Nadia Calviño, en un acto del Partido Socialista gallego, al más puro estilo mitinero -lo que quizás no cuadra mucho con una futura presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI)-, gritó: “Hay que respetar las instituciones. Es de primero de democracia. Cuando el presidente del gobierno llama a alguien para que vaya a la Moncloa, se va. Feijóo está ya llegando tarde”. Si tú me dices ven, lo dejo todo, como en el bolero, o en los versos de Amado Nervo. Bien es verdad que en el orden práctico quizás Feijoo debería ir a Waterloo o a Ginebra a entrevistarse con Puigdemont, que parece ser el que manda en España. Tan es así, que Sánchez reconoce que a lo mejor se ve obligado a entrevistarse con el prófugo antes de la amnistía. Él, simplemente se atreve a expresar un deseo, que preferiría que fuera después.
Calviño en ese mitin quizás estaba pensando en ella misma, cuando acudió presta, casi corriendo, al llamamiento de Sánchez para ser ministra de Economía, sin importarle demasiado que iba a pertenecer a un gobierno Frankenstein, es decir, nombrado por golpistas y filoetarras, y que eso aparecería siempre como un baldón en su carrera, por muchos puestos que con su ayuda escalase en la vida profesional.
En realidad, parece que su objetivo era retornar lo antes posible a la Unión Europea como comisaria. La contrariedad consistió en que se cruzó por medio Borrell y ambos nombramientos resultaban incompatibles. En su carrera, siempre estuvo dispuesta a lanzar la candidatura a los puestos internacionales. Primero fue al Comité Monetario y Financiero Internacional del FMI; más tarde, a la presidencia del Eurogrupo. En ambas ocasiones, sin éxito. A la tercera -más bien a la cuarta- ha sido la vencida, la presidencia del BEI. Alegría grande para Calviño, pero también para Sánchez que, no contento con colonizar las instituciones españolas, considera un triunfo de su Gobierno colocar a uno de los suyos en algún puesto internacional.
Pero en política exterior las cosas funcionan de otra manera. Los nombramientos no se realizan por la valía y capacidad del candidato. En ese aspecto no hay demasiada diferencia con los nombramientos nacionales. Tampoco interviene la valoración que se tenga del gobierno proponente. Cuenta, sobre todo, la importancia relativa del Estado de origen y principalmente las contrapartidas que este pueda ofrecer a los otros Estados o a la propia organización. Así ocurrió en el pasado, en 2012, con la ministra de Igualdad de Zapatero, Bibiana Aído, que fue nombrada asesora especial de la ONU gracias a ser España uno de los países que más donó (200 millones de euros) entre 2006 y 2012 a ONU mujeres.
La designación de Calviño ha venido rodeada de asuntos bastante sospechosos, que inducen a pensar que el invento nos va a salir un poco caro. Por una parte, las cesiones en la financiación de Siemens Gamesa en favor de Alemania y la promesa a Francia de flexibilizar la posición de España en el tema de la energía atómica, amén del compromiso de la futura presidenta de que el BEI financiaría proyectos de este tipo de energía.
Por otra parte, y sobre todo, la pérdida de toda posibilidad de que la Agencia antiblanqueo de la Unión Europea se estableciese en Madrid, con lo que se renuncia a una inversión de muchos cientos de millones de euros y a la generación de más de 1.000 empleos directos. Es muy posible que lo que se quiere vender como una buena noticia para España no lo sea tanto, especialmente porque, en contra de lo que se dice, el nombramiento apenas va a repercutir en nuestro país.
La todavía ministra está contenta, ha logrado ese objetivo que se había fijado cuando acudió a la llamada del presidente del Gobierno en ese primer curso de democracia. Todo tiene un precio. A lo largo de estos años ha tenido que aprender mucha más democracia, la trazada por Sánchez en su realidad paralela. Ha sido una buena alumna en la representación y día a día nos ha ido mostrando un panorama económico que muy poco tenía que ver ni con los hechos ni con los datos.
Al escribir en estos últimos meses un libro que acabo de entregar a la editorial El viejo topo, dedicado a analizar desde casi todos los ángulos estos cuatro últimos años aciagos, me he dado cuenta de hasta qué extremo la ministra de Economía (y por supuesto también todo el Gobierno) no ha perdido ocasión para presentar en un tono absolutamente triunfalista un panorama idílico totalmente alejado de la realidad. Ha calificado a nuestra economía de robusta, la locomotora de Europa; incluso, copiando el lenguaje cheli de Sánchez, nos ha dicho que va como una moto.
Importaba poco no acertar en las previsiones. Ello no minoraba lo más mínimo su jactancia y suficiencia. Este periodo, lejos de caracterizarse por la prosperidad y la bonanza que ha venido describiendo en todo momento la ministra de Economía, han sido cuatro años perdidos. Nos hemos empobrecido. En este lapso de tiempo, la renta per cápita no solo no ha crecido, sino que se ha reducido casi un 4 %.
Se nos dirá que han sido tiempos malos, la epidemia, la guerra, etc. Lo cual es cierto, pero las circunstancias desfavorables han afectado a todos los países. Esta variable, tanto en la eurozona como en la Unión Europea, no solo se ha recuperado, sino que también se ha incrementado un 1 % respecto a los niveles previos a la epidemia. El mismo comportamiento han experimentado las rentas per cápita de Italia y de Francia. Incluso en Alemania, a pesar de ser sin duda al Estado que por su proximidad y dependencia de Rusia más le está afectando la crisis, hoy por hoy se mantiene.
La evolución ha sido mucho mejor en otros países como Portugal (3%), o Grecia (7%) y no digamos en los países que no pertenecen a la Unión Monetaria: Dinamarca y Suiza (4%), Polonia (6%), Hungría (8%), Bulgaria (11%), Rumania (15%). No parece que a estas economías les vaya tan mal fuera de la eurozona. Es una cuestión que sin duda nos deberíamos plantear, pero ello daría para otro artículo.
Como no podía ser de otro modo, la evolución del PIB se encuentra en consonancia con estos datos. España ha sido el país de la Unión Europea que ha tardado más en alcanzar el nivel previo a la epidemia. Según los datos de Eurostat, la eurozona en su conjunto lo logró en el tercer trimestre de 2021, y en ese mismo momento lo lograron Grecia, Austria y Bélgica. La Unión Europea en su conjunto llegó a ese valor en el cuarto trimestre de 2021. Y en idéntica fecha lo recobraron Italia y Francia; Portugal y Alemania en 2022 (primer y segundo trimestre, respectivamente). Holanda es el país que antes lo consiguió, en el tercer trimestre de 2020.
Poco antes de las elecciones generales, el INE había facilitado el dato provisional del crecimiento del PIB en el primer trimestre de 2023, un 0,5 %, con lo que esta variable no alcanzaba el nivel de finales de 2019. El Gobierno quería anunciar antes de los comicios que España había logrado ya esa meta. Es muy probable que por esa razón, al ofrecer el dato definitivo, se elevó al 0,6 %, con lo que el PIB se situaba en el 99,9 % de la cuantía que tenía en el cuarto trimestre de 2019. Ese uno por mil de diferencia se consideraba insignificante (aunque represente alrededor de 1.300 millones de euros); y así, la ministra de Economía pudo salir triunfante a la palestra a proclamar que la economía española se había situado ya a los niveles precovid.
A finales de septiembre de 2023, el INE revisó las tasas de crecimiento de 2021 y 2022, pasando del 5,5 % al 6,4 % para el primero y del 5,5 % al 5,8 % para el segundo. Incrementos sorprendentes y desproporcionados. Con los nuevos datos, ¡oh, casualidad!, se alcanzó justamente el nivel de 2019 al final de 2022. Mucha casualidad, desde luego, cuando Calviño había cambiado hacía tiempo al director general del INE, porque según parece no era suficientemente complaciente con los deseos del Gobierno. No obstante, eso no cambia nada porque, como se ha señalado, la mayoría de los países habían conseguido ese objetivo mucho antes.
En su cháchara acerca de lo bien que iba la economía española, el Gobierno se ha escudado principalmente en los datos de paro. Datos amañados al no contemplar durante mucho tiempo, entre otros, a los trabajadores en ERTE como parados y después de la reforma laboral, a los fijos discontinuos. Las cifras oficiales ofrecidas por el Gobierno son totalmente incongruentes con la evolución tanto del PIB como de la renta per cápita. En realidad, después de tantos equívocos, cambios y tergiversaciones, el único dato que se puede acercar a la realidad es el de horas semanales trabajadas. Según Eurostat, esta variable no ha recuperado los niveles de 2019 hasta junio de 2023.
El discurso fatuo y jactancioso de la aún ministra de Economía se ha basado también en las cifras de inflación, centrándose en aquellos momentos en que las de nuestra economía estaban por encima de la media. Hay que considerar que los incrementos de los precios son acumulativos, por lo que no pueden circunscribirse a un mes ni a un año. Se precisa contemplar, al menos, el periodo transcurrido desde el comienzo de la crisis hasta hoy. Si en algunos momentos nuestra inflación ha sido más elevada que la media, en otros se ha producido el fenómeno inverso. Precisamente durante los últimos meses nuestros precios se están incrementando a mayor ritmo que los de la eurozona.
En cualquier caso, el dato más relevante para la mayoría de los ciudadanos estriba en la relación precios-salarios, y aquí volvemos a situarnos en una mala posición. Según la OCDE, nuestro país está a la cabeza de la pérdida de poder adquisitivo. Incluso en Italia y en Alemania, con tasas de inflación más elevadas, los salarios reales se han reducido menos que en España.
No obstante, con todo, al juzgar la negligencia y la ineptitud de este Gobierno en la aplicación de la política económica las encontramos en mayor medida no tanto en los resultados obtenidos -de los peores de toda la eurozona-, sino por los recursos públicos que ha destinado, mucho más cuantiosos que los de los otros países. Estos tienen su origen, en primer lugar, en los fondos europeos de recuperación (no deja de ser paradójico que a pesar de ellos, España haya sido el país que, con mucho, más ha tardado en recuperarse) y, en segundo lugar, en el incremento ingente del endeudamiento público adquirido durante estos años, que minora el patrimonio de todos los españoles.
Hace unos días, creo que fue en Espejo público, Calviño dio una vez más muestras de un discurso torticero, y de su intención de dar gato por liebre. Afirmó que habían reducido el endeudamiento público un 15 %, para añadir a continuación -como si la cosa no tuviese importancia- “desde el nivel más alto”. Es decir, que tomaba como referencia el segundo trimestre de 2020 en plena pandemia en el que el PIB se había reducido un 22 %, con lo que cualquier magnitud relacionada a esa variable tenía que elevarse a los cielos. Es una prueba más de cómo el Gobierno falsea los datos.
La realidad, por el contrario, es muy otra, el endeudamiento público desde 2019 ha crecido en más de un 15 % del PIB, porcentaje muy superior al experimentado por la casi totalidad de los países europeos: el de Grecia, 5 %; Portugal, 3 %; Holanda, 3 %; Alemania, 7 %; Austria, 9 %; Bélgica, 10 %, y Francia e Italia, 14 %, etc. La media de la eurozona se ha situado en el 9 %.
Como se puede observar cuando se analizan los datos con cierta seriedad, la realidad económica que nos deja Calviño al marcharse está muy lejos de ese país de las maravillas que continuamente nos ha descrito. Lo malo es que también nos deja a Sánchez, y lo que viene puede ser aun peor. ¿Tierra firme? Tierra quemada.
republica.com 28-12-2023
