Dicen que los que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma opinión. Será por eso por lo que Sánchez al llegar a la Moncloa lo primero que hizo fue alardear de que iba a cambiar el colchón. Tal vez quería hacer ostentación de que él no tenía nada que ver con Rajoy, ni con la derecha. Pero lo cierto es que, sin embargo, a lo largo de todos estos años no le ha importado encamarse con los independentistas -más bien ya golpistas. Y el refrán parece que funciona, porque él y sus acólitos han ido poco a poco asimilando el discurso de aquellos, hasta el punto de que apenas se encuentra ya diferencia entre ellos.
Casi todos los comentaristas afirman que el resultado de las últimas elecciones indica que en la ciudadanía de Cataluña se ha reducido la proporción de soberanistas. Discrepo. Lo que ha ocurrido es que un número importante de independentistas reconoce a Sánchez como uno de los suyos y, teniendo en cuenta que se trataba de elecciones generales, pensaron que votarle a él era más práctico que hacerlo a otras formaciones independentistas.
El otro día en la ONU, en Nueva York -los anuncios importantes siempre los hace en el extranjero- Sánchez afirmó que, tal como había pensado siempre: “La crisis política de Cataluña nunca debió derivar en una acción judicial”. Dejemos al margen lo de “siempre” porque es bien sabido que Sánchez no es que tenga doble, sino múltiples personalidades, en función de cuáles sean sus intereses en cada momento. Fijémonos, sin embargo, en la frase en sí misma, que constituye una enmienda a la totalidad de la democracia. Él y sus adláteres ya habían repetido antes una expresión parecida, aunque con un matiz distinto: “Hay que desjudicializar la política”. Esta última frase indica un proyecto para el futuro. La manifestada en la ONU implica algo más, es una condena de todo el pasado. Aunque, en cualquier caso, de alguna forma el sentido de ambas es el mismo: declarar que ni la ley ni el derecho pintan nada en la política, y la justicia menos.
Habrá que preguntarse qué se pensaría de alguien que defendiese que no hay que judicializar el sistema fiscal y por lo tanto que a los defraudadores no se les deberían aplicar la ley y las sanciones, sino que la Agencia Tributaria tendría que dedicarse a parlamentar y platicar con ellos. Crear una mesa de diálogo.
Y ahora que los sindicatos están tan identificados con el Gobierno y defendieron los indultos de los golpistas, me pregunto cómo se pondrían si a alguien se le ocurriese afirmar que no hay que judicializar la actividad laboral y reclamase que se eliminara la jurisdicción de trabajo y el derecho laboral para reducir todo al diálogo y a la negociación.
Y, por último, sería interesante ver la reacción del Gobierno y sus correligionarias feministas si alguien se atreviese a plantear que hay que desjudicializar las relaciones de pareja y la violencia de género para reducirlas a un problema doméstico y que, dado que los métodos penales y de represión no funcionan, habría que sustituirlos por la concordia y el diálogo. Nada de aconsejar a las mujeres que denuncien al agresor, sino todo lo contrario, que se sienten a negociar con él.
Pedro Sánchez afirmó también que, siendo líder de la oposición, cuando el fiscal general José Manuel Maza, ya fallecido, abrió la puerta a todas estas causas judiciales a través de la Audiencia Nacional, trasladó su malestar al señor Rajoy. No merece la pena detenerse en la verdad o la falsedad de este hecho. La hemeroteca lo contradice en múltiples ocasiones, ya que en el pasado son muy variadas sus declaraciones públicas que van en dirección contraria. No obstante, esta manifestación es perfectamente indicativa del concepto que Pedro Sánchez tiene de la justicia. En su fantasía la protesta la dirige al presidente del Gobierno de entonces suponiendo que tanto la Audiencia Nacional como la Fiscalía están a sus órdenes. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso…
Después de las afirmaciones del presidente del Gobierno no nos puede extrañar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) haya accedido a estudiar los recursos de los nueve condenados a penas de prisión en el juicio del procés. Ni puede sorprendernos que sea precisamente ahora. Será toda la justicia europea la que debe de estar hecha un lío. Si es el mismo presidente del Gobierno el que dice que el proceso judicial no procedía, ¿qué van a decir los tribunales extranjeros?
No puede por menos que causar hilaridad recordar ahora las palabras de Borrell, cuando era ministro de Exteriores de Pedro Sánchez, quejándose de que los gobiernos de Rajoy no habían sabido combatir adecuadamente el discurso de los golpistas en el extranjero, y comprometiéndose a que los gobiernos de Sánchez se dedicarían con ahínco a esta tarea. Borrell, al margen de cuáles fuesen sus intenciones, tendría que haber inferido que un gobierno que debía el poder a los golpistas sería incapaz de refutar sus prédicas. Después de estos años, se puede comprobar que no solo es que no las haya rebatido, sino que ha terminado asumiendo su mismo discurso.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) se ha dirigido al Gobierno español para que conteste las alegaciones de los demandantes antes del 14 de enero próximo. ¡Oh, paradoja!, en realidad la solicitud se dirige a los propios demandantes. Porque en esas fechas, e incluso ya ahora, serán Puigdemont y Oriol Junqueras los que estarán detrás del Ejecutivo, y por lo tanto responderán las preguntas.
Hasta ahora el TEDH ha rechazado todos los recursos del procés. Después de la postura de Sánchez y de la de una vicepresidenta del Gobierno yendo a Bruselas a rendir pleitesía a un prófugo no parece probable que en el futuro haga lo mismo.
republica.com 28-9-2023
