Es ya un tópico afirmar que las promesas electorales están para no cumplirse, pero pocos añaden que hay que alegrarse de que no se cumplan. Sánchez ha sido siempre muy fecundo en eso de prometer; menos mal que es reacio a cumplir, porque muchos de sus compromisos son pintorescos o perjudiciales. En su desenfreno prometedor ha recurrido incluso a alguna oferta de la oposición, que tampoco en esto ha estado muy acertada. Rajoy había planteado que el Estado avalase en los créditos hipotecarios el 15% del valor del inmueble; Sánchez, para no ser menos, lo eleva al 20 o al 25%.
Variaciones aparte, caen en los mismos errores; aunque hay que reconocer que, formulada por el presidente del Gobierno, la promesa aparece más contradictoria y descabellada. No es preciso devanarse los sesos para llegar a la conclusión de que la medida constituye un obsequio a las entidades financieras, lo que no puede por menos que resultar chocante en un Gobierno que se vanaglorió de gravarlas con un impuesto específico sobre los ingresos que, por cierto, se aparta de los principios más elementales de la Hacienda Pública, que considera que la base imponible deben ser los beneficios.
En cualquier caso, lo que aparecía ya entonces como bastante evidente es que existía una gran probabilidad de que el gravamen terminase repercutiendo sobre los clientes. El Gobierno en la aprobación se comprometió a impedirlo, lo que sin duda era un objetivo imposible, una ingenuidad o un intento de engañar al personal. El 4 de agosto del año pasado publiqué en estas mismas páginas un artículo titulado “Un impuesto a los depósitos bancarios”, en el que mantenía que pretender impedir la transmisión del gravamen era una estupidez o un embuste.
Las entidades financieras tienen múltiples medios de trasladar a los clientes sus cargas, a no ser que se instaure una intervención en el sistema financiero como la que implantó el franquismo, lo que no casa muy bien con estar en la Unión Europea. La banca cuenta, a primera vista, con un mecanismo automático de transmisión del tributo. Solo tiene que no hacer nada, no elevar las retribuciones del pasivo, que es lo contrario que en condiciones normales harían al haber subido el BCE los tipos de interés. En realidad, eso es lo que está ocurriendo actualmente. Los bancos españoles, que son a los que se les ha impuesto el tributo, apenas están subiendo, a diferencia de los extranjeros, la retribución de los depósitos.
Por otra parte, las entidades financieras han acudido a los tribunales. Sería realmente paradójico, pero indignante, que terminasen ganando el recurso y hubiese que devolverles el gravamen que han pagado los clientes. Como se ve, el “Gobierno del progreso” -teóricamente látigo del capital y de los bancos- puede terminar beneficiando considerablemente a estos últimos, por una parte, ingresándoles la recaudación de un impuesto que no han soportado y, por otra, corriendo en buena medida el Estado con el riesgo de los créditos hipotecarios que se concedan. Es lo que sucede cuando se actúa únicamente por demagogia y por rentabilidad política.
Al menos, en esta ocasión Podemos se ha dado cuenta de los efectos negativos de la última medida y se ha opuesto a ella. Bien es verdad que lo ha hecho con la boca pequeña, porque ha sido aprobada por el Consejo de Ministros, en el que cinco de sus miembros son de esta formación política, y hay que recordar que los acuerdos del Gobierno se toman por unanimidad. Nos hemos acostumbrado a que, a pesar de ello, los ministros tanto de Podemos como del PSOE eludan su responsabilidad, según les convenga, predicando la decisión como tomada en exclusiva por la otra parte del Gobierno, como si ellos estuviesen de meros oyentes.
Sánchez ha vendido la medida como ayuda a los jóvenes, pero en realidad puede ser un regalo envenenado. El aval solo les va a servir para obtener un crédito mayor que, como es lógico, acarreará una cuota de amortización más elevada. Se puede generar un cierto espejismo, empujando al demandante del crédito a suscribir una deuda a la que probablemente no podrá hacer frente, principalmente si es a interés variable, tal como se está viendo en los momentos presentes en los que el BCE ha subido los tipos de interés.
De hecho, la norma, quizás no escrita, de que la banca conceda el crédito hipotecario tan solo por el 70 o el 80% del valor del inmueble es una pauta de prudencia destinada a minimizar el riesgo de impago. Esta forma de actuar se generaliza después de la crisis del 2008, aconsejada en buena medida por la expansión excesiva de las hipotecas y por el vicio de las entidades financieras de conceder créditos por encima del precio de la vivienda.
Conviene recordar la explicación en clave de humor que proporcionaba el profesor e ingeniero Leopoldo Abadía, y que le hizo popular, acerca de la crisis de 2008 a la que bautizó con el nombre de NINJA (‘no income’, ‘no jobs’, ‘no assets’); es decir, sin ingresos, sin empleo fijo, sin propiedades. Remitía a ese tipo de clientes a los que la banca americana concedía hipotecas por encima del monto de tasación de la garantía, situación que había estado en el origen de las hipotecas subprime. Era similar a una parodia representada en la televisión inglesa por dos humoristas, John Fortune y John Bird, que tenía por objeto la interpretación del mismo fenómeno. Ambas caricaturas se referían a los bancos americanos, pero hubieran sido perfectamente aplicables a los españoles.
En esta ocasión no parece que las concesiones de créditos por el cien por cien de la vivienda puedan representar un peligro para la insolvencia de los bancos, ya que el riesgo de mora lo soportará en primer lugar el Estado. Eso no quiere decir que no se produzcan efectos negativos para la sociedad, y más concretamente para el erario público, que tendrá que hacerse cargo de los impagados.
Aunque pueda parecer, y así se quiere vender, que la medida aprobada tiene una finalidad social, y que posee un efecto beneficioso para los demandantes de hipotecas, lo cierto es que en todo caso no serán precisamente las clases bajas las beneficiadas. No hay más remedio que reconocer que en estos momentos en España la compra de una vivienda no está al alcance de todo el mundo, y mucho menos si se está al principio de la vida profesional. Cuando se habla del problema de la vivienda habría que referirse más bien al problema de los salarios. No es tanto que los precios de los inmuebles estén desbocados, cuanto que los salarios en España están excesivamente bajos y, por desgracia en buena parte, ocasionados por una menguada productividad.
Es posible que en otras épocas la especulación fuese un ingrediente esencial en el mercado de la vivienda, pero hoy en día, atendiendo únicamente al coste de la construcción y al valor del suelo que lógicamente es distinto según su situación, el precio estará alejado de las disponibilidades económicas de una gran parte de la población, en especial cuando se encuentren al principio de la vida laboral. Subvencionar la compra no es precisamente ayudar a las clases bajas y a los jóvenes. Es difícil saber de dónde ha sacado el Gobierno los 50.000 beneficiados. Bien es verdad que esa es la marca de la casa: facilitar cifras que después no se cumplen en absoluto.
En España la política de vivienda ha sido siempre regresiva. Quizás como herencia del franquismo. Tanto a través de la construcción pública como mediante deducciones fiscales se ha primado principalmente la compra, cuando se debería haber potenciado el alquiler. En este mercado las Administraciones Públicas tendrían que haber incrementado la oferta bien por la edificación directa bien por la movilización de la acción privada.
El Gobierno, que ahora en campaña electoral tanto cacarea sobre el problema de la vivienda, no ha construido ni una sola casa dedicada al alquiler y, lo que es aún peor, ha legislado de tal manera que ha ahuyentado la iniciativa privada, lo que ocurrirá aún más con la nueva ley recientemente aprobada. Puestos a conceder avales, el Estado debería avalar el alquiler de los más vulnerables o necesitados con la finalidad de conceder seguridad jurídica a los propietarios, movilizando la oferta, de manera que estuviesen dispuestos a alquilar incluso a aquellos que presenten menos seguridad de poder abonar la renta en el futuro.
republica.com 25-5-2023
