CGPJ, afecta también al Tribunal Constitucional, al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, y quizás a algún otro más.

No obstante, sí hay un aspecto que corresponde únicamente al CGPJ, y es la posibilidad de que parte de sus consejeros sean elegidos por los propios jueces. Como es lógico, esta forma de designación no es aplicable al resto de organismos. Pero, dejando aparte esta cuestión acerca de si hay que retornar o no al sistema anterior a la ley orgánica de 1985 por la que el PSOE estableció el sistema actual y se abandonó la elección por los jueces, centrémonos en cómo interpretar la mayoría de los tres quintos del Congreso y del Senado que establece la Constitución para elegir los ocho vocales y que recoge la ley orgánica para los otros doce.

A lo largo de estos más de treinta y cinco años, la elección se ha venido realizando de cierta manera fraudulenta porque los tres quintos se han interpretado de tal modo que los dos partidos mayoritarios se reparten los nombramientos –tú votas a los míos y yo a los tuyos-, lo que lógicamente, constituye la forma más segura de politizar el órgano. A este peligro se refería el TC de entonces al dictaminar el recurso presentado contra la ley de 1985 en su sentencia del 29 de julio de 1986 en la que -aun sin declarar inconstitucional el procedimiento, ya que no se oponía de forma directa a la letra de la Constitución- advertía de los efectos negativos que podían derivarse de su aplicación:

«Se corre el riesgo de frustrar la finalidad señalada de la norma constitucional si las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olvidan el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en este, atienden solo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyen los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza parlamentaria de estos. La lógica del Estado de partidos empuja hacia actuaciones de este género, pero esa misma lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, y señaladamente, el poder judicial… La existencia y aun la probabilidad de ese riesgo, creado por un precepto que hace posible, aunque no necesaria, una actuación contraria al espíritu de la norma constitucional, parece aconsejar su sustitución».

Ciertamente el procedimiento no solo no se ha sustituido, sino que todo este tiempo se ha caído en el peligro que señalaba el TC. Si la Carta Magna fija la mayoría cualificada de los tres quintos es para evitar toda posibilidad de politización del órgano. En principio, el hecho de que cada consejero cuente con la aprobación como mínimo de tres quintas partes de los diputados o de los senadores debería garantizar, al ser una persona de consenso, su neutralidad e independencia, sin adscripción partidista alguna. Lo cierto es que, del modo que se ha venido aplicando desde 1985, el resultado ha sido el inverso. La conclusión es que los elegidos son los más politizados (en el mal sentido del término) e incluso en algunos casos los más sectarios. Tan es así que se continúa hablando de consejeros conservadores y progresistas.

Y es de esta forma como el Gobierno quiere seguir renovando el CGPJ. No estar dispuestos a votar a favor de la propuesta del PSOE no se puede decir que sea atacar la Constitución, como se esfuerzan por afirmar una y otra vez todas las fuerzas del sanchopopulismo. La Constitución no obliga a ningún diputado ni senador a votar a un consejero que no considere apto, y por consiguiente ninguna formación política debe dar su aquiescencia a uno o varios candidatos que piense que no son los adecuados por el simple hecho de que en contrapartida la formación política contraria acepte a los propios aspirantes.

Es más, ante la postura del PP de negarse a admitir a sus candidatos, el Gobierno proyectó cambiar la ley orgánica, no para retornar al sistema de elección por los propios jueces anterior a 1985, sino para reducir la mayoría necesaria de manera que la coalición Frankenstein pudiera designar a todos los vocales, lo que convertiría a los jueces en una especie de prolongación del sanchopopulismo. Solo la intervención de la UE les ha hecho desistir por ahora de la idea, idea que vuelven a acariciar ante una posible legislatura futura en el poder.

Con la finalidad de presionar al PP, el Gobierno elaboró una ley ad hoc encaminada a despojar al Consejo, mientras está en funciones, de las competencias para cubrir vacantes. Resulta un cierto contrasentido privarle de las funciones precisamente cuando está en funciones. Se ha creado así una situación caótica en la justicia -aunque tal vez buscada por el Gobierno- al permanecer muchos puestos vacantes.

El cinismo de Sánchez se hace patente al no tener ningún empacho en propiciar que se aprobase poco después otra ley devolviendo las funciones al Consejo, pero limitadas únicamente a su capacidad de nombrar dos miembros del TC, maniobra con la que el Gobierno pudo a su vez designar a otros dos y, gracias a la postura bobalicona de Casado (mejor dicho de Egea), constituir un TC y un Tribunal de Cuentas totalmente manejables.

Durante el poco tiempo que ambos órganos llevan funcionando después de la renovación han dado suficientes muestras de sectarismo. El caso más preocupante se encuentra en el Tribunal Constitucional por la función tan capital que tiene como garantía última de la legalidad del sistema, del correcto funcionamiento de las instituciones, y de que se mantiene la división de poderes. Buena señal de lo que se puede esperar de él se encuentra en la sentencia recién emitida declarando constitucional la privación de funciones del CGPJ, que deja a los pies de los caballos a la magistratura.

No deja de ser curiosa la postura de la magistrada María Luisa Segoviano, que votó afirmativamente en la sentencia, habiendo sido una de las voces más críticas contra la norma cuando estaba en el Tribunal Supremo. Parece que pertenecer a la cuadra de Conde Pumpido imprime carácter e impone una disciplina más estricta que la que se tiene al militar en un partido.

Este hecho y otros parecidos (como los informes filtrados acerca de los recursos de los ERE andaluces o de la legitimización de los futuros cambios que Sanchez se propone introducir en la elección del CGPJ) nos hacen ser pesimistas de cara al futuro, tanto más cuanto que algunos de los miembros del TC defienden una interpretación creativa o modificadora del propio texto constitucional, y no están dispuestos a inhibirse ni a aceptar recusaciones, por mucho que fuesen evidentes sus implicaciones con anterioridad en los casos y, por lo tanto, la sospecha de su parcialidad. No deja de ser significativo que el sanchismo y sus adláteres anden por ahí repitiendo que todo se hará dentro de la Constitución, con la tranquilidad que da el saber que se cuenta con el Tribunal Constitucional para refrendar todo lo que el Gobierno y la mayoría del Congreso aprueben.

No hay que ser muy suspicaz para sospechar que en la ley de amnistía que se está cocinando, interviene con un papel preeminente la brigada de Conde Pumpido a efectos de que su redacción sea lo suficientemente ajustada y fina para que con una interpretación evolutiva de la Constitución se pueda defender que es congruente con ella. Es más parece que en los aledaños de Puigdemont se ha filtrado que mantienen un intercambio de redacciones con expertos del TC

El aspecto más peligroso de la aventura de Pedro Sánchez es que cuenta con el TC  y puede terminar santificando las modificaciones más aberrantes del sistema, un cambio de la Constitución por la puerta de atrás, un golpe de Estado. El Tribunal Constitucional, estúpidos…

republica.com 26-10-2023