El presidente del Gobierno se ha acostumbrado a sacar conejos de la chistera. Lo que sucede es que cada vez se le escapan antes y se ve en la obligación de sacar uno nuevo, de manera que el personal se está habituando al numerito de magia y ya no se lo toma en serio. Eso es lo que ha ocurrido en el mes de abril. El día 14 representantes de Esquerra y Bildu anunciaron modificaciones a la ley de vivienda que se encontraba estacionada desde hacía un año en el Congreso y que empeoraban sustancialmente el proyecto de ley que en su día había aprobado el Gobierno. Hay quien dice que parte del Ejecutivo estaba en contra, que Sánchez la tenía parada y que al final había dado vía libre a los cambios para restañar la fractura que se había creado en la coalición con la ley del sí es sí. En Sánchez todo es instrumental.
Sea como fuere, la ley, tal como va a quedar, no hay por dónde cogerla (ver mi artículo de la semana pasada) y las críticas han sido generalizadas, han venido de todas partes excepto del bloque de la investidura y de los medios de comunicación afines. Tan es así que el presidente del Gobierno se ha visto en la tesitura de retornar a los trucos de prestidigitador y a sacarse otro truco de la manga. De pronto, como el que no quiere la cosa, nos anunció la construcción de cincuenta mil viviendas para alquiler social.
El hecho ya resultaba un poco chungo por el momento en el que se realizaba, cuando está terminando la legislatura, y porque reincidía sobre otras promesas efectuadas por los gobiernos de Sánchez durante estos cinco años, sin que se haya construido ni una sola vivienda para esta finalidad. Pero la broma adquiere una intensidad mucho mayor cuando se explicita el plan y se nos dice de dónde piensan sacarlas: de la SAREB.
Conviene antes que nada decir algo sobre la SAREB para no incurrir en ciertos errores a los que nos tienen acostumbrados algunos políticos, que terminan cayendo claramente en la demagogia. Por ejemplo, a principios del año pasado, Iñigo Errejón escribía un tuit en el que criticaba al Gobierno porque, según él, acababa de aprobar la adquisición por un euro de un agujero de treinta y cinco mil millones de euros, y añadía que esa cantidad era el 43% del gasto sanitario del año 2021 en España.
Al Gobierno se le puede criticar por muchas cosas, pero no por esa operación que consistía tan solo en adaptar jurídica y contablemente lo que ya era una realidad, porque las pérdidas de treinta y cinco mil millones eran imputables desde el principio al Estado al haber avalado este todas las deudas. Pero no adelantemos acontecimientos. En esta digresión pretendía únicamente señalar que la demagogia es muy mala consejera, sobre todo si se suma a la ignorancia.
La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Restructuración Bancaria (denominada habitualmente como SAREB) se creó en 2012 en gran medida a instancias de la Unión Europea como condición para recibir los cincuenta mil millones de euros del rescate bancario. El objeto: adquirir los activos tóxicos -en su mayoría inmobiliarios, cerca de doscientos mil- de las entidades financieras en crisis -nueve cajas de ahorro- y venderlos más tarde según fuese posible en el mercado.
El accionariado estaba compuesto por el Estado a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) con el 45,9% y el resto de las acciones distribuidas entre nueve entidades bancarias y compañías de seguros. La adquisición de los activos tóxicos se realizó mediante bonos asegurados por el Tesoro español y que podían hacerse líquidos en el BCE. El motivo por el que se decidió que la participación del Estado no sobrepasase el 50% del capital radicaba en la conveniencia de que la sociedad no se tipificase como entidad pública y de que sus pérdidas y deudas no se incorporasen a las cuentas del Estado, con la finalidad de no incrementar el déficit y el endeudamiento público.
Resulto extraño que Eurostat admitiese entonces que la SAREB se clasificase como sociedad privada, porque si bien es cierto que el Estado no poseía la mayoría del capital, no lo era menos que avalaba todas sus operaciones. Sin embargo, diez años después la oficina estadística de la Unión Europea dio marcha atrás y ordenó al Reino de España que considerase a la sociedad como entidad estatal y, por lo tanto, que contabilizase sus pérdidas como endeudamiento público. Desde ese momento no tenía ningún sentido que el Estado a través del FROB no tuviese la mayoría del capital, de manera que ejerciese plenamente y de forma clara la dirección de la sociedad, de ahí que comprase por un euro las acciones necesarias. Las pérdidas habían sido siempre imputables al Estado, asumiese la mayoría o no, puesto que la deuda estaba avalada. Esa es la razón de la operación que a Iñigo Errejón le escandalizaba tanto. Y es que la ignorancia es muy atrevida y puede resultar muy peligrosa cuando quien la posee ostenta un cargo público.
Durante estos diez años de existencia, no sé si bien o mal, la SAREB ha intentado realizar el mayor número de activos posible; de hecho, parece ser que, de los doscientos mil iniciales, quedan menos de cincuenta mil, que son a los que se ha referido Sánchez. Conviene recordar que si la SAREB recibió el nombre de “banco malo” es porque los activos que se vio obligada a comprar eran tóxicos y de difícil realización. Podemos imaginar de qué calidad serán los que quedan por vender después de diez años.
Sánchez suele anunciar sus promesas a bombo y platillo hablando de millones de euros, pero sin ninguna concreción y sin facilitar información alguna, con lo que, aunque se sospeche que las medidas carecen de toda identidad y consistencia, es difícil mostrar su vaciedad, solo se puede constatar al cabo de los años cuando se ve que no se ha hecho nada. En esta ocasión las cosas son distintas, porque la información, le guste o no al presidente del Gobierno, es pública, con lo que casi toda la prensa ha venido desgranando la falacia del anuncio y cómo se identifica con el timo del “toco mocho”.
Se sabe que de las cincuenta mil viviendas anunciadas quince mil no están construidas. Solo existe el suelo, que es como si no existiese nada, porque habrá que ver dónde está ubicado. Seguramente hay otras formas de conseguir terrenos donde construir las viviendas y situados mucho mejor, allí donde están las necesidades. Otro grupo está constituido por catorce mil que están ocupadas. Se supone que de dos clases: aquellas que se encuentran alquiladas legalmente y las que están arrebatadas de forma ilegal. En ninguno de los dos tipos se puede decir que las viviendas estén disponibles para paliar nuevas necesidades; en todo caso sería simplemente normalizar las que se encuentren en situación irregular. Por otra parte, sería una paradoja que un gobierno que está propiciando la ocupación vaya a practicar los desahucios.
Por último, según dicen, están las 21.000 viviendas que se quieren traspasar a las Comunidades Autónomas. ¡Menudo regalito! En este lote debe de haber de todo y en situación bastante inservible, desde casas o urbanizaciones a medio terminar, a otras totalmente abandonadas y deterioradas, y la mayoría situadas muy lejos de donde se ubican las necesidades. Ha habido medios de comunicación que se han entretenido en catalogar la naturaleza, la situación y el estado de las distintas viviendas. El resultado no ha podido ser más decepcionante.
Ya a primera vista, el anuncio de Sánchez en Sevilla aparece como un timo, pero su envergadura se agranda cuando consideramos que la SAREB tiene que liquidarse en 2027 y habrá quien piense mal y se le ocurra que la medida, además de tener una finalidad electoral, en realidad no pretende solucionar el problema de la vivienda sino el de la SAREB, trasladando toda la morralla con la que en estos momentos cuenta a las Comunidades Autónomas.
El asunto ha sido tan descarado y risible que el presidente del Gobierno se ha visto obligado a sacar un nuevo conejo de la chistera y tan solo dos días después anunciaba que va a construir otras cuarenta y tres mil viviendas más, utilizando cuatro mil millones de los fondos de recuperación europea. De nuevo, la situación se presta a la comicidad. No por el anuncio en sí mismo. En varios artículos he mantenido que la construcción de viviendas en alquiler, junto con la sanidad y la justicia, podrían haber constituido destinos claros y coherentes de los fondos europeos, en lugar de las múltiples ocurrencias en las que se están empleando.
La comicidad del anuncio se encuentra en hacerlo dos días después de haber prometido las cincuenta mil de la SAREB. Noventa y tres mil viviendas públicas en una semana, y además al término de la legislatura, cuando casi en cinco años Sánchez no ha construido ni una sola y cuando en ninguna de las múltiples presentaciones de los fondos europeos -todas ellas adornadas de la digitalización o el cambio climático- se ha mencionado la construcción de viviendas públicas como objetivo.
Pero el chiste no ha terminado aún, unos días después, en el Senado el presidente del Gobierno se vuelve a desmelenar y anuncia otras 20.000 viviendas; en este caso se remite a terrenos de Defensa. Pero una cosa es el suelo y otra las casas. Estas hay que construirlas. Bien es verdad que por prometer que no quede, ya van 113.000 en pocos días, y a lo mejor no hemos terminado. Viviendas a gogó. Sánchez va pregonando por ahí que es el número uno en gestión, en su lógica debe de serlo porque identifica la gestión con la creación de los entes de razón.
republica.com 4-5-2023
