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ARTICULOS DEL 17/3/2023 AL 9/1/2024 CONTRAPUNTO

CAOS ELECTORAL

APUNTES POLÍTICOS, GOBIERNO Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Dom, junio 11, 2023 23:35:20

A propósito de los casos de fraude electoral ocurridos en los últimos días de campaña, Pedro Sánchez, en el cierre en Tarragona y junto al líder del PSC Salvador Illa, acusó al PP de embarrar las elecciones con la finalidad de desmovilizar al electorado. No quieren que vayamos a votar, exclamó enfáticamente. Esta afirmación deviene impúdica a tenor de la decisión tomada por el Presidente de disolver las Cortes y convocar elecciones el 23 de julio, en pleno verano y con cuatro Autonomías en medio de un puente. Ante ello sí que se puede sostener categóricamente que Sánchez no quiere que votemos.

No me creo el relato de que la decisión fue tomada improvisadamente en la noche de las elecciones, y mucho menos eso de que la adoptó en conciencia; esta no existe en “El Príncipe” de Maquiavelo, que por lo visto debe de ser el libro de cabecera de Sánchez. Sería minusvalorarlo no suponer que aquella noche tendría elaborados por lo menos tres escenarios posibles, a efectos de tomar uno u otro camino según fuese el resultado.

Hay que presumir también que la fecha estaba concienzudamente pensada. Obedece a la reacción propia de quien va perdiendo la partida y la única solución que vislumbra para evitarlo es dar una patada al tablero o romper la baraja. Convocar unas elecciones generales el 23 de julio es algo parecido.

En defensa de la decisión tomada, el sanchismo aduce que hay precedentes. Se cita el caso de Galicia y del País Vasco en julio de 2020. Nótese que en ambos casos ya se habían tenido que retrasar los comicios a causa de la pandemia y que por el mismo motivo estaban casi prohibidos los viajes, por supuesto al extranjero, pero también entre provincias o regiones. Además, el clima de ambas Comunidades no es en absoluto similar al de Andalucía o Extremadura. 

Se podría trazar la senda que ha recorrido Sánchez desde que con la ayuda de Susana Díaz y Pérez Rubalcaba salió del anonimato para ser el secretario general del partido. Desde entonces nada lo ha detenido, ha traspasado todas las líneas rojas, ha saltado sin el menor escrúpulo por encima de todas las instituciones. Hay quien con admiración habla del “manual de resistencia” y de los recursos que siempre tiene a mano. A mi entender, su única baza y ventaja es aceptar el principio de que todo está permitido. A lo largo de estos cinco años, ante cualquier escollo u obstáculo, no ha dudado en traspasar todas las barreras, burlar cualquier norma o manipular cualquier institución. La convocatoria de elecciones en pleno verano constituye el último órdago, por ahora a las reglas democráticas.

Muy posiblemente aún no nos hayamos dado cuenta de todas las repercusiones que puede tener celebrar los comicios en esa fecha. La consecuencia más inmediata va a ser una enorme abstención, con lo que siempre quedará la duda de hasta qué punto los resultados han sido verdaderamente representativos. Qué duda cabe de que, con carácter general, se va a complicar la participación para la mayoría de los ciudadanos. Simplemente la elevada temperatura que para algunas Comunidades resulta insufrible en la segunda mitad del mes de julio dificultará las votaciones.

Curiosamente en el Estatuto de Andalucía existe una prohibición expresa para que los comicios no se celebren en los meses de julio y agosto. Como es lógico, este precepto no rige para las elecciones generales, pero sí es sintomático de lo que puede representar para esa Comunidad, y alguna otra parecida, situar los comicios en dicha fecha. Quizá nos podríamos preguntar qué hubiese pasado si esta disposición hubiese estado en los Estatutos de Cataluña o del País Vasco.

Los problemas para votar se incrementan en cuatro Comunidades Autónomas: Castilla-La Mancha, Galicia, País Vasco y Navarra, en las que el 25 de julio es fiesta y por lo tanto los trabajadores tienen la oportunidad de disfrutar de puente. Y lo mismo cabe decir de todas aquellas otras personas (según dicen, más de cuatro millones) que tienen planificadas las vacaciones para esas fechas. Ciertamente en muchos casos podrán utilizar el voto por correo, pero se dificultará bastante su participación. Los inconvenientes serán aún mayores cuando los viajes sean al extranjero ya que, además de los otros trámites, tendrán que inscribirse como residentes temporales (ERTA) en el consulado más cercano.

A pesar de todos los obstáculos, los más cafeteros se esforzarán para ejercer el voto, pero sin duda habrá también muchos que, teniendo una postura más fría respecto a la política, ante el incremento de las dificultades, opten por la abstención. Pero es que incluso al margen de la voluntad personal, a bastantes de los ciudadanos les será casi imposible votar. En primer lugar, aquellos que se encuentren de vacaciones en lugares del extranjero en los que haya dificultad para encontrar un consulado. En segundo lugar, los que, bien dentro o fuera de España, hayan planificado un viaje itinerante, es decir, recorriendo diferentes lugares.

Y en tercer lugar los que tengan que votar por correo, pero que puedan encontrarse en dos domicilios diferentes durante el periodo de entrega de la documentación. Este está establecido entre el 3 y el 17 de julio, sin que se pueda conocer el día exacto de la visita del cartero. Es posible que muchos votantes se encuentren en la primera parte de ese periodo en su domicilio habitual, por no haber emprendido aún el viaje de vacaciones, y a partir de ahí estén en el lugar de veraneo. No podrán, por ello, determinar a dónde se les debe entregar la documentación, con lo que puede llegar al lugar equivocado, y no tengan  en consecuencia posibilidad de votar.

Resulta fácil concluir que la participación se reducirá sustancialmente. Con todo, tal vez se produzca un efecto aún más pernicioso. Una situación caótica puede rodear toda la campaña electoral. La intendencia y estructura para administrar el voto por correo está dimensionada para un porcentaje más bien reducido de votantes que son los que en condiciones normales eligen este sistema. En esta ocasión este porcentaje puede ser diez o veinte veces mayor. Prueba de ello han sido las colas que se han formado en los primeros días en las estafetas de correo. ¿Cómo se va a gestionar todo ello?

No es ningún secreto la incompetencia mostrada por este Gobierno para la gestión. La mayoría de las medidas que ha ido tomando se han aprobado sin ninguna previsión de los problemas que se iban a producir en su aplicación práctica. El resultado terminaba siendo muy distinto del que se había fijado. Tal vez el caso más llamativo haya sido el del ingreso mínimo vital por la importancia que tiene, pero el mismo fenómeno se ha producido respecto a otras muchas normas, tal vez de menor relevancia.

Siendo esa su trayectoria, difícilmente se podría pedir al presidente del Gobierno que tuviese en cuenta los conflictos que pueden producirse en unas elecciones convocadas para el 23 de julio y con el consecuente incremento exponencial del voto por correo. ¿Esta la administración de Correos preparada para ello?, ¿cuánto personal adicional va a necesitar?, ¿va a encontrarlo en tan corto espacio de tiempo y con la preparación necesaria? ¿Están adaptados los colegios electorales de toda España para votar en pleno mes de julio? ¿Y la movilidad?, ¿se encontrarán dispuestos los servicios de RENFE y el resto de compañías de transporte de viajeros para dar respuesta a la demanda de los que quieran acudir a votar desde su lugar de vacaciones?, ¿qué caravanas se pueden formar en las carreteras con aquellos que pretendan desplazarse en automóvil particular por la misma finalidad?

Es muy posible que Sánchez no se haya hecho estas preguntas, o tal vez sí y sea esa situación caótica la que se va buscando. Muy posiblemente su razonamiento haya partido de la creencia de que, a la vista de los resultados obtenidos en mayo, le sería imposible ganar en unas elecciones generales convocadas en condiciones normales, de ahí que haya optado por la celebración de unos comicios en un escenario estrambótico, de manera que el caos creado genere todo tipo de incertidumbres, haciendo imprevisibles los resultados. Con lo que Sánchez cree tener alguna posibilidad de triunfo. El presidente del Gobierno debe de pensar que, a río revuelto, él puede tener esperanzas de pescar.

La contrapartida de todo ello es la fisura que una vez más se abre en el sistema democrático, la burla y la manipulación de las instituciones. Con ello se incrementa la desconfianza de los ciudadanos y siempre quedará la duda de hasta qué punto estas elecciones van a ser representativas. No puede resultar extraño que aparezca la suspicacia entre la población cuando el propio Sánchez ante los grupos parlamentarios del PSOE del Congreso y del Senado no tuvo empacho en afirmar que le acusarán de pucherazo y que pedirán su detención como responsable.

Supongo que ante estas palabras todos nos habremos quedado un poco estupefactos. Se nos viene a la memoria esa alocución latina de “Excusatio non petita, accusatio manifesta”. ¿De qué tiene miedo Sánchez? ¿Qué guarda en el armario? ¿Qué contenía el teléfono jaqueado? ¿Cómo se explica lo de Marruecos? ¿Qué teme que se descubra cuando deje de estar en el gobierno? Algún día lo sabremos.

republica.com 8-6-2023



LAS ELECCIONES Y BILDU

GOBIERNO, PARTIDOS POLÍTICOS, PSOE Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Dom, junio 04, 2023 21:15:39

Unas elecciones municipales y autonómicas, transformadas en unas primarias de cara a las generales. Era lógico que se encontrase entre las preferencias de la oposición, ya que muy posiblemente consideraban a Sánchez un activo tóxico y, por lo tanto, un lastre para los candidatos de los ayuntamientos, pero principalmente para los aspirantes a diputados autonómicos. Es sorprendente, sin embargo, el hecho de que el PSOE aceptase ese mismo campo de juego consistente en plantear la contienda en clave nacional, dejando en segundo plano los enfrentamientos territoriales.

La única explicación posible era la arrogancia y la soberbia del presidente del Gobierno y su creencia de que puede alcanzar todo lo que se propone. En contra de la opinión de los barones, se puso al frente de la campaña, recorriendo toda España pensando que su presencia tendría un efecto taumatúrgico. Pudo existir otra razón y es que lo realmente relevante para Sánchez son los comicios generales y no le importa lo que les pase a sus barones, tan solo aquello que pueda colaborar a su permanencia en la Moncloa.

Acostumbrado como está a comprar con mercedes a las fuerzas políticas que le mantienen en el poder, ha fundamentado la campaña en una estrategia similar y se ha dedicado a regar con dinero público las ocurrencias más variopintas, desde los ferrocarriles gratis para los jóvenes hasta cines a dos euros para los mayores. El proceso ha sido sin duda escandaloso, rozando el cohecho, ya que los fondos públicos se usaban únicamente para obtener una rentabilidad electoral. Sánchez daba por hecho que ese cúmulo de dádivas atraería los votos de muchos ciudadanos al tapar, al menos momentáneamente, las dificultades económicas que la inflación les estaba causando y que haría olvidar también, dejándolos en segundo término, los ataques perpetrados contra la democracia, así como la infamia de haber comprado el gobierno a base de blanquear a los golpistas catalanes y a los independentistas vascos.

El hombre propone y Dios dispone, y en este caso quien dispuso fue Bildu porque los filoetarras, llevados por la soberbia y por su afán de dejar claro que no renunciaban al pasado y a su historia, introdujeron en las listas electorales a cuarenta y cuatro candidatos condenados por terrorismo. Conocido el hecho por las asociaciones de víctimas y tras aparecer en la portada de un diario madrileño, hizo saltar por los aires el plan que Sánchez se había trazado y situó la campaña en un terreno que el presidente de gobierno de ninguna manera deseaba.

Fue realmente cómico presenciar la tocata y fuga de todos los ministros, ministras y altos cargos del PSOE cuando los periodistas les preguntaban sobre el suceso. Huían en desbandada sin saber qué contestar. Aún no habían recibido instrucciones al respecto. Durante los días siguientes, la consigna lanzada y que todos repetían disciplinadamente era afirmar que lo que había hecho Bildu era legal pero que no les gustaba, que no era ético.

Incluso Sánchez se decidió a hablar. No tuvo más remedio que hacerlo en Washington, aguando así la visita tanto tiempo esperada. Su comentario fue sucinto: afirmar que era legal, pero no decente. No estuvo afortunado el presidente del Gobierno, porque la apostilla parecía evidente y así la aprovechó el líder del PP, afirmando  lo que no parecía decente era que Sánchez gobernase gracias al pacto con Bildu.

Algunas ministras, como Nadia Calviño o Margarita Robles, quizás llevadas por su mala conciencia, se hicieron las locas. “Pacto, ¿qué pacto?”. Se negaron a admitir que existiese ningún acuerdo con Bildu. Pero, mal que les pese y aunque intenten negarlo, en el fondo tendrán que reconocer que deben su sillón a golpistas y a filoetarras. Es algo que constituirá un borrón sobre todos los que desde la moción de censura son o han sido ministros en los gobiernos de Sánchez, e incluso sobre todos aquellos que por haber formado parte de esos gobiernos o por proximidad a ellos ocupan puestos importantes tanto en España como en Europa. Todos están manchados por el Gobierno Frankenstein.

Otegui y Rufián no tienen empacho alguno en decir a todos los que quieran oírles que si Sánchez gobierna es gracias a ellos y a todas las fuerzas que están en contra del Estado español, y lo mismo estarían dispuestos a predicar de todos los que viven del sanchismo; si ocupan cargos importantes, es gracias a que Esquerra y Bildu mantienen a este Ejecutivo. Del mismo modo, han dejado totalmente claro que había que aprovechar este Gobierno, ya que es difícil que pudiesen contar con otro tan favorable a sus intereses.

No hay nada de extraño, por tanto, en el hecho de que Otegui diese orden de que siete de los propuestos en las listas -aquellos que estaban condenados directamente por delitos de sangre- prometiesen que, de salir elegidos, no tomarían posesión de sus cargos. Es muy posible que detrás de esta decisión se encontrase la mano de Sánchez, ya que el tema estaba perjudicando las expectativas electorales del partido socialista; pero en cualquier caso hay que suponer que Bildu estaba predispuesto a ello, ya que con ningún otro presidente de gobierno les puede ir mejor que con Sánchez y, por lo tanto eran los primeros interesados en que el PSOE no perdiese las elecciones.

No deja de ser paradójico que Sánchez y sus acólitos reprochasen a la oposición usar a ETA para sus fines electorales. Ignoro cuáles hayan sido las intenciones del PP, pero desde luego Sánchez no puede tirar la primera piedra, él está haciendo algo infinitamente peor, se ha valido de Bildu para llegar y mantenerse en el gobierno, estando dispuesto a pagar el precio que se le exija.

La oposición, tanto en el Congreso como en el Senado, instó una y otra vez a Sánchez para que se pronunciase acerca de si va a romper el acuerdo con los herederos de ETA. La pregunta no dejaba de ser retórica, porque la ruptura tanto con ellos como con Esquerra es imposible no solo ahora, sino en la próxima legislatura. El presidente del Gobierno sabe que su suerte está ligada al Frankenstein, y de ningún modo está dispuesto a renunciar al poder. Por otra parte, ¿qué importancia podría tener la promesa de Sánchez, si ya aseguró, y varias veces antes de las elecciones de 2019, que nunca pactaría con Bildu y el tiempo ha demostrado todo lo contrario?

Por eso es tan ridícula la cháchara que ha mantenido ese tertuliano -rey de todas las tertulias-, que antes del debate en el Senado estaba empeñado en que Sánchez iba a anunciar que rompía formalmente con Bildu, que lo sabía de muy buena tinta. El planteamiento era ciertamente absurdo. Sánchez, con sentido realista, ha renunciado ya a ganar las elecciones en solitario y sabe, lo mismo que lo sabía en 2016, que su única alternativa es la alianza Frankenstein.

Tal vez fue González Vara el que expresó de forma más clara, pero también más brutal, lo que este planteamiento representa. Al ser preguntado en una entrevista en la COPE sobre si la candidata del PSOE en Navarra no debía romper con Bildu, contestó: “¿Romper?, ¿por qué? ¿Para que gobierne quién?, ¿la derecha? Entonces, la derecha estaría siempre en el poder, la izquierda nunca.” Parece ser que parte del PSOE tiene introyectado el mantra de que la única forma que tiene de gobernar la izquierda es hacerlo con golpistas y con los herederos de ETA, y que eso es preferible a que gobierne la derecha. ¡Qué triste destino nos aguarda a los que pensamos que somos de izquierdas!

En el fondo subyace el principio de que todo vale con tal de estar en el poder. Incluso algo más peligroso, que debemos disculpar absolutamente todo a aquellos que consideramos que son de los nuestros. Hace años, se comentaba que los miembros de la nomenclatura de EE. UU., al referirse a algunos dictadores latinoamericanos, decían eso de “Es un hijo de p., pero es nuestro hijo de p”. Espero que los partidos de izquierdas en España no pretendan afirmar algo similar, que son unos golpistas y terroristas, pero son de los nuestros.

Además, los resultados electorales del pasado domingo parece que han dejado claro que, aun prescindiendo del aspecto ético, pactar con golpistas y filoetarras no garantiza ni mucho menos la gobernabilidad a medio plazo, como no sea en Cataluña, País Vasco o Navarra. En el resto de España los electores han dicho claramente que quieren otra izquierda. Pero se me ocurre que, incluso en esos territorios, a medio y a largo plazo, tampoco. Puestos a votar en clave nacionalista, se prefieren los originales a las copias. Resulta bastante risible ese discurso de los periodistas sanchistas asegurando que el PP le ha hecho la campaña a Bildu. El único que ha blanqueado y ha lanzado al estrellato a esta formación política ha sido Sánchez.

Ante el varapalo de las elecciones autonómicas y municipales, Sánchez ha adelantado las generales que teóricamente se iban a celebrar en diciembre. Pretende salvar los muebles. Varias pueden ser las razones. La primera, la creencia de que en estos cinco o seis meses el deterioro podría aumentar, y también lo haría el desánimo de la izquierda. La segunda, la campaña electoral va a embarrar la constitución de gobiernos y ayuntamientos, lo que puede facilitar el uso de la única arma con la que piensa contar Sánchez: el miedo a Vox y a la ultraderecha. Quizás crea que así neutralizaría el reproche de que votarle a él es votar a Bildu y al golpismo independiente. La cosa podría haber sido muy distinta si se hubiese esperado a diciembre, ya que la sociedad española hubiera podido comprobar que no ocurría nada grave porque el PP gobierne en algunos sitios mediante acuerdos con Vox.

La tercera razón tal vez sea que el presidente del Gobierno piensa que si pierde las elecciones generales puede aspirar a ser el secretario general de la OTAN, cargo que según parece puede quedar vacante en octubre.

Sean cuales sean las razones, lo único cierto es que la fecha elegida no parece que sea la más adecuada ni la que convenga mejor al país. En pleno verano amenaza con que la abstención sea cuantiosa. Por otra parte, va a interferir en la constitución de los gobiernos regionales y los ayuntamientos, distorsionando el normal funcionamiento de los pactos. Además, se producirá a los pocos días de asumir España la presidencia de la Unión Europea, con lo que esta va a coincidir en su casi totalidad con un gobierno en funciones, situación que no es precisamente la mejor para poder realizar eficazmente esta tarea. Veremos cómo sienta en Europa.

Pero no sería Pedro Sánchez si la decisión la hubiese tomado pensando en cuál sería la fecha que conviene mejor a la sociedad, al Estado español y a la Unión Europea. Su naturaleza le lleva a centrarse exclusivamente en su propio interés y en su provecho político, y todo lo demás es secundario, le importa poco.

republica.com 1-6-2023



AVALES A LAS HIPOTECAS, UN REGALO A LOS BANCOS

ECONOMÍA, GOBIERNO Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Mar, mayo 30, 2023 11:50:36

Es ya un tópico afirmar que las promesas electorales están para no cumplirse, pero pocos añaden que hay que alegrarse de que no se cumplan. Sánchez ha sido siempre muy fecundo en eso de prometer; menos mal que es reacio a cumplir, porque muchos de sus compromisos son pintorescos o perjudiciales. En su desenfreno prometedor ha recurrido incluso a alguna oferta de la oposición, que tampoco en esto ha estado muy acertada. Rajoy había planteado que el Estado avalase en los créditos hipotecarios el 15% del valor del inmueble; Sánchez, para no ser menos, lo eleva al 20 o al 25%.

Variaciones aparte, caen en los mismos errores; aunque hay que reconocer que, formulada por el presidente del Gobierno, la promesa aparece más contradictoria y descabellada. No es preciso devanarse los sesos para llegar a la conclusión de que la medida constituye un obsequio a las entidades financieras, lo que no puede por menos que resultar chocante en un Gobierno que se vanaglorió de gravarlas con un impuesto específico sobre los ingresos que, por cierto, se aparta de los principios más elementales de la Hacienda Pública, que considera que la base imponible deben ser los beneficios.

En cualquier caso, lo que aparecía ya entonces como bastante evidente es que existía una gran probabilidad de que el gravamen terminase repercutiendo sobre los clientes. El Gobierno en la aprobación se comprometió a impedirlo, lo que sin duda era un objetivo imposible, una ingenuidad o un intento de engañar al personal. El 4 de agosto del año pasado publiqué en estas mismas páginas un artículo titulado “Un impuesto a los depósitos bancarios”, en el que mantenía que pretender impedir la transmisión del gravamen era una estupidez o un embuste.

Las entidades financieras tienen múltiples medios de trasladar a los clientes sus cargas, a no ser que se instaure una intervención en el sistema financiero como la que implantó el franquismo, lo que no casa muy bien con estar en la Unión Europea. La banca cuenta, a primera vista, con un mecanismo automático de transmisión del tributo. Solo tiene que no hacer nada, no elevar las retribuciones del pasivo, que es lo contrario que en condiciones normales harían al haber subido el BCE los tipos de interés. En realidad, eso es lo que está ocurriendo actualmente. Los bancos españoles, que son a los que se les ha impuesto el tributo, apenas están subiendo, a diferencia de los extranjeros, la retribución de los depósitos.

Por otra parte, las entidades financieras han acudido a los tribunales. Sería realmente paradójico, pero indignante, que terminasen ganando el recurso y hubiese que devolverles el gravamen que han pagado los clientes. Como se ve, el “Gobierno del progreso” -teóricamente látigo del capital y de los bancos- puede terminar beneficiando considerablemente a estos últimos, por una parte, ingresándoles la recaudación de un impuesto que no han soportado y, por otra, corriendo en buena medida el Estado con el riesgo de los créditos hipotecarios que se concedan. Es lo que sucede cuando se actúa únicamente por demagogia y por rentabilidad política.

Al menos, en esta ocasión Podemos se ha dado cuenta de los efectos negativos de la última medida y se ha opuesto a ella. Bien es verdad que lo ha hecho con la boca pequeña, porque ha sido aprobada por el Consejo de Ministros, en el que cinco de sus miembros son de esta formación política, y hay que recordar que los acuerdos del Gobierno se toman por unanimidad. Nos hemos acostumbrado a que, a pesar de ello, los ministros tanto de Podemos como del PSOE eludan su responsabilidad, según les convenga, predicando la decisión como tomada en exclusiva por la otra parte del Gobierno, como si ellos estuviesen de meros oyentes.

Sánchez ha vendido la medida como ayuda a los jóvenes, pero en realidad puede ser un regalo envenenado. El aval solo les va a servir para obtener un crédito mayor que, como es lógico, acarreará una cuota de amortización más elevada. Se puede generar un cierto espejismo, empujando al demandante del crédito a suscribir una deuda a la que probablemente no podrá hacer frente, principalmente si es a interés variable, tal como se está viendo en los momentos presentes en los que el BCE ha subido los tipos de interés.

De hecho, la norma, quizás no escrita, de que la banca conceda el crédito hipotecario tan solo por el 70 o el 80% del valor del inmueble es una pauta de prudencia destinada a minimizar el riesgo de impago. Esta forma de actuar se generaliza después de la crisis del 2008, aconsejada en buena medida por la expansión excesiva de las hipotecas y por el vicio de las entidades financieras de conceder créditos por encima del precio de la vivienda.

Conviene recordar la explicación en clave de humor que proporcionaba el profesor e ingeniero Leopoldo Abadía, y que le hizo popular, acerca de la crisis de 2008 a la que bautizó con el nombre de NINJA (‘no income’, ‘no jobs’, ‘no assets’); es decir, sin ingresos, sin empleo fijo, sin propiedades. Remitía a ese tipo de clientes a los que la banca americana concedía hipotecas por encima del monto de tasación de la garantía, situación que había estado en el origen de las hipotecas subprime. Era similar a una parodia representada en la televisión inglesa por dos humoristas, John Fortune y John Bird, que tenía por objeto la interpretación del mismo fenómeno. Ambas caricaturas se referían a los bancos americanos, pero hubieran sido perfectamente aplicables a los españoles.

En esta ocasión no parece que las concesiones de créditos por el cien por cien de la vivienda puedan representar un peligro para la insolvencia de los bancos, ya que el riesgo de mora lo soportará en primer lugar el Estado. Eso no quiere decir que no se produzcan efectos negativos para la sociedad, y más concretamente para el erario público, que tendrá que hacerse cargo de los impagados.

Aunque pueda parecer, y así se quiere vender, que la medida aprobada tiene una finalidad social, y que posee un efecto beneficioso para los demandantes de hipotecas, lo cierto es que en todo caso no serán precisamente las clases bajas las beneficiadas. No hay más remedio que reconocer que en estos momentos en España la compra de una vivienda no está al alcance de todo el mundo, y mucho menos si se está al principio de la vida profesional. Cuando se habla del problema de la vivienda habría que referirse más bien al problema de los salarios. No es tanto que los precios de los inmuebles estén desbocados, cuanto que los salarios en España están excesivamente bajos y, por desgracia en buena parte, ocasionados por una menguada productividad.

Es posible que en otras épocas la especulación fuese un ingrediente esencial en el mercado de la vivienda, pero hoy en día, atendiendo únicamente al coste de la construcción y al valor del suelo que lógicamente es distinto según su situación, el precio estará alejado de las disponibilidades económicas de una gran parte de la población, en especial cuando se encuentren al principio de la vida laboral. Subvencionar la compra no es precisamente ayudar a las clases bajas y a los jóvenes. Es difícil saber de dónde ha sacado el Gobierno los 50.000 beneficiados. Bien es verdad que esa es la marca de la casa: facilitar cifras que después no se cumplen en absoluto.

En España la política de vivienda ha sido siempre regresiva. Quizás como herencia del franquismo. Tanto a través de la construcción pública como mediante deducciones fiscales se ha primado principalmente la compra, cuando se debería haber potenciado el alquiler. En este mercado las Administraciones Públicas tendrían que haber incrementado la oferta bien por la edificación directa bien por la movilización de la acción privada.

El Gobierno, que ahora en campaña electoral tanto cacarea sobre el problema de la vivienda, no ha construido ni una sola casa dedicada al alquiler y, lo que es aún peor, ha legislado de tal manera que ha ahuyentado la iniciativa privada, lo que ocurrirá aún más con la nueva ley recientemente aprobada. Puestos a conceder avales, el Estado debería avalar el alquiler de los más vulnerables o necesitados con la finalidad de conceder seguridad jurídica a los propietarios, movilizando la oferta, de manera que estuviesen dispuestos a alquilar incluso a aquellos que presenten menos seguridad de poder abonar la renta en el futuro.

republica.com 25-5-2023



LA PAZ SOCIAL Y LA PRODIGALIDAD EN EL GASTO PÚBLICO

ECONOMÍA, GOBIERNO, MERCADO LABORAL, SINDICATOS Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Sáb, mayo 20, 2023 09:56:17

Uno de los sofismas más utilizados por Sánchez y el actual Gobierno es contraponer la crisis del 2008 a la actual. En realidad, no se pretende comparar las crisis en sí, sino las respuestas dadas a ellas por los distintos gobiernos. Según dicen, dos modelos: el de la derecha y el del gobierno de progreso, es decir, el de Frankenstein. Dolor y lágrimas entonces, un camino de rosas en la actualidad.

Se olvidan de que no era la derecha la que estaba en el poder en 2008, sino el Gobierno “ilusionante” de Zapatero, que fue el primero que se vio obligado a los ajustes, y en una cuantía muy considerable, hasta el punto de dar lugar al surgimiento del movimiento del 15-M. No contemplan tampoco que las crisis puedan ser muy diferentes y, de hecho, la actual es radicalmente distinta de la anterior. Pero es que, además, las consecuencias negativas para los ciudadanos que se han producido en uno y otro caso solo son diferentes en apariencia.

Ya en el artículo de la semana pasada señalaba cómo en esta crisis, mediante la inflación, se producen tantos o más recortes presupuestarios que en la pasada, y me refería en concreto a los empleados públicos, cuyas retribuciones se van a ver mermadas en mayor medida que en la anterior crisis.

Pero es que los ajustes ni en la crisis pasada ni en la actual impactan únicamente en los funcionarios, sino que afectan a la mayor parte de la población; por supuesto, a los trabajadores del sector privado cuyos salarios reales se encuentran entre los que más se han minorado de todos los países de la OCDE. En la anterior crisis, el fuerte desequilibrio creado en el sector exterior por los Gobiernos de Aznar y Zapatero y ante la imposibilidad de depreciar la moneda, fue preciso hacer una devaluación interna de precios y salarios que, como siempre, afectó principalmente a las retribuciones de los trabajadores reduciéndolas de forma significativa. Me temo, sin embargo, que, en la actual y debido al desfase entre precios y salarios, la diminución en términos reales va a ser mayor.

Se acaba de firmar un acuerdo social entre los sindicatos y la CEOE que no tendría que dejar muy contentos a los trabajadores. Constituye una recomendación para que en los futuros convenios sectoriales y de empresa se estipulen incrementos de sueldos de un 4% en 2023, y de un 3% en 2024 y en 2025. Habrá que ver si la tasa de inflación para esos años se comporta con la moderación que el acuerdo prevé, ya que la posibilidad de revalorización se fija como máximo en un punto. No está nada claro que la inflación se vaya a controlar en los próximos ejercicios, cuando los gobiernos están dejando solo al BCE en el control de los precios.

No obstante, el problema central, del que el acuerdo no trata en absoluto, es la revisión de precios para 2022 (incluso para 2021), que fue cuando realmente se produjo el desfase entre los salarios y la inflación. En realidad, este era el verdadero punto conflictivo -del que la CEOE no quería ni oír hablar- y el que estaba obstaculizando el acuerdo.

Resulta muy curioso que una semana después de la manifestación del primero de mayo -en la que los sindicatos, jaleados por algunos ministros, vociferaban contra los empresarios, amenazando con disturbios, conflictos y huelgas- se entreguen a la patronal con armas y bagajes, se avengan a ratificar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores para 2022 y que esta pérdida se consolide para el futuro. Parece ser que todos los gritos del 1 de mayo eran meras bravuconadas. Quizás tuvieran por objetivo preparar la rendición, de manera que esta no apareciese como tal. 

Lo más irónico de la situación es la inmediata comparecencia de Sánchez anunciando que en España, al contrario que en otros países, reina la paz social, resultado del buen hacer del Gobierno. Alguien podría haber añadido que es la paz de los cementerios, la paz por incomparecencia de uno de los contrincantes, la conseguida a base de la debilidad de los sindicatos, que han dejado de ser de clase para convertirse en sindicatos de cámara, palaciegos, que se refugian entre los faldones del Gobierno y que son incapaces de conseguir algo por sí mismos. Parece que la autonomía sindical ha pasado a mejor vida y que las organizaciones sindicales se han convertido de nuevo en correa de transmisión de las fuerzas políticas.

Pero el ajuste en esta crisis, debido a la inflación, no recae únicamente en los recortes presupuestarios o en las retribuciones de los trabajadores, sino en la mayoría de la población a través de otros mecanismos, especialmente mediante la actuación del BCE. El hecho de que los gobiernos le hayan dejado solo en el control de la inflación obstaculiza y retrasa la consecución de este objetivo. La autoridad monetaria se ve obligada a subir una y otra vez los tipos de interés, con graves consecuencias para todos aquellos que están  endeudados a tipos variables, sea mediante hipoteca o no.

Hace unos días, el BCE, siguiendo la senda marcada por la Reserva Federal, subió un cuartillo el tipo de interés. Los bancos centrales, ante las turbulencias financieras ocurridas recientemente, tienen que proceder con suma cautela, pero al mismo tiempo no pueden dejar de actuar, no solo porque sea su misión, sino porque si la subida de tipos tiene efectos muy dañinos para un buen número de ciudadanos, la cronicidad de la inflación los tiene mayores.

Por eso se entiende mal la postura adoptada por las autoridades europeas y los gobiernos de los distintos países actuando como si la inflación no fuese con ellos, dejando su control como cometido exclusivo del BCE. Se produce la paradoja de que este organismo y los gobiernos practican políticas opuestas entre sí. Mientras que el primero, mediante la subida de los tipos de interés, pretende reducir la demanda, los Estados nacionales aplican una política fiscal expansiva que la incrementa.

La actuación de los gobiernos -y en un puesto de honor el de España-, incrementando el déficit, principalmente mediante la aprobación de una serie de gastos sin demasiado sentido, muchas veces ocurrencias, tiene como única finalidad mostrarse magnánimos ante los ciudadanos y obtener así una rentabilidad política. Lo cierto es que se ocultan los efectos negativos que tal política tiene, al obligar al BCE a radicalizar sus actuaciones y permitir que la inflación dure más de lo que sería necesario y conveniente. Lo que a menudo se presenta como política social puede volverse en contra de los ciudadanos cuando se tiene en cuenta el coste de oportunidad y que el saldo es negativo.

Resulta bastante incomprensible que la Comisión tenga suspendidas las normas fiscales en estos momentos. Es posible que haber mantenido la excepcionalidad al principio de la pandemia fuese lógico, pero se debería haber vuelto a la normalidad tan pronto como apareció la inflación, de manera que la política fiscal y la política monetaria actuasen en la misma dirección. Resulta extraña la parsimonia con la que la Comisión se ha tomado el retorno a la disciplina presupuestaria.

La verdad es que también en esta materia la Unión Europea se está cubriendo de gloria. En la pasada crisis se pasó de frenada en el afán de imponer el rigor en los ajustes fiscales, aun cuando no existía inflación. Incluso en los años en los que el BCE se esforzaba en aplicar una política monetaria expansiva con el objetivo de reactivar la economía, y Draghi rogaba a los gobiernos que colaborasen mediante la política fiscal, esta, sin embargo, continuó siendo restrictiva, ya que las autoridades nacionales hicieron oídos sordos, y siguieron más bien las indicaciones de la Comisión. No prestaron ninguna atención a las quejas del presidente del BCE que les recordaba que la política monetaria tenía sus limitaciones a la hora de expandir la actividad económica, tal como había señalado Keynes con la metáfora de que se podía llevar el caballo al abrevadero, pero no se le podía obligar a beber.

Por el contrario, en la actualidad, en presencia de una tasa de inflación muy elevada y alarmante, la Comisión y los gobiernos nacionales mantienen una política fiscal totalmente laxa que dificulta y contradice las actuaciones del BCE dirigidas a controlar los incrementos en los precios. Los gobiernos se guían exclusivamente por el beneficio político que les puede proporcionar una postura pródiga en el gasto público, sin sentirse responsables del coste que las medidas pueden ocasionar en el área monetaria y en los precios.

Europa cae una vez más en una especie de esquizofrenia en la que la actuación de la Comisión y de los Estados nacionales va en dirección contraria a la del instituto emisor. Ese es, entre otros, el peligro cuando se está en una unión que es solo parcial, en la que si bien hay una integración monetaria se carece de ella casi por completo en el ámbito fiscal y presupuestario.

republia.com 18-5-2023



EL PLAN DE DISCIPLINA FISCAL DEL GOBIERNO

ECONOMÍA, GOBIERNO, HACIENDA PÚBLICA Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Lun, mayo 15, 2023 09:18:51

La ministra de Hacienda, que hasta ahora no se ha enterado de casi nada y ha asistido de oyente cuando el Consejo de Ministros tomaba decisiones sobre ingresos y gastos públicos, ha salido de su letargo para comunicarnos que nuestro país se ha adelantado al programa de disciplina fiscal que plantea la Comisión Europea. El papel lo aguanta todo, y por prometer que no quede. Así que nos dice la  señora ministra que el déficit público, que fue del 4,8% en 2022, pasará al 3,9%, 3%, 2,7% y 2,3% para los años 2023, 2024, 2025 y 2026 respectivamente.

Esas promesas hechas en este momento -a unos meses de las elecciones generales y planteadas por un gobierno que muy posiblemente no esté en el poder los próximos años y si lo está, dará igual porque donde dijo digo, dirá diego- son un mero brindis al sol y una pompa de humo, mera propaganda electoral que parece ser lo que pretende hacer la señora Montero. De ahí que sea interesante analizar su discurso. Nos dice que este ajuste presupuestario se realizará sin recortes en el gasto público, tan solo mediante el incremento de los ingresos como consecuencia del mayor crecimiento económico y del empleo. Esto es, que aprovecha la ocasión para repetirnos el relato triunfalista del presidente del Gobierno y de la ministra Calviño acerca de lo bien que van la economía y el mercado de trabajo, todo gracias a los esfuerzos y la sabiduría de este Ejecutivo de progreso.

Centrémonos de momento en la feliz idea de que el ajuste se está haciendo sin recortes en el gasto público. A pesar de los muy profundos conocimientos de Hacienda Pública que posee la ministra, es posible que no haya caído (o a lo mejor sí, solo que pretende hacernos el truco del trilero) en que la inflación incrementa de forma casi automática los ingresos públicos y en que, si no se eleva el gasto en la misma cuantía, se produce un recorte en términos reales en todas aquellas partidas que no se hayan revalorizado.

Por ejemplo, al haberse elevado en líneas generales estos años el sueldo de los empleados públicos en un porcentaje bastante menor que los precios, se están sometiendo tales retribuciones a un ajuste superior al que efectuó Zapatero en esta partida, que fue el más cuantioso de los aplicados durante la pasada crisis financiera; por término medio un 5% en todos los conceptos y que se consolidó en los años posteriores, hasta el momento actual. El de Rajoy fue, en contra de lo que se dice, mucho menor, únicamente se eliminó la paga extraordinaria de Navidad de 2012, supresión que no se transmitió a los años siguientes, y además se devolvió más tarde.

No deja de ser paradójico que el mismo gobierno que conmina a los empresarios para que suban los salarios del sector privado se niegue a subir los del público. Y paradójico es también que los sindicatos se manifiesten codo a codo con los ministros en contra de la CEOE, pero no reclamen al Gobierno que adecue los sueldos de los empleados públicos a la inflación.

Aun cuando la ilusión monetaria pretenda ocultarlo, el recorte que van a sufrir en sus retribuciones los funcionarios -y que va a ser bastante mayor que el que padecieron en la crisis financiera (entonces apenas había inflación)- se repite en la mayoría de las restantes partidas del gasto público: subvenciones, seguro de desempleo, inversiones, etc. Quizás el único capítulo en el que de forma clara se puede mantener que no se ha producido este fenómeno sea en el de pensiones, ya que se actualizaron de acuerdo con la subida de los precios. A pesar de las muchas críticas surgidas por esta revalorización, hay que decir que no se ha hecho nada extraordinario, simplemente no utilizar el recorte en esta partida para ajustar el déficit público tal como se ha hecho con las demás.

España ha reducido en dos años el déficit fiscal a la mitad: del 10,1% del PIB en 2020 al 4,8% en 2022. No es verdad que este ajuste fiscal, según afirma la ministra, se haya realizado sin recortes en las partidas de gastos. Hemos visto que, debido a la inflación, los ha habido y los continúa habiendo. Reconocerlos -y que se realizan escondidos mediante la subida de los precios- no es óbice, sin embargo, para aceptar que al mismo tiempo el Gobierno se ha prodigado en ocurrencias adoptadas sin demasiada lógica que, a su vez, han podido colaborar al desequilibrio presupuestario.

La ministra doctora en medicina explica esta reducción del déficit exclusivamente por el incremento de los ingresos, provenientes, según el discurso oficial, de “un sólido crecimiento económico, superior al de los países de la Unión Europea, y al dinamismo en la creación de empleo, con un récord en la afiliación a la Seguridad Social”. Veamos lo que hay de verdad y de falacia en este relato. Ya hemos visto que lo de exclusivamente sobra porque debido a la inflación se están produciendo recortes en ciertas partidas de gasto. Citar aquí la creación de empleo y el aumento en la afiliación a la Seguridad Social no tiene demasiado sentido porque, al margen del caos que se ha creado con las estadísticas, solo influirán en los ingresos públicos y, por lo tanto, en el déficit si esos datos están acompañados de crecimiento económico, y en tal caso resulta redundante. En el supuesto contrario, si lo único que se hace es repartir el trabajo y un número mayor de trabajadores produce lo mismo, no tienen por qué incrementarse los recursos de Hacienda.

Fijémonos, por tanto, en las variaciones del crecimiento o decrecimiento económico, que sin duda sí intervienen en el déficit público y, además, al expresarse este como porcentaje del PIB lo hacen por dos vías. La primera, directamente al aumentar o disminuir el denominador; la segunda, al variar el numerador, es decir el valor absoluto del saldo presupuestario, mediante la mayor o menor recaudación, según el PIB aumente o disminuya.

Como acabamos de afirmar, esta dependencia se produce en los dos sentidos, tanto cuando la economía crece como cuando disminuye. Si en 2021 y en 2022, el PIB español se ha incrementado (el crecimiento robusto del que habla el Gobierno) y, más que en la mayoría de los países europeos, es tan solo porque en 2020 se desplomó más que ninguno de ellos (un 11,3 % en términos reales), de tal manera que, a pesar de estos dos últimos años de crecimiento, España es el único país de la Unión Europea (UE) que aún no ha recuperado los niveles económicos previos a la crisis. Es un récord del que este Gobierno no puede estar orgulloso.

Todo ello tiene también su traslación a las finanzas públicas. Si en dos años (2021 y 2022) el déficit público se ha reducido casi a la mitad, es porque en 2020 había adquirido una cuantía difícilmente sostenible (10,1%), mayor que el de todas las economías de la UE, muy por encima de la media (6,7%); y siendo Grecia (9,9%), Italia (9,5%) y Francia (9,0%), los países que más se le acercaban.

Pienso que esto tampoco es para que el Gobierno se ponga medallas. Es más, a finales del año pasado el déficit público de España estaba a la cabeza de la Unión Europea, solo superado por los de Italia, Hungría y Malta. En cuanto al stock de deuda pública, se sitúa también en cuarto lugar (el 113,2%), por debajo únicamente de Grecia (171,3%), Italia (144,4%) y Portugal (113,9%).

Estas cifras son las que servirán de base a la Comisión para establecer la senda de ajustes presupuestarios, si es que se aprueban sus planteamientos. España está ya clasificada como país de alto riesgo en materia de estabilidad presupuestaria. El hecho adquiere más importancia desde el momento en el que Alemania está mostrando su desacuerdo con los planteamientos de la Comisión y exige que el futuro ajuste sea asimétrico, en porcentajes anuales mayores para aquellos países como España que presentan una situación mucho más delicada en sus cuentas públicas.

El Gobierno, como ya está en campaña electoral, ha querido adelantarse a la decisión de la UE presentando una senda de ajustes fiscales poco creíbles, al ser también poco consistentes las tasas de crecimiento sobre los que se basan. Hay que suponer que estas serán más moderadas una vez que se hayan alcanzado los niveles anteriores a la pandemia (es lo que les ha ocurrido al resto de países), en especial si la inflación permanece en niveles altos y el BCE se ve obligado a mantener una política monetaria restrictiva. Los mismos ajustes fiscales, si se llevasen a cabo, colaborarían a moderar las tasas de crecimiento.

Lo disparatado de las cifras aparece de forma más clara cuando se promete crear en cuatro años 1,1 millones de empleos, a tiempo completo, y llevar la tasa de paro al 9,8% en 2026. El Gobierno debe de pensar que no hay nada malo en prometer. La gente termina por no acordarse. De hecho, en 2022 era más ambicioso, aseguraba que los empleos creados alcanzarían los 1,5 millones y que sería en 2025 cuando la tasa de paro descendería del 10%. Lo que sí parece claro es que ni el mismo Gobierno se cree las previsiones, puesto que ya está pergeñando una posible vía para salir del atolladero. El más lenguaraz es el ministro de la Seguridad Social. Ha lanzado la idea de que los gastos sociales podrían tener la consideración de inversión pública.

Sánchez debe decir lo de don Quijote a Sancho: “tan largo me lo fiais”. Los empleos anunciados se situarán al lado de los pisos que se van a construir y junto a tantas promesas más. No obstante, alguien debería recordar al presidente del Gobierno que Tirso de Molina en El Burlador de Sevilla da un sentido distinto a la frase de Alonso Quijano: “No hay plazo que no llegue / ni deuda que no se pague. Mientras el mundo viva / no es justo que diga nadie: / ¡Cuán largo me lo fiais! / Siendo tan breve el cobrarse”. 

Lo que ocurre es que tal vez Sánchez piense que cuando haya que pagar él ya no estará en el gobierno y será otro el que tenga que enfrentarse con la deuda, y si no es así, ya se le ocurrirá algo, que a trilero no le gana nadie.

republica.com 11-5-2023



LA SAREB Y LAS VIVIENDAS A GOGÓ

GOBIERNO Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Dom, mayo 07, 2023 23:18:01

El presidente del Gobierno se ha acostumbrado a sacar conejos de la chistera. Lo que sucede es que cada vez se le escapan antes y se ve en la obligación de sacar uno nuevo, de manera que el personal se está habituando al numerito de magia y ya no se lo toma en serio. Eso es lo que ha ocurrido en el mes de abril. El día 14 representantes de Esquerra y Bildu anunciaron modificaciones a la ley de vivienda que se encontraba estacionada desde hacía un año en el Congreso y que empeoraban sustancialmente el proyecto de ley que en su día había aprobado el Gobierno. Hay quien dice que parte del Ejecutivo estaba en contra, que Sánchez la tenía parada y que al final había dado vía libre a los cambios para restañar la fractura que se había creado en la coalición con la ley del sí es sí. En Sánchez todo es instrumental.

Sea como fuere, la ley, tal como va a quedar, no hay por dónde cogerla (ver mi artículo de la semana pasada) y las críticas han sido generalizadas, han venido de todas partes excepto del bloque de la investidura y de los medios de comunicación afines. Tan es así que el presidente del Gobierno se ha visto en la tesitura de retornar a los trucos de prestidigitador y a sacarse otro truco de la manga. De pronto, como el que no quiere la cosa, nos anunció la construcción de cincuenta mil viviendas para alquiler social.

El hecho ya resultaba un poco chungo por el momento en el que se realizaba, cuando está terminando la legislatura, y porque reincidía sobre otras promesas efectuadas por los gobiernos de Sánchez durante estos cinco años, sin que se haya construido ni una sola vivienda para esta finalidad. Pero la broma adquiere una intensidad mucho mayor cuando se explicita el plan y se nos dice de dónde piensan sacarlas: de la SAREB.

Conviene antes que nada decir algo sobre la SAREB para no incurrir en ciertos errores a los que nos tienen acostumbrados algunos políticos, que terminan cayendo claramente en la demagogia. Por ejemplo, a principios del año pasado, Iñigo Errejón escribía un tuit en el que criticaba al Gobierno porque, según él, acababa de aprobar la adquisición por un euro de un agujero de treinta y cinco mil millones de euros, y añadía que esa cantidad era el 43% del gasto sanitario del año 2021 en España.

Al Gobierno se le puede criticar por muchas cosas, pero no por esa operación que consistía tan solo en adaptar jurídica y contablemente lo que ya era una realidad, porque las pérdidas de treinta y cinco mil millones eran imputables desde el principio al Estado al haber avalado este todas las deudas. Pero no adelantemos acontecimientos. En esta digresión pretendía únicamente señalar que la demagogia es muy mala consejera, sobre todo si se suma a la ignorancia.

La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Restructuración Bancaria (denominada habitualmente como SAREB) se creó en 2012 en gran medida a instancias de la Unión Europea como condición para recibir los cincuenta mil millones de euros del rescate bancario. El objeto: adquirir los activos tóxicos -en su mayoría inmobiliarios, cerca de doscientos mil- de las entidades financieras en crisis -nueve cajas de ahorro- y venderlos más tarde según fuese posible en el mercado.

El accionariado estaba compuesto por el Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) con el 45,9% y el resto de las acciones distribuidas entre nueve entidades bancarias y compañías de seguros. La adquisición de los activos tóxicos se realizó mediante bonos asegurados por el Tesoro español y que podían hacerse líquidos en el BCE. El motivo por el que se decidió que la participación del Estado no sobrepasase el 50% del capital radicaba en la conveniencia de que la sociedad no se tipificase como entidad pública y de que sus pérdidas y deudas no se incorporasen a las cuentas del Estado, con la finalidad de no incrementar el déficit y el endeudamiento público.

Resulto extraño que Eurostat admitiese entonces que la SAREB se clasificase como sociedad privada, porque si bien es cierto que el Estado no poseía la mayoría del capital, no lo era menos que avalaba todas sus operaciones. Sin embargo, diez años después la oficina estadística de la Unión Europea dio marcha atrás y ordenó al Reino de España que considerase a la sociedad como entidad estatal y, por lo tanto, que contabilizase sus pérdidas como endeudamiento público. Desde ese momento no tenía ningún sentido que el Estado a través del FROB no tuviese la mayoría del capital, de manera que ejerciese plenamente y de forma clara la dirección de la sociedad, de ahí que comprase por un euro las acciones necesarias. Las pérdidas habían sido siempre imputables al Estado, asumiese la mayoría o no, puesto que la deuda estaba avalada. Esa es la razón de la operación que a Iñigo Errejón le escandalizaba tanto. Y es que la ignorancia es muy atrevida y puede resultar muy peligrosa cuando quien la posee ostenta un cargo público.

Durante estos diez años de existencia, no sé si bien o mal, la SAREB ha intentado realizar el mayor número de activos posible; de hecho, parece ser que, de los doscientos mil iniciales, quedan menos de cincuenta mil, que son a los que se ha referido Sánchez. Conviene recordar que si la SAREB recibió el nombre de “banco malo” es porque los activos que se vio obligada a comprar eran tóxicos y de difícil realización. Podemos imaginar de qué calidad serán los que quedan por vender después de diez años.

Sánchez suele anunciar sus promesas a bombo y platillo hablando de millones de euros, pero sin ninguna concreción y sin facilitar información alguna, con lo que, aunque se sospeche que las medidas carecen de toda identidad y consistencia, es difícil mostrar su vaciedad, solo se puede constatar al cabo de los años cuando se ve que no se ha hecho nada. En esta ocasión las cosas son distintas, porque la información, le guste o no al presidente del Gobierno, es pública, con lo que casi toda la prensa ha venido desgranando la falacia del anuncio y cómo se identifica con el timo del “toco mocho”.

Se sabe que de las cincuenta mil viviendas anunciadas quince mil no están construidas. Solo existe el suelo, que es como si no existiese nada, porque habrá que ver dónde está ubicado. Seguramente hay otras formas de conseguir terrenos donde construir las viviendas y situados mucho mejor, allí donde están las necesidades. Otro grupo está constituido por catorce mil que están ocupadas. Se supone que de dos clases: aquellas que se encuentran alquiladas legalmente y las que están arrebatadas de forma ilegal. En ninguno de los dos tipos se puede decir que las viviendas estén disponibles para paliar nuevas necesidades; en todo caso sería simplemente normalizar las que se encuentren en situación irregular. Por otra parte, sería una paradoja que un gobierno que está propiciando la ocupación vaya a practicar los desahucios.

Por último, según dicen, están las 21.000 viviendas que se quieren traspasar a las Comunidades Autónomas. ¡Menudo regalito! En este lote debe de haber de todo y en situación bastante inservible, desde casas o urbanizaciones a medio terminar, a otras totalmente abandonadas y deterioradas, y la mayoría situadas muy lejos de donde se ubican las necesidades. Ha habido medios de comunicación que se han entretenido en catalogar la naturaleza, la situación y el estado de las distintas viviendas. El resultado no ha podido ser más decepcionante.

Ya a primera vista, el anuncio de Sánchez en Sevilla aparece como un timo, pero su envergadura se agranda cuando consideramos que la SAREB tiene que liquidarse en 2027 y habrá quien piense mal y se le ocurra que la medida, además de tener una finalidad electoral, en realidad no pretende solucionar el problema de la vivienda sino el de la SAREB, trasladando toda la morralla con la que en estos momentos cuenta a las Comunidades Autónomas.

El asunto ha sido tan descarado y risible que el presidente del Gobierno se ha visto obligado a sacar un nuevo conejo de la chistera y tan solo dos días después anunciaba que va a construir otras cuarenta y tres mil viviendas más, utilizando cuatro mil millones de los fondos de recuperación europea. De nuevo, la situación se presta a la comicidad. No por el anuncio en sí mismo. En varios artículos he mantenido que la construcción de viviendas en alquiler, junto con la sanidad y la justicia, podrían haber constituido destinos claros y coherentes de los fondos europeos, en lugar de las múltiples ocurrencias en las que se están empleando.

La comicidad del anuncio se encuentra en hacerlo dos días después de haber prometido las cincuenta mil de la SAREB. Noventa y tres mil viviendas públicas en una semana, y además al término de la legislatura, cuando casi en cinco años Sánchez no ha construido ni una sola y cuando en ninguna de las múltiples presentaciones de los fondos europeos -todas ellas adornadas de la digitalización o el cambio climático- se ha mencionado la construcción de viviendas públicas como objetivo.

Pero el chiste no ha terminado aún, unos días después, en el Senado el presidente del Gobierno se vuelve a desmelenar y anuncia otras 20.000 viviendas; en este caso se remite a terrenos de Defensa. Pero una cosa es el suelo y otra las casas. Estas hay que construirlas. Bien es verdad que por prometer que no quede, ya van 113.000 en pocos días, y a lo mejor no hemos terminado. Viviendas a gogó. Sánchez va pregonando por ahí que es el número uno en gestión, en su lógica debe de serlo  porque identifica la gestión con la creación de los entes de razón. 

republica.com 4-5-2023



UNA LEY DE VIVIENDA MUY DAÑINA PARA LOS INQUILINOS

ECONOMÍA, ECONOMÍA DEL BIENESTAR, GOBIERNO Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Vie, abril 28, 2023 20:57:41

No me detendré en la consideración de cómo esta ley de vivienda menoscaba gravemente los derechos de los propietarios. Parece evidente. Pertenece a los peores modelos de corte populista, casi franquista, hacer recaer sobre los arrendadores el coste que solo al Estado corresponde y que debería trasladar a su vez a todos los ciudadanos de forma equitativa mediante un sistema fiscal justo, en lugar de hacerlo sobre un único sector de manera aleatoria, en una suerte de lotería negativa. (Ver mi artículo en este mismo diario digital del 30 de marzo de este año).

Ahora, sin embargo, pretendo fijarme más bien en lo que parece una obviedad que frente a los que, con un discurso populista, mantienen que esta ley soluciona el problema de la vivienda en España, hay que decir que más bien lo agravará y con mucha probabilidad, de seguir vigente, en poco tiempo destruirá casi por completo el mercado del alquiler. Porque esta ley, aunque parezca paradójico, va en contra de los arrendatarios, de todos aquellos que no tienen capacidad económica para comprar un piso.

Se produce un cierto espejismo al considerar únicamente los intereses a corto plazo de los que ya poseen en la actualidad un contrato de alquiler, y no tener en cuenta los de todos aquellos que de ahora en adelante necesitarán arrendar un piso, entre los que también habrá que incluir a los actuales inquilinos que, antes o después, tendrán que renovar el contrato o firmar uno nuevo.

Resulta bastante lógico suponer que, una vez aprobada la ley, teniendo en cuenta las limitaciones que se van a imponer en los precios, la inseguridad jurídica ante posibles cambios futuros y las dificultades en los desahucios, serán muchos los propietarios que se retiren del mercado tan pronto como puedan. A ello habrá que añadir que será muy difícil que los grupos económicos (sean buitres o no) se decidan a invertir en el sector de la vivienda en España. La consecuencia no puede ser otra más que la reducción sustancial de la oferta, con la consiguiente subida de precios en los nuevos contratos; e incluso, aun cuando se esté dispuesto a pagar un precio elevado, será muy difícil encontrar una nueva vivienda.

Aquellos que se arriesguen a arrendar tendrán sin duda en cuenta las limitaciones que van a tener posteriormente para la actualización del precio mientras esté en vigor el contrato, por lo que elevarán el valor del alquiler mensual incorporando en las condiciones iniciales las restricciones que suponen que va a tener en el futuro. Es más, es muy probable que incorporen un plus por el mayor riesgo que asumirán, tanto por la inseguridad jurídica derivada de los continuos cambios normativos como por la posibilidad de que el arrendatario se niegue a pagar las mensualidades teniendo en cuenta que será muy difícil y tardío el desahucio.

Aún se producirá otro efecto más pernicioso, es muy posible que para minimizar este último riesgo los arrendadores sometan a los futuros inquilinos a un examen severo de su situación social y económica exigiéndoles toda clase de garantías y desecharán a todos los candidatos de los que piensen que puedan tener dificultades económicas en el futuro. Serán, por tanto, los más necesitados los que queden totalmente excluidos del mercado.

Con esta ley solo van a salir ganando aquellos que, amparándose en la impunidad, estén dispuestos a aprovecharse y, necesitándolo o no, ocupen las viviendas bien directamente por la patada en la puerta, bien dejando de pagar el alquiler. Con esta norma se incrementan las dificultades para los desahucios, introduciendo la anarquía en el mercado del alquiler, en el que se impondrá, ni siquiera el más fuerte, sino el más sinvergüenza. En realidad, es una incitación a que los arrendatarios dejen de pagar la mensualidad.

Algo de esto ya está sucediendo en la actualidad, las medidas que se han ido tomando para beneficiar teóricamente al arrendatario, la benevolencia con los ocupas y la inseguridad creada a los arrendadores que desconfían de los futuros cambios, solo han servido para elevar los precios y enrarecer el mercado del alquiler. La ley que ahora se intenta aprobar intensificará con mucho esta tendencia e incrementará el número de inquilinos morosos. Resultará una tentación muy grande, en momentos de dificultades económicas, dejar de pagar el alquiler con la seguridad de que al menos en dos años no les va a pasar absolutamente nada por ello.

Una vez más este Gobierno elabora una norma que va a tener efectos contrarios a los que se propone o, al menos, a los que nos quiere hacer creer que persigue. Primero fue la ley del sí es sí. Después, la modificación del Código Penal en los delitos de sedición y malversación, y ahora esta ley de la vivienda que, lejos de solucionar el problema, va a destruir el mercado del alquiler, alquiler que es la única forma en la que la vivienda puede estar al alcance de todos los ciudadanos, ya que, dado el nivel de salarios en España, la compra va a estar siempre vedada a una parte importante de la población.

Sánchez, ya inmerso en plena campaña electoral, afirmó que con esta ley la vivienda pasa de ser un problema a ser un derecho. Lo cierto es que desde que se aprobó la Constitución el acceso a la vivienda ha sido siempre un derecho frente a los poderes públicos, derecho del que la mayoría de los gobiernos han hecho oídos sordos, con lo que se ha transformado en un problema y un problema muy serio. Tras cinco años de gobierno, el sanchismo no ha hecho absolutamente nada para corregirlo, apenas ha construido viviendas sociales. Por el contrario, las medidas aprobadas han ido en dirección opuesta, han reducido la oferta, y con la nueva ley los problemas se van a multiplicar de forma sustancial.

Bien es verdad que hay muchas probabilidades de que esta ley no llegue nunca a aplicarse. Es un brindis al sol, un instrumento más de propaganda del sanchismo. Tras cinco años en el poder, lo lógico sería que Sánchez hubiese rendido cuentas de lo que ha hecho y no se prodigase en promesas de lo que supuestamente va a hacer. Este proyecto de ley tiene el mismo origen que ese plan para movilizar las casas del SAREB, del cual quizás hablaremos otro día. Es una pompa de jabón que puede deshacerse en breve sin dejar rastro. Tiene una finalidad meramente electoral.

No obstante, existe un motivo más que ha conducido a Sánchez a aprobar ahora esta ley. Era una reclamación permanente de sus socios catalanes. El Gobierno catalán había aprobado por su cuenta una ley de la vivienda que anuló el Tribunal Constitucional por invadir competencias estatales. Necesitaban que el Estado elaborase una nueva norma que legitimase y diese cobertura a lo que se había legislado en Cataluña y que el Constitucional había echado abajo.

Tal vez se encuentre aquí la explicación de un hecho difícil de entender, el de que haya sido a los representantes de Esquerra y Bildu a los que se les haya encargado la presentación de la ley. Bien es verdad que a continuación, salieron en tropel tanto los mandatarios de Podemos como los ministros del PSOE para apuntarse un tanto con lo que piensan que va a tener rentabilidad electoral. En cualquier caso, deberíamos estar ya acostumbrados a que mientras esté Sánchez, y aunque parezca paradójico, Esquerra, Bildu y formaciones similares que quieren disgregar a España mantengan un fuerte protagonismo en el gobierno del Estado.

Resultan ingenuas las esperanzas manifestadas por algunos periodistas acerca de que ante los continuos enfrentamientos que se están produciendo dentro de la alianza Frankenstein, esta puede romperse. Como mucho, es posible que esto ocurra inmediatamente antes de las elecciones, pero no nos puede quedar ninguna duda de que, una vez pasados los comicios, si dan los números para ello, se volverá a constituir la misma alianza. No hay que engañarse, Sánchez no va solo, lleva equipaje. Aceptar a Sánchez implica asumir el lote completo.

republica.com 26-4-2023



SÁNCHEZ SE VANAGLORIA DE SU BUENA GESTIÓN

GOBIERNO Publicado por JUAN FRANCISCO MARTÍN SECOPosted on Lun, abril 24, 2023 10:18:43

La política se está convirtiendo cada vez más en publicidad y propaganda. Pero en esto, como en todo, hay grados. El sanchismo ha hecho de la mentira y de la apariencia las columnas sobre las que se asienta su estrategia. Hace poco más de una semana en Segovia, presentando a la candidata del PSOE a la alcaldía de esa ciudad, Sánchez dibujó un panorama idílico de la economía española y de los muchos logros del Gobierno.

Como demostración, acudió a lo ocurrido durante la Semana Santa. Citó los excelentes índices de ocupación hotelera, las terrazas a rebosar y las playas hasta la bandera. Todo ello -continuó afirmando el presidente del Gobierno- es un éxito de país y un fracaso estruendoso de los que siempre invocan el catastrofismo, y por supuesto estos buenos resultados nacen de los méritos de este Gobierno. No se precisa más para constatar la consistencia y el rigor con los que Sánchez realiza los análisis económicos, a través de las terrazas y las playas. Deben de ser los mismos que empleó para elaborar su tesis doctoral.

El presidente del Gobierno acudió a su teoría favorita, la de que frente a una crisis económica existen dos modelos de respuesta, la instrumentada por el PP en el 2008 y la que está empleando actualmente el PSOE. Es un argumento que repiten miméticamente todos sus ministros, en especial las vicepresidentas primera y segunda. Lo que no consideran ninguno de ellos es, primero, que las crisis nunca son iguales y esta nada tiene que ver con la anterior y, segundo, que quien gobernaba en  2008 y hasta el 2011 eran el PSOE y Zapatero, y desde luego la respuesta que dieron frente a la crisis no fue muy brillante. Allí surgió el 15-M, del cual se creen herederos casi todos los que se sientan hoy en el Consejo de Ministros.

No obstante, en algo se parecen ambas crisis, y es que el Gobierno de Zapatero se empeñó en negarla, en ignorar los problemas económicos y en tildar de catastrofistas a los que tenían la osadía de defender lo contrario. Conviene recordar el debate en televisión entre Pedro Solbes y Manuel Pizarro, y los brotes verdes de Elena Salgado. El Gobierno de Sánchez está haciendo lo mismo.

La forma más sencilla de juzgar si la respuesta a una crisis es o no la adecuada, es compararla con la dada por otros países con las mismas características, tanto más cuanto que estamos, nos guste o no, en la Unión Europea y en la Eurozona. Al realizar este análisis respecto a la anterior crisis, nuestro país no sale especialmente mal parado. Los problemas de Grecia y Portugal fueron bastante mayores, y los de Italia, e incluso los de Francia, similares.

Hay que reconocer a Rajoy el mérito de resistir todas las presiones tanto externas como internas, incluso del poder económico, para que pidiera el rescate. Y hay que contemplar también la herencia envenenada que recibió de los Gobiernos de Aznar y Zapatero con muchos ejercicios de un déficit exterior desbocado y, en consecuencia, una economía hipotecada frente al extranjero por un endeudamiento privado totalmente desaforado, con lo que la devaluación interna, además de ser impuesta por Europa, era totalmente necesaria.

Pero pasemos a la crisis actual. Es verdad que en  2020 el PIB de todos los países se desplomó, pero, gracias a los méritos de este Gobierno, el nuestro en términos reales descendió nada menos que un 11,3%, mientras que el del resto de los países (no solo de UE, sino de toda la OCDE) lo hacía en porcentajes más reducidos: Italia, 9,1%; Grecia, 9%; Portugal, 8,3%; Francia, 7,9%; Alemania, 4,1%, etcétera.

Aquí se encuentra, en gran medida, la causa de que España sea el único país de la Unión Europea que no ha recuperado el PIB que tenía antes de la pandemia. Ello echa por tierra la postura triunfalista que de forma habitual adopta este Gobierno cuando puntualmente, en un año o un mes crecemos más que otros países. Si en alguna ocasión ocurre así, obedece exclusivamente a que con anterioridad, en otros periodos nuestro PIB ha descendido más, es decir, que partimos de un nivel más bajo. En resumen en el conjunto del periodo 2019-2022 el crecimiento de nuestra economía ha sido inferior al del resto de Europa.

El hecho de que no hayamos recuperado aún el PIB de 2019 desmiente todo el discurso de Sánchez acerca de la creación de empleo. Es difícil creer que pueda incrementarse la ocupación cuando la economía no ha crecido. Tanto Yolanda Díaz como Escrivá han distorsionado mediante los ERTE, los fijos discontinuos, etc., las estadísticas sobre el empleo y el paro, hasta el punto de que ya resulta difícil saber cuáles son las cifras verdaderas. A lo que hay que añadir, además, los trabajos a tiempo parcial. Los únicos datos fiables son los de las horas semanales trabajadas y estas en España, a diferencia del resto de los otros países–sean cuales sean los empleados y los afiliados a la Seguridad Social–, al final del 2022 (630,20 millones) eran inferiores a las trabajadas semanalmente a finales de 2019 (639,96 millones). No hay razones para que Sánchez se vanaglorie.

En Segovia, Sánchez presumió también de la reforma laboral. Yolanda Díaz lo hace todos los días. Deberíamos recordar a la ministra de Trabajo entrando en loor de multitudes en el congreso de  CC.OO., y afirmar con toda la firmeza que le era posible, que la ley de Rajoy se derogaría sí o sí. Lo cierto es que la parte más importante y cruenta de esta se ha mantenido. No se han tocado ni la cuantía de las indemnizaciones, ni los salarios de tramitación, ni la facilidad para despedir, ya sea de forma individual, ya de manera colectiva mediante los ERE. Es más, a través de la potenciación de los ERTE se ha permitido a los empresarios el despido temporal sin indemnización, pero que al mismo tiempo ha significado una enorme carga para el erario público. (Ver mi artículo publicado en este diario digital el 6- 1-2022 con el título “La reforma laboral y el despido”).

También en Segovia, Sánchez alardeó de la multiplicación del número de contratos indefinidos, y a esa teórica estabilidad en el empleo atribuyó, de forma un tanto mágica, el hecho de que se haya podido pagar la revalorización de las pensiones. Resulta extraño llamar indefinidos a unos contratos cuando en un año un mismo trabajador firma varios de ellos. El cambio de nombre no modifica la naturaleza de las cosas. En cuanto a la actualización de las pensiones, si se ha podido acometer, es simplemente porque la inflación al igual que aumenta la cuantía de las prestaciones eleva la recaudación de los ingresos.

Con todo, lo más ocurrente de la intervención de Sánchez en Segovia estuvo en denominar a la oposición “la liga de la crispación y del ruido”, mientras que se titula a sí mismo y a su Gobierno “la liga de la gestión”. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Si alguien encarna la crispación, es el actual presidente del Gobierno. Toda su acción política se ha basado en la confrontación y en la creación de un enemigo al que anatematizar y censurar. Y si hay algo que, entre otras peculiaridades, caracteriza al sanchismo, es ser prácticamente nulo para la gestión.

Haber primado en los nombramientos de cargos públicos la proximidad política o la afinidad de amistad y parentesco prescindiendo de la capacidad y profesionalidad ha conducido a que un gran número de servicios públicos estén bloqueados o en situación caótica. Se producen listas de espera y demoras en casi todas las oficinas. En múltiples ocasiones resulta imposible conseguir cita para ser atendido. Quizás uno de los mayores escándalos se produce en la Seguridad social y en el SEPE, en los que es quimérico poder realizar cualquier trámite, y que para percibir la primera pensión o darse de alta en el seguro de desempleo hay que esperar varios meses.

La capacidad y buena gestión del Gobierno se trasluce también en la forma de elaborar las leyes, puesto que, en todas ellas, como diría el presidente del Gobierno, se presentan efectos no deseados. Del mismo modo se aprecia en el diseño de las ayudas públicas, que se realiza sin tener en cuenta las dificultades y obstáculos que van a presentarse en su concesión, con lo que sus resultados terminan llegando a muchos menos beneficiarios de los que al comienzo se anunciaban y no precisamente a los más necesitados, que suelen coincidir con los que no saben cómo cumplir los requisitos exigidos. La excelente gestión del Ejecutivo aparece también de forma diáfana en el manejo de los fondos europeos, que nadie sabe dónde están, de qué manera se están empleando ni a qué finalidades se destinan.

Pero, sobre todo, donde más resplandece la pericia sin igual de este Gobierno es en la aplicación de la política económica. A pesar de su discurso triunfalista, la realidad es que España es el único país de la Unión Europea que no ha recuperado el PIB que tenía antes de la pandemia. Del mismo modo, a diferencia del resto de los países, la renta per cápita es inferior a la de 2018, los salarios reales se han reducido y los trabajadores han perdido poder adquisitivo, al tiempo que el endeudamiento público ha crecido más de un 15% del PIB, por encima del de cualquier otra economía europea. A su vez, el empleo efectivo, que marca las horas trabajadas, se encuentra por debajo de 2019. Y todo ello a pesar de estar recibiendo un montante importante de recursos de los fondos de recuperación. Curiosamente, el único país que no se ha recuperado es el nuestro. No parece que todo esto sea como para que Sánchez y su Gobierno saquen pecho y se sientan orgullosos de su gestión.

republica 20-4-2023



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