“La izquierda traicionada”, este es el título del libro escrito por Guillermo del Valle, impreso en la editorial Península, y que se presenta mañana viernes a las seis y media de la tarde en el Ateneo de Madrid. A raíz de lo que está ocurriendo en nuestro país, considero su publicación de suma actualidad. La traición de la izquierda es poliédrica, y poliédrica es la visión de la obra de Guillermo del Valle. Trata los distintos aspectos en los que la izquierda ha ido abdicando de sus principios y planteamientos. Pero no todos ellos son de la misma actualidad y tampoco se han dado todos de forma tan específica y propia en nuestro país.

El libro que se presenta trata, por supuesto, de ese tránsito producido de la socialdemocracia al socioliberalismo, habla de la globalización y de la Unión Europea, y de la aceptación por una parte de la izquierda de muchos de los postulados del neoliberalismo económico. Pero esa mutación no ha sido ni es propia ni específica de nuestro país, ha sido general en Europa. Por otra parte es una tendencia progresiva, que tuvo su origen en la década de los ochenta y que poco a poco ha ido ganando terreno.

Aunque sea de suma relevancia política, cuando hablo de rabiosa actualidad no me estoy refiriendo a ella. Tampoco a la asunción del populismo, en un intento de dar gato por liebre. Ni siquiera a ese sucedáneo en que hoy se refugia determinada izquierda asumiendo, en una tendencia identitaria, la defensa de ciertas minorías tras haber abandonado casi en su totalidad la lucha por una mayor igualdad entre las clases sociales. De todo ello habla el libro de Guillermo del Valle. Pero no es esto lo que me lleva a considerar como muy oportuna la obra en este momento, sino el abrazo espurio entre izquierda y nacionalismo, que hoy se hace presente en nuestro país con dramática exigencia, la traición, que adquiere tintes trágicos, la cometida por la casi totalidad de la izquierda española haciéndose cómplice de golpistas, secesionistas y filoterroristas.

La izquierda en sus inicios mostró, sí, cierta desconfianza hacia el Estado, de ahí su pretensión de debilitarlo por todos los medios posibles, entre otros, troceándolo y limitando sus competencias. Durante mucho tiempo esta postura parecía plenamente justificada; tal como afirmó Marx, el poder político no era más, que el consejo de administración de los poderes económicos, el guardián de sus intereses.

En España, el sistema político instaurado por la Restauración, basado en el caciquismo y en el turnismo de dos partidos burgueses, marginaba totalmente a las clases populares y las expulsaba del juego político. Eso explica el auge que tuvo en nuestro país, y especialmente en Cataluña, el movimiento anarquista, y la consolidación de tendencias federalistas e incluso cantonalistas. Más tarde, tras el breve periodo de la Segunda República, el Estado se identificó con el franquismo, un régimen dictatorial y opresor, pero que además se proclamaba adalid de la unidad de España. Es lógico que la izquierda tendiese a oponerse y a combatir todo aquello que se identificara con la dictadura, y que en esa dinámica terminase asumiendo o al menos sintiendo simpatía por el nacionalismo.

Tales recelos pueden tener su razón de ser ante un Estado liberal, y por supuesto ante regímenes dictatoriales, pero carecen de todo sentido cuando se trata de un Estado social y democrático de derecho. A una parte de nuestra izquierda le cuesta comprender que el único contrapeso posible al poder económico y a las desigualdades que derivan del mercado se encuentra en el Estado, y que recortarlo o dividirlo solo podía ser regresivo. A partir de la Transición, sin embargo, con la democracia, parecía que todo esto había quedado bastante claro.

Bien es verdad que el PSOE tuvo que lidiar con las veleidades del PSC, que casi siempre tiraba al monte, e IU con las de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) y las de ‎Ezker Batua en el País Vasco. Pero ni IU ni el PSOE se dejaron contagiar. La expresión más clara de que respecto a este punto ambas formaciones se mantenían en el lugar adecuado fue el conocido como “plan Ibarretxe”, consistente en un nuevo estatuto cuyo contenido fundamental era el reconocimiento del llamado derecho a decidir (la autodeterminación) del pueblo vasco. En enero de 2005 el Congreso de los Diputados rechazó el nuevo estatuto por 313 votos, 29 a favor y 2 abstenciones. Tanto el PSOE como IU votaron en contra, solo ICV se abstuvo.

Desde hace algunos años, la situación política en España ha cambiado sustancialmente. La izquierda oficial cohabita con el nacionalismo y asume su mismo discurso. Resultan expresivas las palabras pronunciadas tiempo atrás por Antonio Muñoz Molina: «Primero se hizo compatible ser de izquierdas y ser nacionalista. Después se hizo obligatorio. A continuación declararse no nacionalista se convirtió en la prueba de que uno era de derechas. Y en el gradual abaratamiento y envilecimiento de las palabras bastó sugerir educadamente alguna objeción al nacionalismo ya hegemónico para que a uno lo llamaran facha o fascista».

No existe ninguna contradicción, todo lo contrario, en que la izquierda abrace la causa de las naciones o de los pueblos pobres y oprimidos por la dominación colonial; pero cuando en Estados teóricamente avanzados, como Italia o España, el nacionalismo surge en las regiones ricas, enarbolando la bandera de la insolidaridad frente a las más atrasadas, la izquierda difícilmente puede emparejarse con el nacionalismo sin traicionar sus principios. En este ámbito, izquierda y nacionalismo son conceptos excluyentes. ¿Cómo mantener que la Italia del norte, rica y próspera, es explotada por la del sur, que posee un grado de desarrollo económico bastante menor? ¿Cómo sostener que regiones tales como Extremadura, Andalucía o Castilla-La Mancha oprimen a otras como Cataluña, País Vasco o Navarra? ¿Puede la izquierda dar cobertura al victimismo de los ricos? ¿No resulta contradictorio escuchar a una fuerza que pretende ser progresista quejarse del déficit fiscal de Cataluña?

Cuando la izquierda defiende la libertad de decidir de los catalanes no es consciente de la contradicción en la que está incurriendo. ¿Serían capaces de mantener que un grupo social, el constituido por los ciudadanos de mayores rentas, tiene el derecho, si lo decidiese por mayoría (la mayoría sería aplastante), de excluirse del sistema público de pensiones, de la sanidad y de la educación pública, por ejemplo, con la correspondiente rebaja proporcional en sus impuestos? El supuesto no es tan forzado como pudiera parecer si tenemos en cuenta que las regiones que proponen la autodeterminación son de las más ricas de España. ¿Cuál sería su postura si, amparada en el derecho a decidir, La Moraleja (una de las urbanizaciones de más alto standing de Madrid) pretendiese (ya lo intentó) independizarse del municipio de Alcobendas (municipio de clase media), creando su propio ayuntamiento?

El discurso nacionalista en los países desarrollados tiene bastante parecido con el que defiende el neoliberalismo económico. El mejor sitio en donde está el dinero es en los bolsillos de los ciudadanos, afirman los liberales; los recursos generados en Cataluña deben quedarse en Cataluña. Tanto las clases altas como las regiones ricas de lo que hablan es de limitar, cuando no de eliminar, la solidaridad, y la equidad social. En definitiva, se trata de reducir a la mínima expresión la función redistributiva del Estado. En los dos casos se considera que los ricos son ricos por sus solos méritos, que la distribución de la renta que hace el mercado es correcta, y que cada uno debe ser dueño de disponer de sus ingresos como le venga en gana. Todo proceso redistributivo, bien sea interpersonal o interterritorial, lo juzgan como un acto de caridad, algo graciable, cuando no un abuso y un expolio. Su sentimiento de encontrarse injustamente atendidos por el Estado no surge de que piensen que están realmente discriminados, sino de que no están lo suficientemente bien tratados, dado su grado de excelencia y superioridad sobre los demás, lo que les hace acreedores a disfrutar de una situación privilegiada. ¿Puede la izquierda comulgar y amparar estos presupuestos?

La izquierda, al menos en un país democrático, no puede estar cimentada en el golpismo o en los que defienden la violencia política, aun cuando ahora no la practiquen al ser conscientes de que estratégicamente no les conviene. Es posible que determinadas tácticas y actuaciones sean aceptables en países subdesarrollados con grandes déficits democráticos y donde se carece de un Estado de derecho y, por lo tanto, en ocasiones no existe otro camino para establecer la libertad y la equidad que sortear el sistema jurídico construido por un poder dictatorial; e incluso, en los casos extremos, utilizar la violencia. Pero ese no es el caso de España. Hace más de cuarenta años que nuestro país -tal como dice la Constitución- es un Estado democrático y de derecho y, aunque con muchos defectos, equivalente al de los otros países europeos. No es posible autoproclamarse de izquierdas cuando se está a favor del retorno al cantonalismo, a los reinos de Taifas, a la tribu, al clan.

La tremenda mutación producida en esta cuestión en la izquierda Española tiene su origen en dos hechos acaecidos casi simultáneamente, el surgimiento de Podemos y la llegada de Pedro Sánchez a la secretaria general del PSOE, y tras ellos las prisas y urgencias de unos y de otros para llegar al gobierno y mantenerse en él por encima de cualquier consideración.

Sánchez provocó una metamorfosis radical en el PSOE. La mejor prueba de ello es que al principio de todo, los órganos del partido, concretamente el Comité Federal -que es la máxima autoridad entre congresos-, cuando intuyó hacia dónde se dirigían los planes del ahora presidente del Gobierno, no dudó en forzarle a dejar la Secretaría General. Lo que Rubalcaba bautizó como gobierno Frankenstein aparecía entonces como un auténtico sacrilegio, algo inimaginable para la casi totalidad de los socialistas.

La prisa por llegar al poder, surgida en parte por una concepción bastante simplista e inmadura de la política, lanzó a Podemos a los brazos de Sánchez y unió su suerte a la del partido socialista, precisamente cuando esta formación política atravesaba su peor momento histórico, integrándose en el gobierno Frankenstein, con lo que no solo blanqueaba a golpistas y filoetarras, sino que se hacía partícipe, incluso de aquellas medidas que chocaban frontalmente con su ideología y tradición. Vieron cómo España tomaba claramente partido a favor de la OTAN en una guerra llena de interrogantes y bastante alejada de nuestro entorno geográfico e histórico. Por mucho que repitan que se encuentra en Europa, los intereses parecen encontrarse más bien en EE. UU. Protestaron, pero aceptaron (los acuerdos de Consejo de Ministros se adoptan por unanimidad y hacen responsables a todos sus miembros), los continuos aumentos de los gastos de defensa y el envío de tropas a Ucrania. Tomaron parte como miembros del Gobierno en la modificación radical de la posición de España respecto al Sáhara, que, por cierto, continúa siendo el misterio mejor guardado. ¿Qué es lo que provocó de la noche a la mañana que Sánchez cambiase la posición sin dar cuenta a nadie?

A ese gobierno Frankenstein no se le puede calificar de progresista, sino más bien de reaccionario, ya que para estar en el poder maneja torticeramente el derecho, y no tiene empacho en aplicarlo de manera desigual a los ciudadanos, librando de la cárcel a aquellos que le apoyan, o cambia el Código Penal eliminando delitos o modificándolos con la misma finalidad.

A un gobierno ni siquiera se le puede tildar de democrático cuando acepta el principio de que el fin justifica los medios y en función de ello pretende apoderarse de todos las instituciones del Estado, utilizándolas en su propio provecho; y tampoco se le puede calificar de liberal cuando defiende que la ley no se aplique a todos por igual y que el hecho de tener la mayoría y ser gobierno le permite situarse más allá del ordenamiento jurídico. Y, sin ser democrático y liberal, un Estado no puede ser social.

De cara al futuro surgen los peores augurios. Los acuerdos firmados sin ningún pudor por el PSOE con los partidos separatistas y aplaudidos por Sumar (versión decadente de Podemos) indican claramente que, una vez más, Sánchez está dispuesto a todo con tal de perpetuarse en el poder. Se han echado en manos no ya de nacionalistas, sino de golpistas y filoetarras.

Sin embargo, las autoridades de ambos partidos están eufóricas y exultantes. Todos ellos pletóricos de jactancia y engreimiento. Como no acordarnos de los griegos y lo que entendían por “hibris”, pecado de orgullo y de arrogancia. Plutarco afirmaba: “Los dioses ciegan a quienes quieren perder”, y en palabras atribuidas a Eurípides: “Aquel a quien los dioses desean destruir, primero lo vuelven loco”. El poder ofusca a los humanos. La “hibris” arroja a quienes la padecen al exceso y al endiosamiento, les fuerza a abandonar la justa medida, a sobrepasar los límites.

Desconozco cuál será el futuro de este nuevo Frankenstein, y el de sus dirigentes y acólitos. Y si estarán labrando -como dicen los griegos- su propia perdición. Lo que sí parece probable es que al final de esta aventura la izquierda española va casi a desaparecer, se habrá traicionada a sí misma. En todo caso, se convertirá en otra cosa. De ahí, como afirmaba al principio, la rabiosa actualidad y utilidad de este libro, y también la importancia de que subsistan reductos, aun cuando sean pequeños, tales como el Jacobino, en los que se refugie la lucidez y el pensamiento de la izquierda.

republica.com 23-11-2023