La ministra de Hacienda, que hasta ahora no se ha enterado de casi nada y ha asistido de oyente cuando el Consejo de Ministros tomaba decisiones sobre ingresos y gastos públicos, ha salido de su letargo para comunicarnos que nuestro país se ha adelantado al programa de disciplina fiscal que plantea la Comisión Europea. El papel lo aguanta todo, y por prometer que no quede. Así que nos dice la señora ministra que el déficit público, que fue del 4,8% en 2022, pasará al 3,9%, 3%, 2,7% y 2,3% para los años 2023, 2024, 2025 y 2026 respectivamente.
Esas promesas hechas en este momento -a unos meses de las elecciones generales y planteadas por un gobierno que muy posiblemente no esté en el poder los próximos años y si lo está, dará igual porque donde dijo digo, dirá diego- son un mero brindis al sol y una pompa de humo, mera propaganda electoral que parece ser lo que pretende hacer la señora Montero. De ahí que sea interesante analizar su discurso. Nos dice que este ajuste presupuestario se realizará sin recortes en el gasto público, tan solo mediante el incremento de los ingresos como consecuencia del mayor crecimiento económico y del empleo. Esto es, que aprovecha la ocasión para repetirnos el relato triunfalista del presidente del Gobierno y de la ministra Calviño acerca de lo bien que van la economía y el mercado de trabajo, todo gracias a los esfuerzos y la sabiduría de este Ejecutivo de progreso.
Centrémonos de momento en la feliz idea de que el ajuste se está haciendo sin recortes en el gasto público. A pesar de los muy profundos conocimientos de Hacienda Pública que posee la ministra, es posible que no haya caído (o a lo mejor sí, solo que pretende hacernos el truco del trilero) en que la inflación incrementa de forma casi automática los ingresos públicos y en que, si no se eleva el gasto en la misma cuantía, se produce un recorte en términos reales en todas aquellas partidas que no se hayan revalorizado.
Por ejemplo, al haberse elevado en líneas generales estos años el sueldo de los empleados públicos en un porcentaje bastante menor que los precios, se están sometiendo tales retribuciones a un ajuste superior al que efectuó Zapatero en esta partida, que fue el más cuantioso de los aplicados durante la pasada crisis financiera; por término medio un 5% en todos los conceptos y que se consolidó en los años posteriores, hasta el momento actual. El de Rajoy fue, en contra de lo que se dice, mucho menor, únicamente se eliminó la paga extraordinaria de Navidad de 2012, supresión que no se transmitió a los años siguientes, y además se devolvió más tarde.
No deja de ser paradójico que el mismo gobierno que conmina a los empresarios para que suban los salarios del sector privado se niegue a subir los del público. Y paradójico es también que los sindicatos se manifiesten codo a codo con los ministros en contra de la CEOE, pero no reclamen al Gobierno que adecue los sueldos de los empleados públicos a la inflación.
Aun cuando la ilusión monetaria pretenda ocultarlo, el recorte que van a sufrir en sus retribuciones los funcionarios -y que va a ser bastante mayor que el que padecieron en la crisis financiera (entonces apenas había inflación)- se repite en la mayoría de las restantes partidas del gasto público: subvenciones, seguro de desempleo, inversiones, etc. Quizás el único capítulo en el que de forma clara se puede mantener que no se ha producido este fenómeno sea en el de pensiones, ya que se actualizaron de acuerdo con la subida de los precios. A pesar de las muchas críticas surgidas por esta revalorización, hay que decir que no se ha hecho nada extraordinario, simplemente no utilizar el recorte en esta partida para ajustar el déficit público tal como se ha hecho con las demás.
España ha reducido en dos años el déficit fiscal a la mitad: del 10,1% del PIB en 2020 al 4,8% en 2022. No es verdad que este ajuste fiscal, según afirma la ministra, se haya realizado sin recortes en las partidas de gastos. Hemos visto que, debido a la inflación, los ha habido y los continúa habiendo. Reconocerlos -y que se realizan escondidos mediante la subida de los precios- no es óbice, sin embargo, para aceptar que al mismo tiempo el Gobierno se ha prodigado en ocurrencias adoptadas sin demasiada lógica que, a su vez, han podido colaborar al desequilibrio presupuestario.
La ministra doctora en medicina explica esta reducción del déficit exclusivamente por el incremento de los ingresos, provenientes, según el discurso oficial, de “un sólido crecimiento económico, superior al de los países de la Unión Europea, y al dinamismo en la creación de empleo, con un récord en la afiliación a la Seguridad Social”. Veamos lo que hay de verdad y de falacia en este relato. Ya hemos visto que lo de exclusivamente sobra porque debido a la inflación se están produciendo recortes en ciertas partidas de gasto. Citar aquí la creación de empleo y el aumento en la afiliación a la Seguridad Social no tiene demasiado sentido porque, al margen del caos que se ha creado con las estadísticas, solo influirán en los ingresos públicos y, por lo tanto, en el déficit si esos datos están acompañados de crecimiento económico, y en tal caso resulta redundante. En el supuesto contrario, si lo único que se hace es repartir el trabajo y un número mayor de trabajadores produce lo mismo, no tienen por qué incrementarse los recursos de Hacienda.
Fijémonos, por tanto, en las variaciones del crecimiento o decrecimiento económico, que sin duda sí intervienen en el déficit público y, además, al expresarse este como porcentaje del PIB lo hacen por dos vías. La primera, directamente al aumentar o disminuir el denominador; la segunda, al variar el numerador, es decir el valor absoluto del saldo presupuestario, mediante la mayor o menor recaudación, según el PIB aumente o disminuya.
Como acabamos de afirmar, esta dependencia se produce en los dos sentidos, tanto cuando la economía crece como cuando disminuye. Si en 2021 y en 2022, el PIB español se ha incrementado (el crecimiento robusto del que habla el Gobierno) y, más que en la mayoría de los países europeos, es tan solo porque en 2020 se desplomó más que ninguno de ellos (un 11,3 % en términos reales), de tal manera que, a pesar de estos dos últimos años de crecimiento, España es el único país de la Unión Europea (UE) que aún no ha recuperado los niveles económicos previos a la crisis. Es un récord del que este Gobierno no puede estar orgulloso.
Todo ello tiene también su traslación a las finanzas públicas. Si en dos años (2021 y 2022) el déficit público se ha reducido casi a la mitad, es porque en 2020 había adquirido una cuantía difícilmente sostenible (10,1%), mayor que el de todas las economías de la UE, muy por encima de la media (6,7%); y siendo Grecia (9,9%), Italia (9,5%) y Francia (9,0%), los países que más se le acercaban.
Pienso que esto tampoco es para que el Gobierno se ponga medallas. Es más, a finales del año pasado el déficit público de España estaba a la cabeza de la Unión Europea, solo superado por los de Italia, Hungría y Malta. En cuanto al stock de deuda pública, se sitúa también en cuarto lugar (el 113,2%), por debajo únicamente de Grecia (171,3%), Italia (144,4%) y Portugal (113,9%).
Estas cifras son las que servirán de base a la Comisión para establecer la senda de ajustes presupuestarios, si es que se aprueban sus planteamientos. España está ya clasificada como país de alto riesgo en materia de estabilidad presupuestaria. El hecho adquiere más importancia desde el momento en el que Alemania está mostrando su desacuerdo con los planteamientos de la Comisión y exige que el futuro ajuste sea asimétrico, en porcentajes anuales mayores para aquellos países como España que presentan una situación mucho más delicada en sus cuentas públicas.
El Gobierno, como ya está en campaña electoral, ha querido adelantarse a la decisión de la UE presentando una senda de ajustes fiscales poco creíbles, al ser también poco consistentes las tasas de crecimiento sobre los que se basan. Hay que suponer que estas serán más moderadas una vez que se hayan alcanzado los niveles anteriores a la pandemia (es lo que les ha ocurrido al resto de países), en especial si la inflación permanece en niveles altos y el BCE se ve obligado a mantener una política monetaria restrictiva. Los mismos ajustes fiscales, si se llevasen a cabo, colaborarían a moderar las tasas de crecimiento.
Lo disparatado de las cifras aparece de forma más clara cuando se promete crear en cuatro años 1,1 millones de empleos, a tiempo completo, y llevar la tasa de paro al 9,8% en 2026. El Gobierno debe de pensar que no hay nada malo en prometer. La gente termina por no acordarse. De hecho, en 2022 era más ambicioso, aseguraba que los empleos creados alcanzarían los 1,5 millones y que sería en 2025 cuando la tasa de paro descendería del 10%. Lo que sí parece claro es que ni el mismo Gobierno se cree las previsiones, puesto que ya está pergeñando una posible vía para salir del atolladero. El más lenguaraz es el ministro de la Seguridad Social. Ha lanzado la idea de que los gastos sociales podrían tener la consideración de inversión pública.
Sánchez debe decir lo de don Quijote a Sancho: “tan largo me lo fiais”. Los empleos anunciados se situarán al lado de los pisos que se van a construir y junto a tantas promesas más. No obstante, alguien debería recordar al presidente del Gobierno que Tirso de Molina en El Burlador de Sevilla da un sentido distinto a la frase de Alonso Quijano: “No hay plazo que no llegue / ni deuda que no se pague. Mientras el mundo viva / no es justo que diga nadie: / ¡Cuán largo me lo fiais! / Siendo tan breve el cobrarse”.
Lo que ocurre es que tal vez Sánchez piense que cuando haya que pagar él ya no estará en el gobierno y será otro el que tenga que enfrentarse con la deuda, y si no es así, ya se le ocurrirá algo, que a trilero no le gana nadie.
republica.com 11-5-2023
