Leo con asombro la relajada y amable entrevista que Esther Jaén ha realizado a Unai Sordo en el The Objective del día 5 de este mes de agosto. Mi sorpresa no radica tanto en el tono benévolo de la periodista como en que el entrevistado parece más el portavoz de un gobierno que el secretario general de un sindicato de clase. Sus loas a las políticas del Ejecutivo sobrepasan con mucho las de Calviño, Escrivá y Yolanda Díaz juntas.

Me gustaría contestar a muchas de las aseveraciones que en materia económica se hacen en la entrevista, pero otro es el objetivo que me he propuesto en este artículo. Me libera de lo primero el hecho de que en múltiples ocasiones me he referido en diversos artículos publicados en este medio a la evolución de la economía española, desmontando creo yo la política triunfalista del Gobierno y, por lo que parece ahora, también de CC. OO. Citaré tan solo dos de ellos: el del 16 de febrero de 2023, titulado “Nadia en el país de las maravillas”  y el del 29 de junio de este mismo año que lleva por título “La economía española, como una moto”.

A menudo se dice que citarse a uno mismo constituye una pedantería. Puede ser cierto cuando se efectúa como argumento de autoridad. Desde luego, en mi caso nada más lejos de esa finalidad. En primer lugar, porque, a diferencia de Nadia, no me tengo por tal y, en segundo término, porque no me han gustado nunca demasiado ese tipo de argumentos. Mi propósito se orienta, por un lado, a evitar en lo posible reiteraciones y, por otro, ya que ante la limitación de espacio de un artículo muchas afirmaciones por fuerza tienen que quedar sin aclarar, creo yo que ello en parte puede solucionarse citando otros artículos en los que la idea está mucho más desarrollada.

Pero volviendo a la entrevista y a mi extrañeza, diré que hasta cierto punto es habitual el triunfalismo de un gobierno. Aznar y zapatero se empeñaron en decirnos que todo iba fenomenal y nos armaron una buena. Lo que ya no es tan frecuente es que sea el secretario general de un sindicato de clase el que adopte esta postura. En cualquier caso, tal como anteriormente decía, me quiero referir en este artículo únicamente a una de las expresiones de Unai Sordo, y que Esther Jaén coloca como titular y frontispicio de la entrevista: “Llamar Frankenstein al Gobierno es llamárselo al país. España es así. Plural”.

España puede ser plural. Pienso que no mucho más que otros países, pero sus ciudadanos no son golpistas ni filoterroristas ni en general están huidos de la justicia. Tampoco son simpatizantes de ellos. No lo son ni siquiera la gran mayoría de los que hayan podido votar al PSOE o a Sumar. Estoy convencido de que muchos lo han hecho tapándose las narices y quizás ante la falsa idea de que daban su adhesión a un gobierno progresista.

El problema no está en la pluralidad, sino en un fenómeno anómalo y totalmente desquiciante que se está produciendo en nuestra democracia. La mezcla de partidos nacionales que, al menos en teoría, se mueven en el eje izquierda-derecha, con otros denominados partidos nacionalistas en los que esta contraposición tiene un sentido totalmente accesorio, mientras que su casi exclusiva finalidad es la defensa de sus territorios que, en la mayoría de los casos, como es lógico, va en detrimento del resto. Sus diputados no van a las Cortes a defender el interés general, sino tan solo el interés particular de determinadas regiones.

Si el nacionalismo se extrapolase a todas las Comunidades, se habría terminado la contienda ideológica en la política y sería sustituida por la lucha territorial. La coexistencia de estas dos clases de formaciones políticas origina que en aquellas Autonomías en las que no existen partidos nacionalistas los ciudadanos se ven en una situación de inferioridad, puesto que en el Congreso o en el Senado no habrá nadie que anteponga sus intereses por encima de cualquier otra cosa. Paradójicamente, los votos entregados a los partidos nacionales se terminarán empleando en la compra de las formaciones nacionalistas y consecuentemente en contra de los intereses de los que votaron por ideología (acertada o erróneamente) y no lo hicieron en función de querencias territoriales.

Desde la Transición, con la finalidad de atraer a los nacionalistas (vano intento), se ha dado a estos un trato de favor. Es más, cuando el partido ganador (bien fuese el PSOE o el PP) no tenía mayoría absoluta reclamaban el apoyo de una formación nacionalista, que se lo prestaba, pero siempre con un precio. Eso ha hecho que a lo largo de estos años los desequilibrios territoriales se hayan ido incrementando, mientras el Estado ha sido incapaz de corregirlos. Cataluña y el País Vasco han salido altamente beneficiadas situándose entre las Comunidades con mayores rentas, sin que por su parte contribuyan apenas a la solidaridad interterritorial.

Sin embargo, estas disfunciones -al menos hasta el 2008- se mantuvieron siempre dentro de un orden y ningún partido nacional (PSOE, PP e IU) sobrepasó nunca respecto al independentismo las líneas rojas. Bien es verdad que el PSOE tuvo que lidiar con las veleidades del PSC, que casi siempre tiraba al monte, e IU con las de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) y las de Madrazo y ‎Ezker Batua en el País Vasco. La expresión más clara de esta contención fue el Plan Ibarretxe, consistente en un nuevo estatuto cuyo contenido fundamental era el reconocimiento del llamado derecho a decidir (la autodeterminación) del pueblo vasco. En enero de 2005 el Congreso de los Diputados rechazó el nuevo estatuto por 313 votos, 29 a favor y 2 abstenciones. Tanto el PSOE como IU votaron en contra, solo ICV se abstuvo.

No obstante, en los últimos años se han producido tres acontecimientos que han distorsionado por completo el escenario político y agravado la desigualdad territorial. El primero consiste en la metamorfosis acaecida en el ámbito nacionalista, en el que todos han pasado a ser independentistas. En la mayoría de los casos se ha ido más allá. En Cataluña dieron un golpe de Estado y declararon unilateralmente la independencia; en el País Vasco y Navarra se ha fortalecido Bildu, formación política continuadora de ETA, sino en sus acciones violentas sí en el relato. Ya no se trataba de pactar con nacionalistas, sino con delincuentes o defensores de delincuentes.

El segundo suceso radica en la progresiva convergencia ideológica entre izquierda y derecha. La globalización, la Unión Europea (EU) y fundamentalmente la Moneda Única, van borrando progresivamente las diferencias. La UE, a pesar de englobar bastantes elementos del Estado de bienestar, se ha construido fundamentalmente en materia económica sobre principios liberales y con unos parámetros en los que resulta casi imposible mantener una ideología socialdemócrata y mucho menos ponerla en práctica.

Ante esta nueva situación, la izquierda ha ido abandonando en buena medida la lucha social para refugiarse como quehacer propio en determinados objetivos que sin embargo son transversales: conseguir la igualdad objetiva entre hombres y mujeres, la protección de los derechos de los homosexuales y de los emigrantes, la lucha frente al cambio climático, incluso el animalismo, etc. En esa lista, al menos en España, se ha incorporado la defensa del nacionalismo, como si sus derechos fuesen los que están siendo atacados y no fuesen ellos los que agreden las libertades de todos los demás.

La tercera circunstancia consiste en la aparición de un aventurero llamado Pedro Sánchez, dispuesto a todo por conseguir el poder. Con los resultados del partido socialista más bajos de la historia, se propuso llegar a la presidencia del gobierno por el único sistema que le resultaba posible, saltándose todas las barreras y líneas rojas.

Estos tres acontecimientos han creado en España un escenario político nuevo basado en contradicciones y desequilibrios que progresivamente se va deteriorando y, a su vez, va consolidando una radical injusticia. Los votos cosechados entre los ciudadanos de unas Comunidades terminan beneficiando a los independentistas de otras, con el consiguiente menoscabo de los intereses de los primeros. Puede ocurrir que los ciudadanos de Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía, Madrid, etc.  contemplen que los votos que han dado al PSOE o a Sumar se emplean a favor de los independentistas vascos o catalanes y en su perjuicio.

Relata la historia que uno de los vicios más extendidos en el cristianismo durante la Edad Media era el de simonía, la compra de beneficios o cargos eclesiásticos. El nombre proviene de Los Hechos de los apóstoles en los que un personaje denominado Simón el Mago quedó tan impresionado por el poder taumatúrgico de San Pedro que deseó comprar tal facultad, y que fue condenado por el apóstol en estos términos: «¡Que tu dinero perezca contigo, ya que creíste que el don de Dios se podía comprar por dinero”.

Sánchez ha instaurado la simonía política, lleva desde el principio comprando el gobierno con todo tipo de mercedes, solo que paga con dinero ajeno, el dinero de todos los españoles, y con los bienes y derechos de los ciudadanos de todas las Autonomías. El hecho de que los recursos y los votos con los que se compra el gobierno Frankenstein provengan de toda España no hace a todo el país Frankenstein, tal como afirma el secretario general de CC. OO. ni responsable de la simonía ni de los abusos cometidos contra la democracia. Más bien los hace paganos a la fuerza de la fiesta. ¿Qué ocurriría si esos acuerdos se sometiesen a referéndum?

A la mayoría de los votantes del PSOE y de Sumar se les ha pedido el voto en clave de izquierdas-derechas: un gobierno del progreso frente a la involución, al retroceso, a la caverna. Pero en cuanto han pasado las elecciones el escenario ha cambiado. Todo el juego se centra en el precio que tendrá que pagar Sánchez a los independentistas para gobernar, precio que terminará sufragando el resto de los españoles.

Pensemos en un extremeño, un andaluz o un gallego que se creyó ese relato de que venía la reacción, y que le iban a despojar de todos sus derechos. En suma, que se retrocedería al franquismo -bien es verdad que la mayoría ni siquiera lo habrá conocido. Y en función de todo ello votó al bloque que se denominaba de progreso. Pero he aquí que comienza a ver que, una vez transcurridos los comicios, lo primero que se discute es si se condona la deuda de 70 mil millones de euros a una de las Comunidades más ricas de España, condonación que, lógicamente, se haría a costa de la totalidad de los españoles.

Asimismo, empieza a constatar que en las negociaciones se está tratando también la posibilidad de extrapolar a Cataluña el modelo del cupo aplicado al País Vasco, con lo que se dañaría gravemente la función redistributiva del Estado. Tal vez -y aparentemente con menos ambición, pero con resultados similares-, se plantea como alternativa un nuevo modelo de financiación de las Comunidades Autónomas basado en el axioma catalán de que “España nos roba”, y que en román paladino quiere decir acabemos con la solidaridad interterritorial, que las regiones pobres sean cada vez más pobres y las ricas cada vez más ricas.

Otros temas que se están mercadeando sotto voce quizás sean más abstractos para el extremeño o el castellanomanchego de nuestro ejemplo, pero no por eso son menos importantes. Se dé cuenta o no, está sobre el tablero si se les priva de un derecho básico: la soberanía sobre todo el territorio nacional (y de todo lo que conlleva de participación en la decisión democrática). Se cuestiona si esta va a quedar cercenada por los privilegios a determinadas Comunidades Autónomas.  También está en juego la igualdad en las posibilidades de empleo y si el idioma va a constituir una frontera infranqueable; o si el Estado (es decir, todos los españoles) pierde las competencias sobre los puertos, los aeropuertos, etc. Incluso si el Tribunal Supremo va a tener algo que decir en Cataluña.

Sánchez afirma que denunciar todo esto es enfrentar a los territorios entre sí, pero lo que en realidad pone a unas regiones contra otras es incrementar sus diferencias para conseguir el gobierno de la nación y para permanecer en él. Se habla continuamente de la desigualdad entre hombres y mujeres, pero habría que preguntarse si en España el mayor desnivel económico no se produce entre los que viven en una u otra Comunidad.

Hay muchas voces, acaso bien intencionadas, que arguyen que esto son peticiones del oyente y que después no se llevan a la práctica. La verdad es que decían lo mismo de los indultos, de la eliminación del delito de sedición y de la rebaja del de malversación, o de otras muchas actuaciones que parecían inverosímiles al principio; y también afirmaban que no se iban a realizar nunca y, sin embargo, después se han hecho realidad.

En la entrevista citada, Sordo asegura que los acuerdos se harán dentro de la legalidad y el Gobierno reitera que se respetará la Constitución. Pero la Constitución puede interpretarse de manera muy flexible (sobre todo cuando se cuenta con un Tribunal Constitucional colonizado y a la medida), y las leyes se pueden cambiar. ¿Qué pensaría el secretario general de Comisiones si, por ejemplo, se aprobase un tipo único para el IRPF desarmando al gravamen de toda progresividad y privándole de su carácter redistributivo? Sería legal, al igual que sería legal si el Gobierno y las Cortes eliminasen el seguro de desempleo. Pero por ello no dejaría de ser una iniquidad.

Muchas actuaciones, medidas o hechos son injustos, abusivos o despóticos, y en bastantes casos constituyen un claro fraude, aunque no contradigan directamente la Constitución y las leyes. El diccionario de la Real Academia establece como primera acepción de fraude: “Acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete“. No habla para nada de Constitución ni de leyes. ¿Acaso no se pueden calificar de fraude electoral los acuerdos que va a firmar Sánchez? Perjudican a casi todos los que le han ofrecido el voto, voto que se les ha pedido recurriendo al eje izquierda-derecha y ahora los utiliza en beneficio de los independentistas para comprar su permanencia en el gobierno.

república.com 17-8-2023